La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo investigación la adquisición, tras las obras de adaptación para la Eurocopa de 2021, de dos viviendas por parte de responsables del Estadio de La Cartuja en Sevilla. Según el informe remitido al juzgado, los inmuebles fueron comprados en distintos puntos de la costa andaluza y suscitan dudas sobre el origen de los fondos empleados. La instructora que lleva la causa ha pedido apreciar con más detalle la intervención de los cargos y la procedencia del dinero destinado a esas compras.

El informe de la UCO sitúa como protagonistas a José María Arrabal y a Daniel Oviedo, que ocuparon respectivamente la presidencia y la gerencia del recinto. Los investigadores detallan que ambos adquirieron sendas viviendas, una en Sevilla y otra en Málaga, y dejaron sin hipotecar cantidades superiores a 53.000 euros en cada operación, lo que supone más de 100.000 euros en total entre las dos adquisiciones. Ese desfase económico es uno de los aspectos que ha llamado la atención de los agentes encargados del caso.

La UCO relaciona esas compras con la adjudicación y ejecución de los trabajos de acondicionamiento del estadio, contratados a la constructora GRUCONSA para alojar partidos y eventos ligados a la Eurocopa. En su informe sostiene que tanto Arrabal como Oviedo participaron de forma directa en las gestiones que permitieron la financiación y la contratación de los distintos lotes de obra. Esa participación, según los investigadores, no se limitó a trámites administrativos sino que se vinculó a decisiones clave en el proceso de adjudicación.

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Concretamente, los documentos aportados a la causa atribuyen a Arrabal la firma de un convenio marco que facilitó la financiación de actuaciones concretas en el recinto, como los tornos y el sistema de iluminación. También aparece su rúbrica en un acuerdo de asesoría técnica con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fechado el 7 de mayo de 2021, y en el acta de inicio de expedientes de licitación del 28 de mayo de ese mismo año. Para los investigadores, esos instrumentos jurídicos fueron determinantes para que se pudieran articular los pagos y contratos posteriormente adjudicados.

Por su parte, la UCO atribuye a Oviedo la firma de las memorias justificativas de los expedientes licitados el 28 de mayo de 2021 y de las cartas de adjudicación dirigidas a la constructora el 3 de junio de 2021. Según el análisis de los agentes, estos documentos constituyeron piezas esenciales en la estrategia que posibilitó la ejecución material de las obras por parte de GRUCONSA, en lo que el informe describe como una actuación coordinada entre la empresa y la RFEF. La coincidencia temporal entre la tramitación y la ejecución de los trabajos es, para la Guardia Civil, un elemento a esclarecer.

El informe subraya además que ambos directivos mantuvieron contactos con los principales actores implicados en la operativa, y que recibieron información periódica sobre el avance de las obras. Entre la documentación intervenida, los investigadores señalan la existencia de archivos que reflejan el contenido y el seguimiento de las intervenciones en el estadio, así como comunicaciones en las que se felicitaba por el trabajo realizado. Esos intercambios, a juicio de la UCO, demuestran conocimiento e intervención en el desarrollo de las contrataciones.

La instructora del caso ha requerido que se profundice en la posible implicación de Arrabal y Oviedo en las decisiones que facilitaron las adjudicaciones, y de forma concreta ha pedido esclarecer el origen de los recursos con los que se financiaron las dos compras inmobiliarias. La investigación, que se inscribe en la pieza separada abierta por el procedimiento sobre las licitaciones de la Eurocopa en La Cartuja, sigue recabando documentación y declaraciones para completar el puzzle probatorio.

Hasta ahora no constan en la causa declaraciones públicas de los aludidos ni comunicados oficiales de GRUCONSA o de la RFEF en respuesta a las conclusiones provisionales de la UCO recogidas en el informe. En procedimientos de esta complejidad, los tiempos procesales suelen alargarse mientras se cruzan informes contables, registros y testimonios que permitan corroborar o descartar irregularidades en la contratación.

El avance de la investigación se produce en un contexto de escrutinio sobre las grandes adjudicaciones vinculadas a eventos deportivos, que en los últimos años han planteado interrogantes sobre transparencia y control en la gestión de infraestructuras públicas. Para las autoridades judiciales y policiales, desentrañar las conexiones entre los responsables del estadio, la federación y las empresas adjudicatarias será clave para determinar si hubo conducta delictiva y, en su caso, a quién corresponde la responsabilidad.