La Xunta aprueba el Pladiga 2026: más brigadas, drones y una UDEX ampliada para encarar veranos de incendios «de enorme intensidad»

23 de marzo de 2026 — El Consello de la Xunta aprobó este lunes la aplicación del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, el Pladiga para 2026, que la propia Xunta llevará este viernes al Consello Forestal para su exposición y trámite. El plan introduce refuerzos en medios humanos y tecnológicos, plantea ampliar la permanencia de personal fijo discontinuo y crea nuevas estructuras de coordinación para afrontar lo que el Ejecutivo autonómico califica como una nueva fase de siniestros más violentos y rápidos.

Medios terrestres y aéreos: qué cambia en la respuesta

Entre las medidas anunciadas sobresale el aumento de las brigadas activas en época de alto riesgo: la Xunta incorpora 42 nuevas brigadas, destinadas a reforzar el dispositivo en las semanas y meses de más riesgo. Se reforzará asimismo la presencia de vigilancia mediante drones y sistemas de videovigilancia sobre puntos críticos, una apuesta por la detección temprana que complementa los medios aéreos convencionales.

En paralelo, el plan prevé la ampliación del periodo laboral del personal fijo discontinuo, una figura que en Galicia ha sido clave para sostener los operativos estacionales. A falta de confirmación oficial sobre los plazos exactos de la ampliación, la medida busca asegurar mayor continuidad en las labores de prevención y extinción en los picos térmicos y de sequía.

Otra novedad con implicaciones directas en la gestión de grandes incendios es la ampliación de la Unidade de Directores de Extinción —la UDEX— que pasa de 6 a 15 expertos. Se trata de un aumento notable en capacidad técnica para dirigir operaciones complejas, coordinar recursos y tomar decisiones tácticas sobre el terreno, especialmente en incendios de gran tamaño donde intervienen múltiples medios y administraciones.

«adaptarse a los nuevos tipos de incendios de enorme intensidad en los últimos veranos»,

fue la fórmula utilizada por el presidente Alfonso Rueda al describir la motivación del plan, que subraya la necesidad de actualizar recursos y protocolos ante fenómenos más extremos.

Prevenir y no sólo apagar: límites y dudas

La inclusión de drones y videovigilancia abre un apartado tecnológico que puede acelerar la detección pero no sustituye las medidas clásicas de manejo del monte. Galicia sigue lidiando con un paisaje marcado por la sustitución de superficie agrícola por masas forestales continuas —pinos y eucaliptos—, unido al abandono rural en buena parte del interior. Ese cóctel alimenta incendios de fácil propagación y alta intensidad; por eso la prevención territorial sigue siendo el talón de Aquiles en la lucha contra el fuego.

No es la primera vez que la Xunta apuesta por más brigadas o por mejoras tecnológicas después de veranos devastadores. En localidades como O Barco de Valdeorras muchos vecinos aún recuerdan la alarma y el humo en la memoria reciente; la imagen de familias pendientes de las motobombas y de carreteras cortadas vuelve cada año en reuniones municipales. Críticos del plan recuerdan que aumentar la capacidad de extinción no sustituye la necesidad de quemas prescritas, cortafuegos y apoyos a la gestión sostenible de la masa forestal, cuestiones que requieren acuerdos con propietarios, concellos y también con la Administración del Estado.

Implementación, coordinación y fiscalización

La tramitación en el Consello Forestal será la próxima parada institucional del Pladiga; después deberá traducirse en partidas presupuestarias, adjudicaciones y convocatorias de empleo público en algunas de las figuras previstas. La Xunta asegura que dotará de recursos materiales y humanos al plan, pero quedan por concretar plazos, financiación detallada y criterios de evaluación del impacto de las nuevas medidas.

La ampliación de la UDEX parece pensada para mejorar la respuesta en los grandes incendios, pero su eficacia dependerá de la capacidad de coordinación con los servicios de emergencias municipales, bomberos y Protección Civil, así como con el Ministerio, cuando las superficies afectadas excedan la competencia autonómica. Además, el empleo de drones y videovigilancia plantea cuestiones sobre permisos, privacidad y mantenimiento tecnológico que deberán resolverse para que el sistema funcione en meses críticos sin interrupciones.

A nivel social, la Xunta tendrá que atender las demandas de las comarcas rurales: protección de infraestructuras, criterios claros de limpieza de márgenes, apoyo a propietarios para la gestión activa de sus terrenos y programas formativos. Sin estas medidas de base, la capacidad de extinción, por mucha UDEX o drones que se incorporen, seguirá afrontando el fuego en condiciones estructurales adversas.

En el terreno político, el anuncio también llega en un momento en que las políticas forestales son tema recurrente en la agenda gallega, con reclamaciones de alcaldes y grupos ecologistas sobre acciones concretas en monte mancomunado y en franjas periurbanas. A falta de desglose presupuestario, será en los próximos meses cuando se pueda medir si la apuesta por más brigadas y más expertos se traduce en una mejora real de la seguridad para la población y del mantenimiento del territorio.

Para los habitantes de las zonas más vulnerables —las riberas del Miño, los valles de Ourense o las laderas de la montaña lucense—, la promesa de mejores medios renueva la esperanza, pero también la exigencia: que las políticas no queden sólo en incremento de recursos sino que atiendan la prevención activa, la planificación territorial y la implicación comunitaria. Los veranos que se avecinan serán la primera prueba tangible de si el Pladiga 2026 marca una diferencia o se queda en ajustes cosméticos frente a un problema estructural.

De aquí a la puesta en marcha efectiva falta por ver cuándo comenzarán a operar las nuevas brigadas, cómo se integrarán los drones en las rutinas de vigilancia y si la UDEX será capaz de coordinarse con rapidez en situaciones límite. Galicia necesita trabajar en múltiples frentes: técnica, social y administrativa. El plan aprobado es un paso en esa dirección, pero la memoria de incendios pasados obliga a convertir medidas en resultados medibles para que el paisaje gallego y sus gentes respiren con más seguridad en los próximos veranos.