Las siete religiosas que se opusieron al Arzobispado de Burgos han comenzado a desalojar de forma voluntaria el convento de Belorado este lunes, a pocos días de que el Tribunal de Primera Instancia de Briviesca fije el desahucio para el jueves 12 de marzo a las 9.30 horas. Según su portavoz, han trasladado enseres a domicilios de familiares y a un convento en Orduña como solución provisional mientras buscan un alojamiento definitivo. La comunidad asegura que ha recibido una treintena de propuestas, muchas procedentes de Asturias y Galicia, aunque todavía no hay acuerdos firmes. El proceso se acelera por el límite temporal impuesto por la autoridad judicial y la presión de los recursos interpuestos por el Arzobispado.

Desde las inmediaciones del monasterio, Francisco Canals, portavoz de las exmonjas, explicó que dos de las religiosas estaban cargando pertenencias en un camión de mudanzas y que las otras cinco habían salido ya del edificio, aunque regresan puntualmente para completar la limpieza y el traslado. Canals insistió en que, aunque todavía estudian varias alternativas entre las ofertas recibidas, no permanecerán en Belorado cuando la comisión judicial acuda a ejecutar la orden. Los abogados de la comunidad serán quienes entreguen las llaves si no se concreta otra solución de última hora.

La decisión de moverse temporalmente al convento de Orduña (Bizkaia) responde a la falta de acuerdo en las opciones seleccionadas y al apremio del calendario judicial; sin embargo, esa sede ha sido descrita por el propio portavoz como un «puente» debido a que también pesa sobre ella una demanda de desalojo promovida por el Arzobispado. La comunidad prefiere evitar un enfrentamiento directo con la comisión judicial en Belorado y ganar tiempo para cerrar un traslado más estable en las próximas semanas.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Según el portavoz, las exreligiosas han recibido alrededor de treinta ofertas a través de la campaña abierta para buscar alojamiento alternativo, y han seleccionado entre tres y cuatro inmuebles que consideran adecuados, repartidos principalmente entre Asturias y Galicia. Ninguna de esas opciones está todavía formalizada, lo que explica la decisión de repartir pertenencias entre casas de familiares y el convento vizcaíno. Canals reconoció que el tiempo ha sido un factor determinante y que, pese a la intención de encontrar una solución definitiva, no han podido cerrar un acuerdo antes del día fijado por el tribunal.

Una de las integrantes del grupo, la religiosa que se identifica como sor Paloma, difundió un mensaje en vídeo en el que afirma que la comunidad sufre una persecución por su fe y denuncia múltiples acciones judiciales en su contra. En su intervención se muestra agradecida por el apoyo público que están recibiendo y sostiene que las actuaciones del Arzobispado buscan silenciar su voz, en términos que han añadido tensión a un conflicto ya de por sí judicializado. Sus declaraciones han contribuido a que la causa mantenga presencia mediática y reciba adhesiones y ofertas de alojamiento.

El conflicto entre la comunidad y el Arzobispado de Burgos se remonta a la disputa sobre la titularidad y el uso de inmuebles y a la sucesión de demandas presentadas por la diócesis. El caso ha pasado por distintos ámbitos judiciales y administrativos, y la orden del Tribunal de Primera Instancia de Briviesca marca por ahora el calendario más inmediato. Fuentes judiciales confirman que, si las religiosas no evacuan voluntariamente, la comisión ejecutará el desalojo en la fecha y hora señaladas.

En Belorado, la mudanza avanzó con trabajos de limpieza y embalaje que, según el portavoz, se prolongarán hasta la entrega formal del inmueble. Vecinos y personas que se han acercado a mostrar apoyo han seguido la salida de enseres y la carga en vehículos, mientras representantes de la comunidad siguen gestionando las ofertas recibidas desde distintos puntos del norte peninsular. La logística de un posible traslado a Galicia dependerá ahora de la firma de contratos o cesiones que las exmonjas esperan concretar en los próximos días.

La situación deja abierta la incógnita sobre el futuro inmediato de las religiosas: si bien Orduña sirve de alojamiento provisional, el riesgo de un nuevo procedimiento de desalojo allí mantiene la incertidumbre. Los servicios legales de la comunidad trabajan en las alternativas que puedan garantizar una estancia estable y evitar desplazamientos continuos, mientras colectivos y particulares en diversas regiones han mostrado disposición a acogerlas temporalmente.

El caso de Belorado plantea cuestiones sobre la gestión de bienes eclesiásticos y los límites de la intervención judicial en disputas internas de comunidades religiosas, y seguirá siendo objeto de seguimiento judicial y mediático en los próximos días. Para las exmonjas, la prioridad es ahora asegurar un lugar donde residir con tranquilidad mientras se resuelven las cuestiones legales pendientes y se negocia una solución definitiva.