SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 de marzo de 2026. La polémica sobre la calidad de las comidas en las residencias gestionadas por el Consorcio Galego de Benestar ha vuelto a cobrar protagonismo esta semana. El grupo socialista —el PSdeG— reclama la suspensión del servicio de cátering y aboga por personal cualificado en las cocinas de los centros; en respuesta, la Xunta presenta encuestas entre residentes que, asegura, registran una satisfacción «muy elevada».
Los hechos: encuestas, quejas y la réplica del Gobierno gallego
En el centro del debate están las valoraciones que se realizan entre los más de 2.500 usuarios de los 70 centros que integran el Consorcio. La Consellería de Política Social ha difundido los resultados de esas encuestas como principal argumento para desactivar las críticas: según el Ejecutivo autonómico, la mayoría de usuarios valora positivamente tanto la oferta general como las dietas adaptadas a prescripciones médicas.
Los socialistas, no obstante, han hecho públicas quejas de familiares y, en algunos casos, de residentes que describen menús con mal olor, mala cocción o texturas que impiden masticar. Según el PSdeG, esas incidencias afectan a la calidad de vida de personas dependientes, y reclaman la retirada temporal del contrato de cátering hasta que haya una solución con cocina propia y personal formado en geriatría y nutrición.
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Conoce más →La Xunta ha subrayado que las encuestas de valoración de la comida revelan un nivel de satisfacción «muy elevado».
Fuentes oficiales recuerdan que todos los menús están supervisados por nutricionistas y que las dietas especiales —como menús sin sal o triturados— responden a informes médicos acreditados. Añaden también que el seguimiento es «continuo y exhaustivo», desde la planificación nutricional hasta el servicio en cada centro. Desde San Caetano subrayan además la coincidencia del proveedor con otros programas públicos como argumento de que no existe un problema generalizado.
Contexto: el modelo de catering y el programa Xantar na Casa
El servicio cuestionado coincide con el proveedor que elabora los menús del programa Xantar na Casa, adherido a más de 200 municipios y con una distribución que supera los 17.000 menús semanales en domicilios por toda Galicia. Ese dato esgrimido por la Xunta pretende situar la controversia: si existiera un fallo sistémico en la preparación, sostienen, las quejas deberían ser mucho más masivas entre los usuarios de Xantar na Casa.
La elección entre cocina propia y externalización lleva años en el debate público gallego. No es la primera vez que surge polémica alrededor del catering en centros de mayores: en 2019 y 2021 ya se dieron episodios similares que acabaron con inspecciones puntuales y compromisos de mejora. La estructura demográfica de Galicia, con una población envejecida y dispersa, dificulta soluciones homogéneas; además, la gestión pública aborda tensiones entre eficiencia presupuestaria y atención personalizada.
En municipios como Negreira o Brión, citados por la Xunta, el mismo proveedor sirve a escuelas infantiles. La Consellería ha planteado retóricamente si los socialistas pedirán la suspensión también en esos servicios municipales. El argumento tiene calado político: atraviesa la gestión municipal, los contratos públicos y la percepción ciudadana sobre la profesionalidad del proveedor.
Repercusiones políticas y próximos pasos
La petición del PSdeG de suspender el contrato y habilitar cocinas con personal cualificado no es sólo una demanda técnica; adquiere dimensión política por el contexto electoral y por la sensibilidad social respecto a las condiciones de vida de las personas mayores. En Galicia, temas que afectan al bienestar de la tercera edad suelen transcender el debate administrativo y proliferan en la agenda pública.
En lo inmediato se esperan dos líneas de actuación: por un lado, la Consellería puede difundir los resultados desagregados de las encuestas y documentación de los controles nutricionales; por otro, el PSdeG podría presentar solicitudes formales de inspección en residencias concretas donde se han detectado quejas. Según fuentes cercanas al departamento autonómico, cualquier denuncia individual activa protocolos internos de investigación, aunque no siempre se traslade a la opinión pública.
Familiares y asociaciones de mayores demandan más transparencia: quieren ver los datos por centro, conocer los criterios de evaluación y tener acceso a los informes médicos que justifican dietas. También piden formación adicional para el personal que manipula y sirve los alimentos, y una comunicación más directa entre residencias y familias para alertar de fallos puntuales antes de que se enquisten.
Más allá del intercambio de comunicados, la discusión abre una cuestión de fondo: cómo conciliar la externalización de servicios con garantías robustas de calidad sanitaria. La respuesta pasa por auditorías independientes, protocolos de control de temperatura y textura, mayores ratios de personal en momentos clave del servicio y, en su caso, planes de mejora contractuales con cláusulas claras de cumplimiento.
La controversia no ha terminado. Resultado probable: medidas de control adicionales y un pulso político que obligará a las partes a aportar documentación y propuestas concretas. Para las familias, la urgencia es clara: que la comida que llega a la mesa de sus mayores sea nutritiva, apetecible y segura. Para la administración, el desafío es demostrar que, cuando se externaliza un servicio esencial, existen mecanismos efectivos que eviten tanto el deterioro del producto como el desgaste de la confianza pública.
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