Xunta y diputaciones vivo enfrentamiento sobre competencias y dinero. El Ejecutivo autonómico ha incluido en el anteproyecto de una futura ley la obligación de destinar el 20 % de los recursos provinciales a un plan de cooperación para repartir entre los concellos, además de habilitar mecanismos para vigilar y restringir el endeudamiento de las corporaciones provinciales. La medida, que afectará a las 4 diputaciones gallegas, reactiva una vieja polémica sobre la autonomía provincial y la gobernanza local.

Obligaciones de gasto: qué cambia y cómo se aplicará

La principal novedad del texto que se tramita en la Xunta es la exigencia de que una quinta parte del presupuesto de cada diputación vaya a un fondo provincial de cooperación. Ese plan se articulará como una línea presupuestaria obligatoria cuyo objetivo, según explican desde el Gobierno gallego, es asegurar transferencias estables a los ayuntamientos con mayor necesidad financiera, especialmente los de la Galicia rural y costera.

En la práctica, las diputaciones dejarán de tener plena discrecionalidad sobre parte de sus partidas: los equipos de gobierno deberán consignar ese 20 % en sus presupuestos y justificar su reparto según criterios que el Ejecutivo pretende fijar por ley. Fuentes cercanas al diseño del proyecto mencionan criterios de población, despoblación, grado de envejecimiento y nivel de renta municipal.

El anteproyecto, además, incorpora un capítulo financiero que contempla la supervisión de las cuentas provinciales: la Xunta exigirá remitir informes periódicos sobre la evolución de la deuda y podrá imponer límites a nuevas operaciones de crédito si detecta desequilibrios. Este control se plantea como un freno a prácticas que, según el Ejecutivo, han terminado por trasladar tensiones presupuestarias a los municipios.

En el Parlamento gallego, durante un pleno reciente en el que estuvieron presentes el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, la propuesta generó debate y reproches entre la bancada autonómica y los representantes provinciales. Según asistentes a la sesión, la oposición calificó la iniciativa de intervencionista; el Gobierno defendió que se trata de coordinar políticas públicas y garantizar equidad entre concellos.

Antecedentes: la batalla por las competencias y la memoria histórica de los ayuntamientos

No es la primera vez que la relación entre la Xunta y las diputaciones se tensiona por el control presupuestario. A lo largo de la última década, episodios de recortes, planes de ajuste y la redistribución de competencias tras la crisis financiera dejaron una percepción de estrechamiento de márgenes para las corporaciones provinciales. Cabe recordar que las diputaciones ejercen en Galicia funciones tradicionales en carreteras comarcales, servicios sociales de proximidad y cooperación a municipios pequeños que, en muchos casos, carecen de capacidad técnica y financiera propia.

La insistencia del Ejecutivo en regular el destino de recursos responde, en parte, a esa historia. Desde la Xunta se arguye que una mayor centralización de criterios evita disparidades injustificadas entre concellos; desde las diputaciones se replica que la medida reduce la capacidad de respuesta local y desdibuja responsabilidades políticas ante los electores. En municipios como Carnota o Sarria —citado a menudo por técnicos de la provincia de A Coruña y Lugo por sus necesidades demográficas— la llegada de fondos provinciales ha sido en ocasiones la única vía para sostener servicios básicos.

También hay un componente político: varias diputaciones están gobernadas por formaciones distintas a la que domina la Xunta. La obligación de destinar recursos a un fondo de reparto y el refuerzo de la vigilancia sobre la deuda podrían devenir en una palanca de influencia para el Ejecutivo autonómico en la gobernanza territorial, especialmente cuando los recursos escasean y las prioridades entre partido y partido divergen.

Reacciones, riesgos y próximos pasos

Las reacciones no se han hecho esperar. Representantes provinciales y alcaldes de municipios pequeños han expresado preocupación por la pérdida de capacidad para diseñar políticas específicas, mientras que sectores de la administración local valoran positivamente la previsibilidad que aportaría un mecanismo de cooperación estable. En voz baja, desde bastantes ayuntamientos se admite que la llegada garantizada de esos fondos podría paliar problemas de liquidez en meses difíciles, pero advierten que la rigidez del reparto podría dejar fuera inversiones locales prioritarias.

«Con esta obligación, las diputaciones pierden margen de maniobra», señalan fuentes de instituciones provinciales, que piden negociar los criterios de reparto antes de la aprobación definitiva.

A falta de confirmación oficial sobre el calendario, la Xunta pretende tramitar el proyecto de ley en las próximas semanas para someterlo a debate parlamentario en los meses venideros. En ese trámite será clave la enmienda parlamentaria y la negociación con los grupos, donde las diputaciones tratarán de ganar salvaguardas que preserven parte de su autonomía. También habrá que ver si el texto incorpora instrumentos para favorecer la transparencia en el reparto y criterios objetivos que limiten arbitrariedades.

En el terreno práctico, la puesta en marcha obligará a las diputaciones a revisar sus cuentas y priorizar programas. La obligación de dedicar una quinta parte del presupuesto puede suponer recortes en inversiones propias —obras, mantenimiento de carreteras provinciales, equipamientos— o la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. De hecho, muchos técnicos provinciales ya estudian escenarios para redistribuir proyectos y ajustar plazos de ejecución para no ver paralizados programas estratégicos.

El pulso entre la Xunta y las diputaciones abre además preguntas sobre la gobernanza territorial en Galicia: ¿cómo equilibrar la necesidad de solidaridad entre concellos con la exigencia democrática de que sean las autoridades provinciales quienes decidan? La respuesta no será solo técnica; tendrá acento político y repercusiones en el mapa municipal, especialmente en aquellos ayuntamientos que dependen en mayor medida de los recursos provinciales para mantener servicios.

Queda, por último, la incógnita de las consecuencias judiciales o administrativas si finalmente el texto endurece controles sobre la deuda. Las diputaciones podrían recurrir cláusulas que consideren invasivas, y los litigios alargarían la implementación. Por lo pronto, la Xunta ha encendido una nueva fase de discusión sobre cómo se reparte el dinero público en Galicia y quién decide dónde va a parar cada euro.