La Organización Médica Colegial ha hecho público que en 2025 se registraron 879 agresiones a profesionales médicos en España, la cifra más alta desde que se recogen datos. Los ataques se concentran principalmente en consultas de Atención Primaria y las víctimas con más frecuencia son mujeres, según el informe presentado esta semana. La presentación incluyó testimonios de médicos agredidos y un llamamiento a reforzar la protección y los protocolos frente a la violencia en el ejercicio clínico. La exposición asistencial y la franja de edad de los agresores emergen como factores clave detrás del aumento.

El balance anual, compilado por los 52 colegios provinciales, sitúa ya en torno a las 9.000 las agresiones contabilizadas desde que se empezó a registrar el fenómeno hace 16 años. El informe destaca además un incremento en la gravedad: el índice de lesiones físicas alcanza el 19% de los casos en 2025, una subida significativa respecto al año anterior que los autores cifran en un 73% de incremento relativo. Los datos obligan a revisar no solo las medidas de prevención en los centros sanitarios, sino también la respuesta judicial y administrativa ante estos hechos.

Por ámbitos, la Atención Primaria concentra el 58,6% de las agresiones denunciadas, lo que evidencia la tensión que soportan las consultas y cupos de médico de familia. Las médicas sufren el 63,7% de los ataques a pesar de representar el 54,8% de la colegiación, una brecha de género que se mantiene en los últimos años. El informe relaciona el riesgo con la actividad clínica: los profesionales más jóvenes y de mediana edad, que sostienen la mayor carga asistencial, soportan también el mayor riesgo de sufrir agresiones.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

El testimonio aportado por Helena Sánchez, médica de Urgencias agredida en diciembre en un hospital comarcal de Puertollano, puso rostro humano al informe. Relató cómo trató de protegerse incorporándose en posición fetal mientras el paciente continuaba golpeándola, y admitió que las secuelas psicológicas son las que más le pesan. Su relato se sumó a otros casos anónimos para ilustrar el impacto físico y emocional sobre quienes prestan cuidados en condiciones de creciente inseguridad.

Los datos fueron presentados en rueda de prensa por José María Rodríguez Vicente, secretario general de la Organización Médica Colegial, al término de una jornada en la que también participaron representantes políticos, fuerzas y cuerpos de seguridad y entidades aseguradoras. Rodríguez Vicente puso el acento en la necesidad de coordinación institucional para prevenir episodios y mejorar la protección legal y administrativa de los sanitarios. En el encuentro se discutieron protocolos de actuación, formación en gestión de conflictos y mecanismos de denuncia más ágiles.

El informe subraya además la persistente infradenuncia: solo el 48,8% de las agresiones comunicadas a los colegios llega a formalizarse ante policía, guardia civil, cuerpos autonómicos o fiscales. La violencia no es exclusiva del sistema público: también se ha extendido a consultas privadas, con consecuencias para la práctica clínica en su conjunto. Otro dato llamativo es que ocho de cada diez episodios se producen en la consulta habitual, y casi la mitad de los agresores eran pacientes programados, lo que rompe el mito de que las agresiones se deben mayoritariamente al deterioro cognitivo.

Entre las consecuencias directas, el 13,5% de los profesionales agredidos precisaron baja laboral, y el informe insiste en el coste sanitario y asistencial de estos episodios. Más allá de las lesiones físicas, la atención se ve afectada por el aumento del absentismo, el desgaste profesional y la ansiedad en equipos que deben convivir con la percepción de riesgo. Los responsables colegiales reclaman medidas concretas para reducir la exposición y garantizar entornos de trabajo seguros.

Frente a los registros, los convocantes pidieron una batería de actuaciones que incluye protocolos homogéneos entre comunidades, campañas de concienciación para la ciudadanía, recursos de seguridad en centros y mayor agilidad en la tramitación de denuncias. Señalaron también la importancia de proteger especialmente a Atención Primaria, donde la cercanía con los usuarios y la presión asistencial elevan la vulnerabilidad. Mientras tanto, médicos y responsables institucionales advierten de que la tendencia al alza, si no se frena, amenazará la calidad y la continuidad de la atención sanitaria en todos los niveles.