La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado presuntas irregularidades en al menos dos contrataciones de obras en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que, según su informe, habrían favorecido a la red ligada al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. El documento, fechado en el curso de la instrucción que se sigue en la Audiencia Nacional, sitúa anomalías en la tramitación y en la documentación de trabajos planificados en 2021 y en comunicaciones intervenidas en 2024. Los investigadores sostienen que hubo planificación y decisiones adoptadas antes de que los contratos estuvieran formalmente firmados, lo que llevaría a concluir la existencia de un trato privilegiado.

Según el análisis de los agentes, la constructora Gruconsa aparece en la causa como beneficiaria de dos encargos en los que se detectan incongruencias temporales y documentales. En uno de los expedientes, la empresa remitió una planificación fechada el 22 de enero de 2021 que fijaba el arranque de las obras en febrero, pese a que no existía un contrato firmado en ese momento. La UCO subraya que esa previsión de inicio y la posterior aceptación verbal del presupuesto contrastan con los trámites administrativos que aparecen fechados en marzo.

La investigación recoge cómo, en el proceso de adjudicación, se llegó a justificar la selección de Gruconsa frente a otras ofertas por ser la más económica, si bien los investigadores consideran llamativo que la aceptación formal se produzca después de que la propia constructora hubiera señalado fechas de comienzo. Además, consta un presupuesto remitido por correo electrónico el 1 de marzo de 2021 a la dirección jurídica de la RFEF y a la firma de abogados que fue incorporado a la documentación intervenida por la UCO por un importe de 67.000 euros.

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La pieza también destaca vínculos personales que, a juicio de los investigadores, podrían explicar la fluidez en la adjudicación. El delegado de la constructora para el sur, identificado en los papeles como Ángel González Segura, figura como contacto habitual con responsables federativos; ese mismo apellido coincide con el del director jurídico de la Federación, Pedro González Segura, que recibió el presupuesto en cuestión, según las anotaciones intervenidas.

Las escuchas practicadas por la UCO aportan además indicios de coordinación en torno a una nueva reforma que habría de emprenderse en la Ciudad del Fútbol ya con la Federación bajo presidencia interina tras la salida de Rubiales. En una llamada intervenida el 20 de febrero de 2024, el delegado de la empresa recibe instrucciones para obtener varios presupuestos y menciona que responsables de la RFEF habían mantenido reuniones previas para agilizar el trámite. En esas comunicaciones se alude a que José Javier Jiménez Jiménez, conocido en el entorno como «Jota» y entonces director de Recursos Humanos, había entrado en contacto con las empresas.

En la transcripción que obra en el sumario, los investigadores interpretan que las conversaciones muestran un operativo orientado a crear la apariencia de competencia entre ofertas cuando, según la UCO, ya existía una decisión tomada de antemano. Fuentes del caso explican que esa circunstancia se vincula a la elaboración de presupuestos que podrían considerarse simulados para justificar la adjudicación.

El informe de la UCO forma parte de las diligencias abiertas que la Audiencia Nacional viene incoando en relación con las actividades económicas y contractuales vinculadas a la RFEF durante la etapa de mandato de Rubiales. Hasta ahora, la documentación intervenida incluye correos electrónicos, planes de obra y grabaciones que los instructores analizan para determinar responsabilidades penales y administrativas.

Fuentes próximas a la investigación subrayan que, aunque los indicios descritos por la UCO no equivalen a una sentencia, sí configuran una trama de hechos que justificaría la práctica de nuevas diligencias y la ampliación de las pesquisas. Por el momento no consta en el expediente una versión oficial de la RFEF o de las empresas implicadas que contradiga las apreciaciones de los agentes.

La causa, que sigue bajo secreto parcial en determinadas actuaciones, continuará su recorrido en la Audiencia Nacional a medida que los investigadores depuren si las irregularidades detectadas en la contratación se enmarcan en delitos de fraude, falsedad documental o tráfico de influencias. Los próximos pasos procesales determinarán si los indicios reunidos por la UCO dan lugar a nuevas imputaciones o a la práctica de pruebas complementarias.