María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, criticó este miércoles en el Parlamento gallego la campaña informativa del Concello de Vigo sobre la recuperación de la ETEA y subrayó que la Xunta asumirá la urbanización del ámbito municipal PS-1 con un desembolso ya comprometido. En su intervención, en el Pazo do Hórreo y ante la cámara autonómica, la conselleira acusó al Ayuntamiento y al Consorcio de la Zona Franca de demorar decisiones y de montar un acto público sin invitar a la administración que aporta los fondos. Martínez Allegue reclamó avanzar «por interés general» y colocó a la Xunta como única institución que, según su relato, está ejecutando obras en el recinto.

La conselleira sostuvo que, a día de hoy, son únicamente dos los ámbitos en los que la Xunta tiene obras en marcha: el PS-6, donde se realizan trabajos de urbanización, y el PS-5, destinado a la construcción de una cafetería. Además, explicó que el Ejecutivo autonómico se hará cargo de la urbanización del PS-1, un espacio de titularidad municipal, con un presupuesto de 10,5 millones de euros. Estas decisiones, dijo, responden a un compromiso formalizado el pasado mes de mayo de 2025, cuando el Consello da Xunta aprobó la aportación económica, y a la necesidad de desbloquear un área considerada estratégica para la ciudad.

Martínez Allegue reprochó que Concello y Zona Franca tardaran ocho meses en aprobar el convenio necesario para iniciar la actuación en el PS-1 y criticó la celebración de un acto público de firma organizado por esas dos instituciones en el que, según su versión, la Xunta no fue invitada. La conselleira describió la secuencia como una falta de respeto institucional: tras ese acto se solicitó posteriormente la firma digital del documento por parte de la titular de Vivenda, un trámite que, a su juicio, no compensa la omisión del gesto público.

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En su intervención parlamentaria la conselleira defendió que la Xunta ha sido «desde el primer momento» la administración que asumió un compromiso real para recuperar y urbanizar las antiguas instalaciones de la ETEA, con el argumento de que la actuación responde al interés general y a la revitalización de ese ámbito urbano. Alegó, además, que la paciencia del Ejecutivo autonómico ha sido notable ante las demoras del resto de instituciones implicadas, pero advirtió que esa paciencia no significa inactividad y que la Xunta seguirá ejecutando las obras que le corresponden.

Además de las actuaciones en los PS-5 y PS-6 y de la futura urbanización del PS-1, la conselleira recordó otras iniciativas autonómicas relacionadas con el conjunto de la ETEA, como la cesión a la Universidade de Vigo de los edificios de la antigua enfermería y del Morse para su rehabilitación. Estas cesiones tienen el objetivo de contribuir a la dinamización del ámbito y facilitar usos vinculados a la investigación y la docencia, según explicó la conselleira al justificar la intervención pública.

La Xunta también mencionó la tramitación de la concesión de la cafetería en el PS-5, una obra que, en su relato, ya está en marcha y forma parte de la estrategia para dotar de servicios el recinto. Desde el Ejecutivo autonómico se han mostrado dispuestos a continuar con la inversión y la gestión de los proyectos que recaen sobre su competencia, al tiempo que apremian al Concello y al Consorcio de la Zona Franca a agilizar los trámites pendientes para evitar nuevos retrasos.

Fuentes municipales consultadas por este medio han preferido, por el momento, no entrar a valorar en profundidad las críticas públicas de la conselleira, aunque en días anteriores el Concello y el Consorcio han defendido su propio calendario y han atribuido la complejidad del proyecto a la necesidad de coordinar distintas administraciones y de asegurar la viabilidad técnica y jurídica de cada intervención. La discrepancia expuesta en el Parlamento acentúa la tensión política en torno a un proyecto que se presenta como clave para el desarrollo urbano de Vigo.

La decisión de la Xunta de avanzar en la urbanización del PS-1 con fondos autonómicos abre ahora la fase de ejecución de esa parte del plan, pero no elimina las incógnitas sobre la coordinación entre las administraciones ni sobre el reparto final de responsabilidades en la gestión del espacio. En su comparecencia, Martínez Allegue prometió seguir impulsando las obras «por el interés general», una fórmula con la que la Xunta pretende justificar su protagonismo en un proyecto que ha pasado a ser objeto de disputa política pública entre las instituciones implicadas.