María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda, anunció el 17 de marzo de 2026 en Lugo que la Xunta mantendrá el proyecto previsto en el barrio del Sagrado Corazón y no rebajará la edificabilidad ni el número de viviendas, fijado en 1.265. La decisión responde, según la titular autonómica, a la necesidad de incrementar la oferta de vivienda pública en la ciudad y a cambios normativos que permiten un mayor aprovechamiento urbanístico. El plan prevé destinar la mayor parte de las viviendas a protección pública y combina edificación con espacios verdes y dotacionales.

El anuncio se produce después de las demandas del Concello de Lugo y de colectivos vecinales que reclamaron una reducción del volumen de obra y un replanteamiento del modelo urbanístico. La conselleira defendió que la nueva ordenación incorpora elementos de espacio público —ejes verdes, plaza y carril bici— y que sólo un cuarto de la superficie se ocupará con edificios. Además, destacó que la intervención se canaliza a través de vivienda de promoción pública para atender la demanda local.

Según explicó la Xunta, las modificaciones introducidas en la normativa autonómica permiten un aumento de la edificabilidad en torno a un 10% respecto a lo previsto en el PXOM de Lugo. Ese incremento, subrayó Allegue, está justificado por el destino mayoritario de las viviendas a régimen protegido, lo que, a su juicio, blinda el proyecto frente a la especulación privada. La administración autonómica planea urbanizar las parcelas y sacarlas a subasta para que promotores ejecuten las promociones con las condiciones establecidas.

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Distribución y protección de la oferta pública

Del conjunto de viviendas proyectadas, la Xunta indica que el 80% corresponderá a vivienda pública con protección indefinida. De ese paquete protegido, el 20% se reservará para rentas bajas y el 60% para rentas medias, según la información facilitada por la Consellería de Vivenda. La protección indefinida supone, según el Ejecutivo autonómico, una salvaguarda para que estas unidades permanezcan vinculadas al régimen protegido a perpetuidad.

En cuanto a la titularidad y la modalidad de uso, la Xunta ha precisado que serán los promotores adjudicatarios de las parcelas quienes determinen si las viviendas se destinan a venta o a alquiler dentro del marco de la protección. No obstante, la administración ha fijado reservas específicas destinadas a jóvenes: en las promociones en alquiler un 40% estará destinado a menores de 36 años, mientras que en las viviendas en venta esa reserva será del 25%.

La conselleira también defendió el equilibrio entre edificación y espacios libres: aseguró que solo el 25% del ámbito será ocupado por edificios y que el resto acogerá zonas verdes, equipamientos y servicios generales. El diseño urbanístico anunciado incluye, además, conceptos como un eje verde longitudinal, plazas y la incorporación de carril bici, elementos que se han presentado como compensaciones a la mayor densidad residencial.

Reacciones y calendario del proyecto

El Concello de Lugo y asociaciones vecinales habían pedido reiteradamente una reducción del número de viviendas y una revisión del modelo para evitar un aumento de la presión sobre los servicios municipales. Sus críticas se han centrado en el volumen edificatorio y en la capacidad del barrio para absorber la nueva población, cuestiones que la Xunta ha tratado de responder con la apuesta por vivienda protegida y espacios públicos.

La Xunta aún no ha detallado el calendario definitivo de actuaciones ni las fechas previstas para la urbanización y la subasta de parcelas, pasos que marcarán el ritmo de ejecución del plan. Fuentes institucionales indican que los promotores que resulten adjudicatarios deberán respetar las condiciones de protección y las reservas para jóvenes, aunque serán ellos quienes decidan la fórmula de comercialización —venta o alquiler dentro de los márgenes fijados—.

El proyecto del Sagrado Corazón se encuadra en la estrategia autonómica de aumentar la oferta de vivienda pública en las ciudades gallegas, una línea que la Consellería ha elevado como prioritaria en su agenda. La controversia sobre la densidad y el impacto urbano, no obstante, subraya las tensiones habituales entre objetivos de política pública y demandas vecinales sobre calidad de vida y ordenación del territorio.