La Xunta de Galicia ha acordado el archivo de tres proyectos eólicos en la provincia de Lugo, según recogen resoluciones publicadas en el Diario Oficial de Galicia el martes 10 de marzo de 2026. Los expedientes quedaron paralizados porque no superaron el trámite ambiental exigido, una decisión que afecta también a otros cuatro parques en A Coruña y Pontevedra. Las resoluciones, firmadas por la dirección xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, detallan los motivos técnicos y formales que impidieron la continuidad de las iniciativas. La medida supone un revés para varias sociedades promotoras y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la ordenación del territorio y la transición energética en Galicia.

En la provincia de Lugo, los proyectos archivados son Caroliño, ubicado entre los municipios de Cervo y Xove y promovido por Naturgy Renovables; Pequecho, entre Viveiro y Xove, también impulsado por Naturgy; y Hépotas II, en el concello de Muras, promovido por Hépotas SLU. Las resoluciones recogen, de forma sintética, la imposibilidad de subsanar deficiencias detectadas en la fase de evaluación ambiental, lo que impidió autorizar la tramitación posterior de los expedientes. La citada negativa administrativa implica que estos proyectos quedan suspendidos sine die salvo que las empresas emplazadas presenten recursos o nueva documentación que justifique la reapertura del proceso.

En el conjunto de Galicia, la Xunta archivó otros cuatro parques: en la provincia de A Coruña, la ampliación de Graiade, promovida en Porto do Son por Eólica de Graiade, y el proyecto Fontella, entre Aranga y Oza-Cesuras, de Galenergy; y en Pontevedra, Chan do Eixo, entre A Cañiza y Covelo, y Merendón, entre Oia y O Rosal, promovidos por Parque Eólico Chan do Eixo y Tiraventos, respectivamente. Las resoluciones administrativas que aprueban los archivos subrayan fallos procedimentales y lagunas en la documentación ambiental que, a juicio de la Xunta, imposibilitan proseguir con la tramitación. En varios casos se detectaron carencias en la información sobre impactos sobre hábitats y sobre especies protegidas.

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Las decisiones están firmadas por la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, y responden al régimen previsto por la normativa autonómica y estatal en materia de evaluación de impacto ambiental. Fuentes de la Consellería indican que el objetivo de estas resoluciones no es frenar la implantación de renovables, sino garantizar que cualquier proyecto cumpla los requisitos técnicos y ambientales antes de avanzar. La Xunta ha intensificado en los últimos tiempos los controles sobre estudios de impacto y la verificación de condicionantes territoriales para evitar problemas ulteriores en ejecución y explotación.

Para los ayuntamientos afectados y para asociaciones vecinales, estas resoluciones suponen una pausa que puede ser recibida con alivio por quienes plantean dudas sobre la ubicación y la intensidad de las instalaciones. En municipios como Xove y Viveiro, las iniciativas de naturaleza eólica han generado debate público en torno a la compatibilidad con usos agrícolas, forestales y paisajísticos, así como sobre la capacidad de las infraestructuras eléctricas locales. Por su parte, las empresas promotoras deberán valorar si presentan recursos administrativos, subsanan carencias o plantean proyectos alternativos ajustados a la normativa.

El archivo de estos expedientes coloca otra vez sobre la mesa la tensión entre la necesidad de avanzar en la descarbonización del mix energético y las demandas de protección del medio natural y del territorio gallego. Técnicos y expertos consultados en ocasiones anteriores advierten de que una implantación acelerada sin garantías puede generar litigios, demoras y sobrecostes que, en última instancia, ralentizan la propia transición renovable. En Galicia, donde la proliferación de proyectos eólicos ha suscitado polémica social y política, la administración regional trata ahora de conjugar ambición energética y criterios de sostenibilidad.

Las empresas afectadas por los archivos, en particular las que operan en Lugo, aún disponen de vías administrativas y judiciales para impugnar las resoluciones, y no es descartable que alguna presente recurso ante los tribunales contencioso-administrativos o solicite la revisión del expediente aportando nueva documentación técnica. Mientras tanto, la paralización mantiene en suspensión tanto la inversión prevista como los plazos de ejecución, con el consiguiente efecto sobre contratistas y empleo local asociado a las obras.

Fuentes de la Xunta subrayan que las resoluciones publicadas en el DOG forman parte del procedimiento ordinario y que la política energética autonómica continuará impulsando proyectos que cumplan los estándares ambientales. En paralelo, los concellos afectados esperan comunicación formal por parte de las empresas para conocer próximos pasos y valorar las implicaciones municipales. La decisión de archivar estos siete parques sirve, en cualquier caso, como recordatorio de que la tramitación ambiental sigue siendo un filtro decisivo para la implantación de infraestructuras renovables en Galicia.