La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira la compra de dos viviendas realizadas tras las obras del Estadio de La Cartuja en 2021 por parte de altos cargos del recinto, en concreto del presidente y del gerente. Según el informe remitido al juzgado, esos inmuebles, uno en Sevilla y otro en Málaga, se adquirieron dejando cantidades sin hipotecar que, en cada caso, superan los 53.000 euros, es decir, más de 100.000 euros en su conjunto. La magistrada instructora ha pedido ahondar en la participación de los responsables y en el origen de los fondos empleados para dichas adquisiciones.

En el documento, la UCO identifica a los responsables del estadio como protagonistas de las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora GRUCONSA para adaptar el coliseo para competiciones internacionales. Los investigadores apuntan a una “participación directa” de estos cargos en la operativa que permitió la ejecución de los trabajos vinculados a la Eurocopa, y rastrean si esa implicación se tradujo en beneficios patrimoniales posteriores.

El informe sitúa a José María Arrabal como firmante del convenio marco que facilitó la financiación de actuaciones concretas como los tornos y el sistema de iluminación, así como del acuerdo de asesoría técnica con la RFEF fechado el 7 de mayo de 2021. También aparece su rúbrica en el acuerdo que dio inicio a los expedientes de licitación el 28 de mayo de ese mismo año, documentos que, según la UCO, fueron decisivos para desbloquear la contratación a favor de la compañía constructora.

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Por su parte, Daniel Oviedo figura en las piezas examinadas como autor de las memorias justificativas de los expedientes licitados el 28 de mayo y de las cartas de adjudicación dirigidas a la empresa el 3 de junio de 2021. La UCO subraya que esos papeles «constituyeron piezas clave en la estrategia de financiación» que permitió la ejecución de las obras por parte de GRUCONSA, y que coincidieron en el tiempo con el desempeño material de los trabajos en el estadio.

Los investigadores han recopilado además comunicaciones y archivos que, según el informe, demuestran el conocimiento y la intervención de ambos responsables en el desarrollo de las actuaciones. En el caso de Oviedo, la UCO apunta a un envío fechado el 10 de mayo de 2021 con una fotografía de un trabajo finalizado y un presupuesto relacionado con los aseos y la denominada “pecera” del estadio; días después un trabajador de la UEFA remitió resultados de pruebas sobre los tornos.

También aparece documentado un intercambio en el que Arrabal felicitó a un técnico —identificado en la pieza como Ángel— por el trabajo realizado el 7 de junio, cuatro días después de haberse formalizado las adjudicaciones, lo que los peritos interpretan como una evidencia de seguimiento cercano de las obras. La UCO concluye que existieron contactos frecuentes con los principales intervinientes en las operativas investigadas, lo que alimenta la sospecha de coordinación entre los implicados.

La jueza instructora ha requerido a la Guardia Civil profundizar en la extensión de la participación de ambos directivos y, especialmente, en la procedencia de los fondos con que se compraron las viviendas. Para ello, la investigación previsiblemente reclamará movimientos bancarios, escrituras y cualquier documentación que permita trazar la cadena de pagos y descartar o confirmar la existencia de procedencias irregulares.

El caso se inscribe en la investigación más amplia sobre la financiación y adjudicación de las obras vinculadas a la Eurocopa en el estadio sevillano y plantea preguntas sobre la transparencia en la gestión de infraestructuras deportivas de relevancia pública. Fuentes judiciales consultadas recuerdan que la apertura de diligencias no prejuzga responsabilidades y que será la instrucción la que determine, con la práctica de diligencias y el análisis forense contable, si procede imputación o archivo.