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La vía ambiental lenta para la A-52 Vigo–Porriño amenaza con postergar la obra hasta la mitad de la próxima década

Vigo vuelve a mirar al calendario con resignación. El Ministerio para la Transición Ecológica ha optado por someter a la opción más estricta de evaluación ambiental el trazado que debe finalizar la A-52 entre Porriño y Vigo, un paso que, según fuentes técnicas consultadas, persigue «blindarse ante posibles recursos». La decisión, comunicada tras el envío de la documentación a finales de febrero por el Ministerio de Transportes, puede alargar los plazos administrativos y convertir en improbable la puesta en servicio en 2030, fijando ahora la mirada en la mitad de la próxima década para ver la carretera en funcionamiento.

Tramitación y plazos: un calendario que se desinfla

La variante escogida por los técnicos contempla un vial de 10,5 kilómetros, de los que algo más de cuatro discurrirían por túnel, con conexión directa entre Porriño y Vigo a través de Mos y finalizando en la A-55, en la zona del nudo de Baruxáns, en Bembrive. El presupuesto estimado asciende a 390 millones de euros, pero la partida económica es solo una pieza del rompecabezas. Antes de que las excavadoras puedan entrar en faena hay todo un laberinto administrativo: evaluación de impacto ambiental, validación del trazado, nueva exposición pública, redacción del proyecto constructivo, licitación y, finalmente, ejecución.

La elección de la vía ambiental ordinaria —la más farragosa— implica que el examen podría demorarse entre uno y dos años desde la recepción del expediente hasta la publicación del dictamen en el Boletín Oficial del Estado, siempre que sea favorable. Pese a que el Ministerio de Transportes ya publicó en diciembre de 2024 un estudio técnico que cifraba en aproximadamente cuatro años la ejecución material de las obras en el mejor de los escenarios, ese calendario optimista se ve ahora deslizándose hacia la derecha en el calendario. Si la evaluación ambiental no emite el ‘OK’ hasta bien entrado 2027, como admiten agentes próximos al proceso, la suma de trámites podría empujar la apertura más allá de 2030, con una probabilidad alta de que no ocurra hasta mediados de la década.

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La tramitación administrativa también incluye una nueva exposición pública del trazado aprobado, que incorporará el listado de bienes afectados por expropiaciones. Esa fase ya desató críticas cuando se presentaron las alternativas: vecinos de Mos y de Bembrive han mostrado un rechazo contundente, alegando daños que consideran irreparables —en los documentos técnicos se cifran hasta 25 viviendas y 46 inmuebles que podrían verse afectados— mientras que el gobierno municipal de Vigo mantiene la obra como un «objetivo irrenunciable».

Orografía, presupuesto y riesgos: por qué la obra es una carrera de obstáculos

No solo la burocracia pesa. La complejidad del trazado —casi la mitad discurre bajo tierra— multiplica la probabilidad de imprevistos durante la construcción, desde filtraciones y complicaciones geotécnicas hasta ajustes a los sondeos que habitualmente obligan a revisar tiempos y costes. El propio estudio de 2024 advertía de que la orografía puede dilatar sensiblemente los plazos previstos. Aun así, cuatro años de obra es la cifra que suele manejarse como referencia; convertirla en realidad dependerá, en la práctica, de que no surjan sorpresas técnicas y de la disponibilidad real de fondos.

Y aquí vuelve a aparecer un debate recurrente en la política estatal: la capacidad de gasto. El expediente no puede salir a licitación sin un proyecto constructivo y un respaldo presupuestario adecuado. En los últimos años, el Gobierno central ha arrastrado dificultades para actualizar las cuentas estatales, una circunstancia que los ayuntamientos y las patronales locales señalan como lastre para inversiones de calado en infraestructuras. La diferencia entre disponer de un proyecto aprobado y tener garantizados los recursos para adjudicar y ejecutar es, a menudo, la que marca la paralización temporal o la aceleración real de las obras.

Política local, seguridad viaria y el sueño pendiente de una alternativa a la A-55

La demanda de una alternativa a la sinuosa y, en ocasiones, peligrosa A-55 no es nueva en Vigo y su entorno; se remonta a comienzos del siglo XXI y ha sido un reclamo sostenido por el tejido empresarial y por parte del arco político local. La finalización de la A-52 sería, en la práctica, algo más que una mejora de kilómetros: supondría aliviar un corredor que hoy conjuga tránsito industrial, transporte de largo recorrido y movilidad cotidiana entre concellos densamente poblados.

Sin embargo, los costes sociales y los debates urbanísticos han tomado protagonismo. La oposición vecinal en puntos clave del trazado ha empujado el expediente hacia un escenario donde la seguridad jurídica —evitar recursos que paralicen la obra— choca con la urgencia de los ciudadanos y empresas que esperan una conexión más segura y rápida. De hecho, la propia decisión de aplicar la vía ambiental más lenta responde, según fuentes cercanas al Gobierno, a la voluntad de evitar impugnaciones futuras que obliguen a rehacer trámites y encarecer aún más el proyecto.

Las próximas decisiones políticas tendrán, por tanto, doble lectura: acelerar la tramitación sin desatender garantías ambientales y sociales, o priorizar la prudencia técnica y afrontar el coste político de una nueva demora. En el terreno local, el diálogo entre Vigo, Porriño, Mos y la administración autonómica será determinante para intentar mitigar el impacto sobre familias afectadas y sobre la planificación territorial.

Si se atiende al calendario que hoy se vislumbra, lo probable es que la carretera no sea una realidad hasta la mitad de la próxima década. Para entonces, los vigueses habrán acumulado otra tanda de promesas y explicaciones. Queda por ver si habrá al menos algo de aprendizaje: planificación rigurosa, presupuestos comprometidos y —muy importante— un proceso participativo que reduzca la tensión social. Porque la A-52 no es solo una obra de piedra y hormigón; es una pieza del mapa que determinará la movilidad y el desarrollo del área metropolitana en los años venideros. A falta de confirmación oficial sobre fechas concretas, la paciencia vuelve a ser la moneda corriente en la ciudad y su entorno.

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Sofía Martínez

Periodista gallega especializada en información local y política. Licenciada en Periodismo por la USC. Redactora jefe de Galicia Universal.

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