La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió a la jueza que instruye el caso Supercopa un extenso informe en el que describe cómo una supuesta trama dirigida en torno a Luis Rubiales habría cobrado mordidas procedentes de la Real Federación Española de Fútbol y de la sociedad que gestiona el estadio de La Cartuja. El documento, de 227 páginas, reúne facturas y movimientos bancarios que sitúan los hechos durante la etapa en la que Rubiales presidió la RFEF, entre 2018 y 2023. La investigación centra su atención en las obras y adaptaciones realizadas en el estadio sevillano para acoger partidos de la Eurocopa tras la renuncia de Bilbao. La UCO sostiene que hubo una cadena de pagos opacos que justificarían la apertura de diligencias judiciales.

Según el informe, parte de esos flujos financieros acabaron en manos de Javier Alcaide, conocido como Nene, y en el despacho Tomás González Cueto, identificado como brazo derecho del expresidente federativo. Los investigadores han reconstruido transferencias y facturaciones entre la constructora adjudicataria de las obras, empresas interpuestas y el bufete mencionado, que podrían ocultar comisiones o remuneraciones sin relación con servicios efectivos. El informe aporta documentación que, a juicio de la UCO, permite seguir el rastro del dinero desde la obra hasta los beneficiarios finales.

El foco principal se puso en las obras de remodelación de La Cartuja ejecutadas por la fuerza de un procedimiento de urgencia para que el estadio pudiera albergar encuentros de la Euro 2020. Tras el traslado de partidos desde San Mamés por las restricciones sanitarias, la adjudicación y la ejecución de las obras suscitaron preguntas por su tramitación y por posibles favores concedidos a empresas concretas. La jueza instructora ha respondido citando como investigados a varias personas vinculadas a la gestión pública del estadio y a la supervisión de las obras.

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El informe describe con detalle una secuencia de pagos que parte de la constructora Gruconsa, pasa por la empresa Dismatec Sport —vinculada a Nene— y culmina en el despacho GC Legal, vinculado a González Cueto. La UCO pone de relieve que el mismo día en que Dismatec facturó a Gruconsa por 37.500 euros, se solicitó a GC Legal una factura por 35.000 euros, y que el importe que debía figurar en la factura fue indicado por Javier a Cueto. Los investigadores consideran significativo que el despacho no supiera precisar el concepto de una facturación que, según la documentación, sería relativa a supuestos servicios jurídicos o de consultoría.

En sus conclusiones provisionales, la UCO apunta a la posible relación entre esos pagos y la intervención de Cueto en la designación de Gruconsa como adjudicataria de las obras. El informe sugiere que la influencia del despacho pudo facilitar la contratación y que los movimientos contabilizados responderían a contraprestaciones por esa intermediación. Los agentes incluyeron en su análisis contratos, expedientes administrativos y correspondencia que pretenden sostener esa hipótesis ante el juzgado.

La instructora ha adoptado medidas derivadas del informe y ha citado a declarar como investigados a figuras como José María Arrabal, ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, y al actual gerente del estadio de La Cartuja, Daniel Oviedo. Las citaciones atienden a la posible responsabilidad en la tramitación y supervisión de las obras y en la relación con las sociedades que intervinieron en los trabajos. Las actuaciones judiciales continúan abiertas y prometen nuevas diligencias a medida que se contrasten las piezas documentales remitidas por la Guardia Civil.

En paralelo, la pieza judicial que investiga la gestión económica de la RFEF durante la presidencia de Rubiales mantiene otras líneas de pesquisa abiertas por supuestas irregularidades contractuales y de patrocinio. El caso ha cobrado visibilidad pública en las últimas semanas, coincidiendo con actos públicos en los que el expresidente ha continuado con su agenda, incluida la presentación de un libro en Barcelona. Hasta el momento, varias de las personas aludidas en el informe no han ofrecido declaraciones públicas que aclaren su implicación.

La documentación de la UCO marca un paso relevante en la instrucción judicial al aportar un mapa de facturas y pagos que la jueza deberá valorar en sede penal. La investigación sobre la Supercopa y otras piezas vinculadas a la RFEF sigue su curso y la apertura de diligencias contra directivos y gestores públicos subraya el alcance de la causa. En los próximos meses, el juzgado deberá decidir si los indicios recabados bastan para impulsar actuaciones penales más amplias o para cerrar líneas de investigación concretas.