En la Audiencia Provincial de Oviedo, este jueves 12 de marzo de 2026 las defensas del matrimonio acusado en el llamado caso de la «Casa de los horrores» de Fitoria han denunciado que tanto las instituciones como la sociedad han fallado a los menores y a sus progenitores. Los letrados defienden que la familia, compuesta por un hombre de 53 años de nacionalidad alemana, una mujer de 48 años estadounidense y sus tres hijos menores, permaneció aislada en el chalé casi cuatro años y que la reacción institucional debió ser distinta a la penal. Los abogados sostienen que la intervención policial y la apertura de la causa ocasionaron más perjuicio que beneficio a los pequeños.

Según la defensa, la Fiscalía solicita una pena de 25 años de prisión, una petición que consideran desproporcionada en relación con las circunstancias del caso. Los defensores han reclamado a la sala que se valore el contexto familiar y la posible vulnerabilidad de los padres antes de aceptar una criminalización inmediata. A su juicio, recurrir primero a la vía penal supuso romper una unidad familiar y estigmatizar a los menores en un momento en el que otras respuestas sociales y administrativas habrían sido más apropiadas.

El juicio ha entrado en una fase clave con la previsión de que ambos procesados declaren hoy ante el tribunal en inglés con asistencia de intérprete, una sesión que las defensas consideran esencial para que la pareja exponga su versión sin la contaminación que, dicen, tuvo la instrucción. Los letrados han insistido en que durante la fase de instrucción el caso quedó marcado por la interpretación inicial de la Policía Local, lo que condicionó la investigación y la percepción pública sobre lo ocurrido.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

El abogado que representa a la madre, Javier Muñoz, ha defendido que la primera respuesta del Estado fue penal cuando debería haber sido la última opción, y ha subrayado que la actuación policial y judicial sólo produjo daño a los menores y a sus padres. Por su parte, la defensa del padre, representada por Elena González, ha afirmado que la vista oral está permitiendo consolidar la tesis de inocencia de sus clientes y que la declaración ante el tribunal será determinante para aclarar los hechos.

Las defensas mantienen que la conducta de los progenitores se interpretó sin tomar en cuenta factores como el miedo al contagio tras haber sufrido el covid en varias ocasiones, motivo por el cual, según alegan, optaron por un autoaislamiento. Los abogados subrayan que esa decisión no se tomó con ánimo de causar daño a los hijos sino como una respuesta derivada de un temor que, en su opinión, fue desproporcionadamente penalizado por las autoridades.

Durante las jornadas precedentes se han practicado diversas pruebas periciales y, según los letrados, algunas de las declaraciones de los expertos han reforzado la hipótesis de la defensa. Aunque la información judicial disponible no ha hecho públicas todas las conclusiones de los peritos, las defensas han destacado que las pruebas técnicas permiten matizar la versión inicial que motivó la actuación policial y la instrucción.

El proceso, según han explicado las partes, se encuentra en su tramo final: quedan por practicarse la pericial de la psicóloga clínica, el interrogatorio de los acusados y los alegatos definitivos de las partes antes de que el tribunal pueda dictar sentencia. Los abogados han pedido que esas actuaciones se desarrollen con la máxima garantía para la familia, insistiendo en la necesidad de que la sala valore las pruebas con perspectiva y evitando que la prensa o la opinión pública influyan en la decisión judicial.

El caso ha suscitado una fuerte atención mediática y social en Oviedo y ha abierto el debate sobre cuál debe ser la respuesta institucional ante situaciones familiares complejas. Las defensas apelan ahora a que el tribunal permita a sus defendidos explicar con detalle las razones de su conducta y a que, una vez practicadas todas las pruebas, se valore si la vía penal fue la adecuada o si quedaron sin explorar alternativas de protección y apoyo social.