Las siete exmonjas de Belorado han comenzado a abandonar el convento burgalés a pocos días del desahucio ordenado por el Tribunal. La comisión judicial tiene prevista la ejecución el próximo jueves, 12 de marzo, a las 9:30 horas si el edificio no queda vacío antes.
Según su portavoz, Francisco Canals, dos de las religiosas están ya cargando enseres con un camión de mudanzas y el resto ha salido del cenobio, aunque algunas regresan puntualmente para colaborar. Como solución provisional, las religiosas se trasladan temporalmente al convento de Orduña (Bizkaia), a la espera de concretar un destino definitivo.
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Conoce más →## Traslado y calendario judicial
El proceso de salida se inició en la madrugada del lunes, con la llegada del portavoz y la coordinación de la mudanza.
Canals afirmó que las religiosas no estarán en el inmueble cuando la comisión judicial acuda el jueves. Serán los abogados quienes hagan entrega de las llaves a la autoridad competente.
El auto judicial proviene del Juzgado de Primera Instancia de Briviesca y marca un plazo que expira el mismo día 12. Si no hay salida voluntaria, el desalojo se ejecutará conforme al mandato.
## Ofertas recibidas y opciones sobre la mesa
La comunidad ha recibido cerca de treinta propuestas de alojamiento a través de una campaña pública para encontrarles una alternativa. Canals apunta que han seleccionado entre tres y cuatro inmuebles como posibles destinos, aunque ninguno está firmado.
- Regiones con ofertas: Asturias y Galicia
- Soluciones temporales: casas de familiares y el convento de Orduña
- Estado: ninguna opción cerrada por falta de tiempo
La intención de las religiosas es evitar una nueva situación de desalojo prolongado, por lo que consideran Orduña como un «puente» hasta concretar una solución estable.
## Declaraciones y trasfondo del conflicto
Una de las exreligiosas, identificada como sor Paloma, difundió un vídeo en el que denuncia una supuesta «persecución por la fe» ante las acciones legales del Arzobispado de Burgos.
En su mensaje, la religiosa asegura que las demandas judiciales persiguen silenciar a la comunidad porque «tienen algo que decir» que no interesa a las autoridades eclesiásticas. También mostró su agradecimiento por el apoyo ciudadano recibido.
Desde el ámbito judicial y eclesiástico, se mantienen abiertas varias reclamaciones relacionadas con la titularidad y uso de los inmuebles. El propio convento de Orduña, adonde se mudan temporalmente, también figura en una demanda por parte del Arzobispado, lo que añade incertidumbre a la solución provisional.
Los próximos días serán clave: si no se formaliza alguna de las ofertas seleccionadas, las religiosas quedarán fuera del edificio cuando la comisión judicial haga efectiva la orden.
La movilización social y las propuestas de alojamiento desde regiones como Galicia y Asturias mantienen la expectativa sobre un posible asentamiento definitivo en el norte peninsular. Sin embargo, por ahora predominan la provisionalidad y los recursos legales que acompañan al conflicto.
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