Consellería do Medio Rural anunció este miércoles la suspensión temporal, y hasta nuevo aviso, de las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en todo el territorio de Galicia. La medida responde a la evaluación de la evolución meteorológica y a diversos indicadores técnicos que apuntan a un incremento del riesgo de incendios en las próximas jornadas. Quedan fuera de la prohibición las quemas prescritas y controladas ejecutadas por el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF), que cuentan con planificación y medios de extinción.
Decisión preventiva tras la evaluación meteorológica
La resolución de la Xunta, comunicada oficialmente el 24 de marzo, llega poco después de que los servicios meteorológicos situaran a Galicia en una fase de inestabilidad que combina rachas de viento, descenso de la humedad relativa y jornadas soleadas que secan la vegetación. Según fuentes de la propia Consellería, esos factores —combinados con la aceleración de trabajos de campo típicos de la primavera— elevaron varios índices técnicos empleados para medir el peligro de fuego.
Fuentes consultadas en áreas rurales coinciden en que la ciudadanía suele hacer quemas de restos de poda, rastrojos y matorral en estas fechas, una práctica arraigada en explotaciones agrícolas y pequeñas propiedades. La suspensión pretende, según la Xunta, reducir la posibilidad de que una negligencia o una chispa se convierta en un siniestro de mayor alcance. Específicamente, la medida excluye las intervenciones planificadas por el SPIF, que se realizan con cortafuegos, brigadas y medios aéreos listos para actuar.
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Conoce más →La administración autonómica reclama además la colaboración ciudadana para extremar las precauciones y denunciar actuaciones de carácter incendiario. Como recordatorio operativo, la Consellería ha puesto a disposición el número gratuito 085 para avisos de incendios forestales, instruyendo a los vecinos a alertar de forma inmediata ante signos de humo o fuego.
Un problema con raíces: abandono rural, clima y prácticas agrícolas
La prohibición temporal no surge en el vacío. Galicia arrastra décadas de transformación del territorio: la pérdida de población en el rural, la sustitución de paisajes agrarios por matorral y monte improductivo, y la concentración de la actividad agraria en manos de explotaciones más mecanizadas han dejado extensas franjas con combustible vegetal acumulado. A ello se suma la estacionalidad de los incendios, que en los últimos años ha tendido a adelantar su inicio y a prolongarse fuera del verano.
En comarcas como Ancares, O Courel o la franxa interior de Ourense la gestión de biomasa y la prevención han sido temas recurrentes en los plenos de los concellos. Muchos alcaldes y agentes forestales llevan años insistiendo en la necesidad de planes más allá de la reacción: cortafuegos, mantenimiento de vías rurales, y promoción de usos que conviertan la biomasa en recurso —por ejemplo, astilla para calefacción— en lugar de riesgo. La exclusión de las quemas controladas por el SPIF subraya la diferencia entre prácticas previstas y las quemas particulares, que carecen de coordinación y medios.
Políticamente, la medida llega en un momento en que la gestión del monte está en el centro del debate autonómico. La Xunta sostiene que la combinación de inspecciones, campañas informativas y normativa específica han reducido la temporada alta de incendios, pero admite que fenómenos meteorológicos extremos obligan a decisiones puntuales. A falta de iniciativas contundentes a largo plazo, muchos técnicos advierten que las restricciones temporales únicamente atajan el problema en el corto plazo.
Repercusiones para agricultores, el control y los próximos pasos
Para los agricultores y pequeños propietarios la prohibición obliga a replantear calendarios. En explotaciones familiares, quemar restos de poda o de siega es una forma rápida de limpieza del terreno; su sustitución por alternativas como el triturado, la retirada de restos o el compostaje implica costes y logística. Concejales de varias localidades ya han pedido a la Xunta ayudas y campañas de información para facilitar la transición, mientras asociaciones agrarias reclaman un calendario claro para planificar trabajos.
En cuanto a la vigilancia, la Xunta potenciará la labor de los axentes forestales y las brigadas de extinción en coordinación con los concellos y la protección civil. A corto plazo, la prioridad es impedir incendios de origen humano —negligente o intencionado—; a medio plazo, el desafío es transformar la gestión del territorio para reducir la continuidad de combustibles. No se ha fijado una fecha para levantar la prohibición: la orden estará vigente «hasta nuevo aviso», en función de la evolución de los indicadores meteorológicos y del comportamiento del monte.
Desde el punto de vista legal, quienes incumplan la suspensión se arriesgan a sanciones administrativas y a responsabilidades penales en caso de provocar un incendio. Ya se han dado precedentes en Galicia de multas y procesos judiciales que buscaban frenar prácticas de alto riesgo. Las policías locales y los cuerpos autonómicos mantendrán patrullas preventivas en puntos considerados más vulnerables durante estos días.
La medida también abre una ventana para discutir soluciones estructurales: programas de empleo verde vinculados al manejo del monte, incentivos para la instalación de puntos de recogida de residuos vegetales, y promoción de cadenas cortas de biomasa. Algunos concellos costeros, preocupados por la afección a rutas turísticas y a pequeñas empresas forestales, ya trabajan en propuestas para compatibilizar la actividad rural con la seguridad contra incendios.
La decisión de la Xunta, aunque temporal, es una llamada de atención. Galicia entra en una época del año en la que la conjunción de factores meteorológicos y humanas puede convertir una negligencia en un desastre ambiental y económico. A la espera de que el riesgo descienda, la consigna es simple y repetida: no prender fuego en parcelas particulares, vigilar el monte y avisar al 085 ante el menor indicio de humo. La prevención, esa vieja política que a menudo figura en los papeles pero se olvida en la práctica, vuelve a ponerse por delante como herramienta imprescindible para proteger el paisaje y las vidas en el rural gallego.
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