El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que la comunidad autónoma presentará un recurso contencioso-administrativo para exigir al Gobierno central la devolución de 2,3 millones de euros gastados en la limpieza del vertido de pélets del carguero «Toconao», que perdió contenedores en diciembre de 2023 en aguas portuguesas. La reclamación busca que el Ejecutivo de Madrid asuma la responsabilidad por el incidente marítimo y siente un precedente para futuros siniestros similares. Rueda defiende que las competencias en estos casos corresponden al Estado y que la acción judicial pretende forzar esa asunción de costes. La decisión se produce tras más de dos años desde el suceso y cuando la Xunta considera que sus reclamaciones administrativas no han prosperado.

El incidente se produjo a principios de diciembre de 2023, cuando el buque con bandera de Liberia perdió seis contenedores, que transportaban alrededor de mil sacos con pélets —unas 26,2 toneladas—, en aguas próximas a la costa portuguesa. El material, pequeñas esferas de plástico empleadas en la industria del plástico, llegó a dispersarse por playas de la fachada atlántica y provocó campañas de recogida y agrupación por parte de ayuntamientos y voluntarios. La retirada del contaminante requirió operaciones coordinadas en extensos arenales y obligó a movilizar medios y personal durante semanas para limitar el daño ambiental. La Xunta cuantifica ahora el coste de esas labores y entiende que debe ser recuperado por quien corresponda.

Según la administración autonómica, la actuación de limpieza afectó a más de 630 arenales pertenecientes a 66 concellos y en los que participaron aproximadamente 400 personas trabajando a pie de playa en distintos momentos. Además de la mano de obra local, los trabajos exigieron logística, contenedores, análisis y retirada segura de los residuos, según la valoración ofrecida por el presidente gallego. La cifra económica reúne el conjunto de estas partidas y sirve, en la versión de la Xunta, para mostrar el impacto real que tuvo el vertido sobre los municipios costeros. Rueda ha subrayado que no se trata únicamente de recuperar dinero, sino de establecer que haya responsabilidades claras ante sucesos de este tipo.

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La Xunta ha decidido llevar la reclamación por la vía contencioso-administrativa para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez inicie «el proceso de exigencia de responsabilidad» frente a los operadores o aseguradoras que pudieran corresponder. Fuentes del gobierno gallego recuerdan que las competencias en respuesta a incidentes marinos son estatales y, por tanto, la actuación central debía haber asumido o coordinado las reclamaciones. La demanda busca además consolidar una jurisprudencia que obligue a los responsables a cubrir los costes y disuada a los operadores de una gestión negligente en el futuro. Con ello, la Xunta pretende fijar un criterio de actuación para posteriores episodios similares en la costa española.

Rueda, según su equipo, considera igualmente importante enviar un mensaje disuasorio a las compañías navieras y a los operadores marítimos internacionales para que sepan que las administraciones españolas aplican con rigor la normativa vigente. En su intervención explicó que se han reiterado peticiones y reclamaciones por el daño ambiental sin que, a su juicio, la respuesta central haya sido tan contundente como debía. La acción judicial, añadió, también persigue evitar que la carga financiera de estos trabajos recaiga de nuevo sobre los ayuntamientos y la comunidad gallega. El presidente insistió en que la pretensión es evitar que futuros vertidos queden sin responsable económico.

En paralelo a la vía administrativa y civil, la vía penal no prosperó: a comienzos de este año la jueza del Juzgado de Noia, plaza 2, acordó el sobreseimiento definitivo de la causa que investigaba posibles responsabilidades penales por el vertido. Ese archivo judicial deja abierta la vía civil-administrativa para reclamar indemnizaciones o compensaciones por los costes de reparación y limpieza. La Xunta ha querido separar ambas dimensiones y centrar ahora sus esfuerzos en el procedimiento contencioso para recuperar el gasto. Fuentes jurídicas consultadas por la administración valoran que la reclamación puede ser compleja y llevar meses hasta su resolución.

Las autoridades locales y colectivos medioambientales que participaron en las limpiezas han corroborado el impacto visible en playas y dunas, aunque también han destacado la eficacia de las labores de recogida para minimizar efectos a largo plazo. Técnicos consultados coinciden en que la dispersión de pélets plantea riesgos para la fauna y la integridad de los ecosistemas costeros y que la prevención y la respuesta rápida son claves para limitar daños. La Xunta ha indicado que mantendrá un seguimiento estricto del procedimiento y que propondrá medidas de coordinación para mejorar la respuesta ante futuros incidentes marinos. Mientras tanto, los municipios que asumieron parte del esfuerzo esperan ahora la devolución de los costes apuntados por la administración autonómica.

El próximo paso formal será la presentación del recurso contencioso ante los tribunales, acto tras el cual se abrirá una fase de alegaciones y trámite de pruebas. La Xunta confía en que la vía judicial permita establecer responsabilidades y recuperar el desembolso, aunque advierte de que el proceso puede ser largo. En sus declaraciones finales, Rueda mostró su deseo de que no se vuelvan a repetir episodios de este tipo, pero aseguró que, de producirse, la comunidad actuará con firmeza para proteger su litoral y reclamar las compensaciones pertinentes. La litigación iniciada en los tribunales marcará el ritmo de las próximas actuaciones y podrá sentar, según la Xunta, un precedente en la gestión de vertidos procedentes del mar.