La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado movimientos económicos que, según su informe fechado el 23 de febrero de 2026, conectarían los fondos pagados por la sociedad responsable del Estadio de La Cartuja con personas y sociedades próximas al entonces presidente de la RFEF. Los investigadores sostienen que parte del dinero destinado a adaptar el césped y las instalaciones para los cuatro partidos de la Eurocopa 2020 terminó, por una cadena de transferencias y facturación, en empresas vinculadas a allegados del entorno de la federación. La hipótesis de la UCO forma parte del sumario del caso conocido como Supercopa, que instruye la jueza Delia Rodrigo en el Juzgado de Majadahonda, y justifica nuevas diligencias sobre adjudicaciones y pagos previos a la oficialización de Sevilla como sede.

Según el documento policial de 227 páginas al que ha tenido acceso esta redacción, el circuito descrito arranca con el cobro a la constructora encargada de las obras y concluye en empresas interpuestas. El esquema, explican los agentes, incluye pagos realizados por la entidad Estadio de La Cartuja a la empresa Gruconsa, que a su vez habría abonado sumas a otra mercantil, Dismatec Sport, controlada de hecho por Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como ‘Nene’. Desde esa segunda compañía se habrían cursado posteriormente transferencias o facturas con destino al despacho GC Legal, dirigido por Tomás González Cueto, que desempeñaba la función de comisionado de control externo en la RFEF.

La UCO aporta cifras concretas de las obras y de las facturaciones que investiga. Los trabajos de adaptación de tornos e iluminación figuran con una factura de 2.342.143 euros (IVA incluido), a la que se suman otros importes por 122.434 euros (IVA incluido) y una partida de 896.799 euros correspondiente a la adecuación de la sala de prensa y los vestuarios. Los agentes subrayan que parte de estas intervenciones comenzaron de forma efectiva antes de que se adjudicaran formalmente y, en algún caso, incluso antes de que Sevilla fuera confirmada como sede tras la renuncia de Bilbao.

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En su exposición, la Guardia Civil pone el foco en la repetición de pagos entre las empresas implicadas y en la ausencia, a juicio de los investigadores, de una contraprestación real por algunos de los servicios facturados. En el caso de Dismatec, los informes recogen indicios de que la mercantil recibió cantidades relevantes sin que exista constancia de una prestación efectiva que justifique esos ingresos. Ese patrón, señalan los agentes, alimenta la sospecha de que las transferencias pudieron tener como fin generar beneficios a personas vinculadas al entorno federativo.

La UCO detalla además que aparecen en la contabilidad de Gruconsa dos facturas con el concepto «Real Federación Española de Fútbol-Estadio de La Cartuja», documentos que la empresa vinculada a Martín Alcaide habría atribuido, no obstante, a un asunto distinto, referido a una «Reserva del Higuerón-40 viviendas». Esa discordancia en la descripción de los conceptos figuran entre los elementos que la Guardia Civil considera reveladores de una posible reconciliación contable opaca.

Los investigadores también inciden en el papel que desempeñó el despacho GC Legal, cuyo responsable, Tomás González Cueto, actuaba formalmente como comisionado de control externo de la federación. La UCO describe pagos recurrentes desde Gruconsa a Dismatec y de ésta al despacho, lo que, a juicio de los agentes, podría encajar en un circuito destinado a repartir comisiones o remuneraciones vinculadas a la adjudicación de las obras, sin que hasta ahora se haya acreditado la prestación efectiva de servicios profesionales en la misma proporción.

El hallazgo se produce en el contexto de una investigación más amplia sobre la gestión económica y las supuestas mordidas que, según la UCO, habrían beneficiado a personas del entorno del exmandatario federativo. La pista de las obras de La Cartuja refuerza la tesis de los investigadores sobre la utilización de contratos y subcontratos para canalizar recursos, y llega en un momento en que la gestión de la RFEF durante la presidencia de Rubiales permanece bajo escrutinio judicial y mediático.

La causa instruida en Majadahonda continuará con nuevas peticiones de diligencias y posibles requerimientos de documentación bancaria y contable, según fuentes judiciales. Los investigados y las mercantiles señaladas tienen ahora la posibilidad de contestar las conclusiones provisionales de la UCO; la jueza Delia Rodrigo deberá valorar si los indicios reunidos justifican medidas cautelares adicionales o la apertura de piezas separadas dentro del procedimiento. Mientras tanto, la investigación seguirá avanzando para determinar alcance y responsabilidades de los pagos relacionados con las obras de la Eurocopa en Sevilla.