La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido el 10 de marzo de 2026 a la jueza que instruye el caso Supercopa un informe de 227 páginas en el que describe cómo funcionaría una trama para cobrar presuntas mordidas procedentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de la gestión del estadio de La Cartuja, en Sevilla. El documento rastrea pagos y facturas que, según los investigadores, terminaron en empresas vinculadas al entorno del expresidente federativo durante su mandato entre 2018 y 2023. La investigación sitúa el origen de muchas de las operaciones en las obras de adecuación del estadio para la Eurocopa y en contratos adjudicados con carácter de urgencia. La UCO considera que existen indicios suficientes para seguir profundizando en el trazado financiero que apunta a miembros del equipo de dirección de la RFEF.

El informe aporta evidencias de transferencias y facturas que, siempre según los investigadores, conectan a la constructora adjudicataria de las obras con la consultora de un amigo de la infancia del presidente y con el despacho que actuó como asesor. En concreto, los pagos habrían pasado de la empresa adjudicataria a la sociedad Dismatec Sport —propiedad de Javier Alcaide, conocido como Nene— y de ésta al bufete GC Legal, dirigido por Tomás González Cueto. La UCO sostiene que esas operaciones no se corresponden con la prestación de servicios habituales y que presentan un patrón reiterado en fechas y cuantías. El informe detalla además que buena parte de esa actividad tuvo relación con las adaptaciones realizadas en el estadio de La Cartuja.

En el centro de la investigación aparecen las obras ejecutadas para que La Cartuja acogiera partidos de la Eurocopa 2020 tras la renuncia de Bilbao. Los trabajos se aprobaron en régimen de urgencia y fueron adjudicados a la constructora Gruconsa, circunstancia que, según los agentes, favoreció el circuito de facturación entre empresas y despachos afines. La sociedad gestora del estadio, ECSSA, también figura en el rastro que, siempre según el documento, terminó en el despacho asesor. La UCO pone el foco en cómo se articuló la selección de contratistas y los flujos económicos posteriores.

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Los investigadores destacan un mecanismo repetido: en varias ocasiones Dismatec emitió facturas a Gruconsa y, en días inmediatos, se solicitaron facturas desde el despacho de Cueto con importes muy concretos. Así, el informe recoge que el mismo día en que Javier emitió una factura a Gruconsa por 37.500 euros, solicitó a Cueto que facturase por una cantidad ligeramente inferior, lo que, a juicio de la UCO, evidencia una coordinación en los importes a percibir. Los agentes subrayan que en algunos casos los conceptos declarados eran genéricos o inexistentes, lo que alimenta la tesis de una facturación «ad hoc» para justificar pagos sin contraprestación real.

El rastro contable que describe la UCO suma cerca de 100.000 euros que, según el informe, habrían circulado desde ECSSA hasta GC Legal a través de varias sociedades interpuestas. A partir de estas conclusiones, la jueza encargada del caso ha citado como investigados al ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente actual del estadio de La Cartuja, Daniel Oviedo, por su posible implicación en la cadena de contrataciones y pagos. Los citados comparecientes deberán ahora responder ante el magistrado sobre su papel en la adjudicación y supervisión de las obras y contratos.

La UCO también analiza el papel que habría desempeñado González Cueto en la designación de Gruconsa como adjudicataria, y advierte que su influencia dentro de la RFEF pudo ser determinante para canalizar las obras hacia esa empresa. El informe pregunta por la justificación técnica y administrativa de las adjudicaciones en régimen de urgencia, y vincula decisiones internas con flujos económicos que no tendrían explicación razonable desde el punto de vista contractual. Los investigadores recogen documentación y comunicaciones que, en su opinión, apuntan a una actuación coordinada entre beneficiarios y asesores.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico subrayan que el informe de la UCO no es en sí una acusación final, sino un documento que amplía la investigación y plantea nuevas preguntas a la magistrada instructora. En el auto en el que se acuerdan citaciones se incide en la necesidad de esclarecer si los pagos respondían a servicios reales o constituyeron comisiones encubiertas. El caso Supercopa, que arrancó por otras piezas vinculadas a la gestión federativa, se amplía así con una línea que afecta directamente a la gestión del estadio sevillano y al entramado de sociedades y despachos que actuaron en torno a las obras.

La remisión del informe llega en un momento en el que la figura del expresidente federativo sigue siendo objeto de escrutinio público y judicial. La investigación continuará recabando documentación bancaria, facturas y declaraciones para determinar responsabilidades penales o administrativas. La juez dicta ahora los pasos procesales que considerará oportunos en función de las pruebas, mientras la UCO mantiene abiertas las diligencias para desentrañar el alcance completo de los movimientos económicos detectados.