Luisa Piñeiro, recién nombrada directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, ha avanzado que su departamento va a acelerar los procedimientos administrativos para permitir la sustitución de pinos que no resulten viables por actuaciones en la denominada «banda marrón». El anuncio llega en plena discusión sobre el uso del suelo forestal en Galicia y coincide con la próxima publicación de una instrucción que concretará las excepciones a la moratoria sobre eucalipto.
Avance y medidas inmediatas
La responsable de la dirección xeral, natural de Moraña y nacida en 1975, tomó posesión a finales de diciembre y desde entonces ha mantenido contactos con propietarios, técnicos municipales y agentes del sector forestal. Según sus propias palabras, el objetivo es «agilizar trámites» para que las parcelas de pino condenadas por la falta de regeneración natural, por plagas o por su mala estructura puedan transformarse mediante actuaciones en la franja conocida como banda marrón, un ámbito de trabajo previsto en los instrumentos de ordenación del monte.
«Agilizaremos los trámites para sustituir pinos que no sean viables por la banda marrón», aseguró Piñeiro en una de sus primeras declaraciones públicas al frente del cargo.
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La instrucción que anunciará el Gobierno autonómico en los próximos días, según anunció la propia directora xeral, contendrá los criterios técnicos y administrativos para aplicar las excepciones a la moratoria del eucalipto. Fuentes del departamento subrayan que no se trata de una liberalización general, sino de permitir soluciones puntuales y justificadas en montes donde el pino no tiene posibilidades reales de regenerarse o de evolucionar en condiciones de seguridad frente a incendios y plagas.
Entre las medidas previstas figura simplificar la tramitación de permisos, homogeneizar requisitos técnicos para la evaluación de viabilidad de masas arboladas y acortar plazos en la concesión de ayudas para la reforestación o la restauración de terrenos. Los propietarios afectados —muchos de ellos pequeños aprovechamientos en concellos de las Rías Baixas o de la montaña suroriental— llevan años reclamando mecanismos que les permitan recuperar valor productivo al monte sin verse ahogados por la burocracia.
Antecedentes y debate sobre la moratoria del eucalipto
La política forestal en Galicia ha sido, en la última década, una mezcla de intereses económicos, preocupaciones ambientales y la herencia de incendios devastadores. La moratoria sobre la expansión del eucalipto respondió en parte a esos temores: limitar incrementos que pudieran intensificar el riesgo de fuego y proteger biodiversidad y usos rurales. No obstante, la realidad sobre el terreno es diversa y no siempre coincide con los mapas generales.
Los defensores de la flexibilización señalan que hay masas de pino envejecidas o afectadas por factores bióticos y abióticos que no son rentables ni seguras; mantenerlas sin intervenir aumenta el riesgo de incendios y pérdida de suelo. Por otro lado, asociaciones ecologistas y buena parte del mundo rural conservacionista recuerdan que cualquier excepción al control del eucalipto debe ir acompañada de garantías estrictas: planes de restauración con especies autóctonas, límites en la extensión y normas claras para evitar sustituciones masivas camufladas bajo figuras técnicas.
Añade complejidad el tejido industrial gallego: empresas de transformación, biomasa e incluso la industria del papel dependen en algunos comarcas de dotaciones forestales estables. La Xunta se enfrenta al reto de conciliar esas demandas económicas con compromisos de gestión sostenible y con la presión ciudadana por evitar la homogeneización del paisaje gallego, esa marea verde brillante de eucaliptos que tantos debates ha provocado en la última década.
Repercusiones y próximos pasos
La publicación de la instrucción que detallará las excepciones a la moratoria será, en la práctica, la primera prueba de fuego política y técnica para la nueva dirección xeral. A corto plazo, los ayuntamientos y las cooperativas forestales esperan poder acceder a criterios claros para autorizar intervenciones en parcelas concretas. Las diputaciones provinciales, que gestionan programas de ayudas y asistencia técnica, ya han mostrado interés en coordinarse para que los trámites se resuelvan con rapidez y seguridad jurídica.
Entre los elementos que la Xunta tendrá que definir con precisión figuran los umbrales de superficie por actuación, los requisitos de restitución con especies autóctonas en la medida de lo posible, y los mecanismos de control posterior. No es raro que en Galicia una medida concebida como puntual derive en efectos acumulativos si faltan topes claros; por eso la transparencia en la aplicación y la disponibilidad de datos públicos serán determinantes para evitar sospechas y conflictos.
La reacción de organizaciones agrarias y de propietarios particulares probablemente será favorable en términos generales, aunque condicionada a que las nuevas reglas no supongan trabas insalvables ni costes desproporcionados. En el otro lado, colectivos conservacionistas ya han anunciado que vigilarán de cerca el alcance de las excepciones y la compatibilidad de las prácticas con las directrices europeas sobre naturaleza y clima.
Si la intención de Piñeiro es, como dice, reducir la tramitación, necesitará además articular recursos técnicos: equipos de evaluación, digitalización de expedientes y criterios homogéneos que eviten que cada concello interprete la normativa de forma distinta. La reciente experiencia de la administración gallega en la modernización de trámites administrativos puede ayudar, pero la gestión forestal exige además inspección en el monte y un seguimiento que no se resuelve con firmas en despachos.
La decisión también podrá tener impacto electoral y social. La gestión del monte es un tema sensible en Galicia: no solo por el valor económico, sino porque el paisaje y el uso del territorio tocan la vida cotidiana de pueblos y aldeas. A falta de confirmación oficial sobre detalles técnicos, la expectativa es que la instrucción busque un equilibrio: evitar la proliferación descontrolada del eucalipto, pero permitir soluciones realistas y rápidas para montes que hoy son, de facto, un problema para sus titulares y para la prevención de incendios.
Al final, la medida de éxito no estará en la velocidad burocrática, sino en la calidad de las intervenciones. Sustituir pinos no viables por actuaciones en la banda marrón puede ser una oportunidad para impulsar una gestión más resiliente del monte gallego, siempre que venga acompañada de controles, apoyo técnico a los propietarios y una visión a medio plazo que incluya paisaje, economía y seguridad frente al fuego.
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