Los Veintisiete acordaron reforzar la prohibición de tecnologías que generan imágenes o voces con fines sexuales no consentidos y proponen vetar las deepfakes sexuales creadas por inteligencia artificial. El acuerdo, logrado en la negociación sobre la revisión de la Ley de Inteligencia Artificial, fija plazos escalonados para aplicar nuevas restricciones a los sistemas de “alto riesgo” y prevé medidas de transparencia para los modelos generativos. La decisión fue adoptada en el marco de las discusiones del Consejo de la Unión Europea en Bruselas, con el objetivo de proteger la intimidad y prevenir usos ilegales de la IA.

El mandato del Consejo respalda en términos generales la revisión propuesta por la Comisión Europea dentro del llamado Ómnibus digital, pero introduce enmiendas significativas para modular la aplicación práctica de las normas. Se mantiene el registro obligatorio de sistemas considerados de “alto riesgo”, y se exige aplicar el criterio de “estricta necesidad” al tratamiento de datos sensibles. Además, las autoridades acordaron retrasar hasta diciembre de 2027 la puesta en marcha de los entornos de prueba regulatorios.

En cuanto al calendario de implantación de restricciones, el texto sugiere un calendario escalonado: las limitaciones para sistemas autónomos entrarían en vigor en diciembre de 2027, mientras que para los sistemas integrados la fecha prevista es agosto de 2028. La revisión también busca centralizar la supervisión de los modelos de “propósito general” para evitar una fragmentación normativa entre Estados miembros y ofrecer un marco más coherente para empresas y autoridades.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Cambios clave en la revisión de la ley de IA

Entre los sistemas que el texto considera de “alto riesgo” figuran la identificación biométrica en tiempo real, la categorización de personas para procesos de selección o concesión de crédito, la gestión de infraestructuras críticas y herramientas que prestan asistencia legal. También se incluyen sistemas que influyen en procedimientos de migración y asilo, por su potencial impacto sobre derechos fundamentales.

La propuesta exige que los sistemas de IA de alto riesgo y los generativos sean transparentes: deberán advertir al usuario cuando el contenido sea producido por una máquina y adoptar medidas para prevenir usos ilegales. En particular, los Veintisiete respaldan la prohibición expresa de tecnologías que generen imágenes o voces con fines sexuales no consentidos, en una clara alusión a las deepfakes de contenido sexual.

El mandato incorpora excepciones puntuales para autoridades nacionales que actúen en fronteras, para ciertas funciones de instituciones financieras y para las fuerzas de seguridad y justicia, con el fin de preservar competencias operativas. También se precisan competencias de la Oficina de Inteligencia Artificial a nivel europeo y se posterga hasta diciembre de 2027 la puesta en marcha de los entornos regulatorios controlados o “sandboxes”.

Impacto económico y próximos pasos

En una medida dirigida a aliviar cargas administrativas, el Consejo propone relajar algunos requisitos de documentación técnica para pymes, una modificación que la propia institución cuantifica como un ahorro estimado de 225 millones de euros al año. Esta disposición busca compatibilizar protección y competitividad, evitando que las empresas más pequeñas queden penalizadas por costes de cumplimiento desproporcionados.

«Aportará mayor seguridad jurídica, proporcionalidad y aplicación armonizada»

En la rueda de prensa posterior, la presidenta del Consejo, Marilena Raouna, defendió que la propuesta permitirá un despliegue más seguro de la IA en Europa y fomentará la innovación responsable. Las conversaciones formales entre el Consejo y el Parlamento Europeo continuarán en abril, en busca de un texto final que pueda convertirse en ley comunitaria.

Expertos y organizaciones civiles han saludado el refuerzo contra las deepfakes sexuales, pero advierten sobre el reto técnico y jurídico de definir con precisión qué contenidos quedan prohibidos sin asfixiar la libertad de expresión o usos legítimos como el arte, el periodismo o la parodia. También subrayan la dificultad de aplicar medidas eficaces frente a servicios alojados fuera del territorio europeo.

Para España y las autonomías, incluida Galicia, la directiva europea marcará el marco de obligado cumplimiento y condicionará la oferta de servicios basados en IA. Empresas tecnológicas, despachos jurídicos y operadores públicos tendrán por delante meses de negociación y adaptación hasta que se concreten normas y fechas de entrada en vigor.