Las mujeres que hasta hace poco vivían en el convento de Belorado, en la provincia de Burgos, están trasladando sus pertenencias para abandonar el edificio antes de que la Guardia Civil ejecute un desalojo ordenado por un juez, previsto para este jueves tras perder la batalla legal con la Iglesia. La decisión de desalojarlas responde a una resolución judicial que da la razón a la institución eclesiástica sobre la posesión del inmueble. Para evitar el desalojo forzoso, las exreligiosas han organizado una mudanza hacia el convento de Santa Klara de Orduña, donde esperan alojarse provisionalmente.

En las primeras horas del día, los muebles, enseres personales y algunos objetos religiosos comenzaron a ser cargados en vehículos con destino a Orduña, según pudieron comprobar fuentes presentes en el lugar. La operación se realiza bajo tensión y con la presencia de voluntarios y allegados que ayudan en el traslado; por el momento no se ha producido intervención policial, que está citada a actuar el jueves si las ocupantes no liberan las instalaciones. El traslado vuelve a poner en primer plano un conflicto que ha enfrentado en los tribunales a las exmonjas y a la jerarquía eclesiástica durante los últimos meses.

Las ocupantes han recibido el desalojo con ironía y protesta: «¡Hoy es el cumpleaños de Sor Sion y el Señor le regala un desahucio!», corearon mientras cargaban cajas, según relató una de las personas que ha acompañado la mudanza. La frase, vertida entre lágrimas y reproches, resume el dramatismo y la carga simbólica que tiene para ellas perder el espacio donde habían vivido comunitariamente. Algunas de las mujeres han explicado que su intención no es entrar en confrontación física, sino salir manteniendo su dignidad y trasladando lo esencial a la nueva casa.

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La disputa que ha desembocado en esta orden de desalojo se resolvió en los tribunales a favor de la institución religiosa, que reclamaba la titularidad y el derecho a disponer del inmueble. Tras agotar vías de recurso ordinarias, las exmonjas vieron confirmada la sentencia en instancias judiciales, lo que facilitó la emisión de la orden de lanzamiento. Fuentes jurídicas consultadas en el arranque del proceso explicaron que, una vez firme la resolución, la ejecución corresponde a las fuerzas de seguridad, que actúan para garantizar la seguridad durante el desalojo.

El convento de Belorado, ubicado en la comarca burgalesa, tiene una trayectoria vinculada a la vida religiosa local, pero en los últimos años fue escenario de un proceso de ruptura entre sus ocupantes y la jerarquía que reclama la titularidad. El caso ha suscitado el interés mediático por la singularidad de que se trate de exmonjas que se resisten a abandonar un edificio asociado históricamente a su vida comunitaria. Vecinos y conocidos han seguido con atención las labores de empaquetado y han mostrado expresiones de apoyo y pena por la situación vivida por las mujeres.

Desde el ámbito eclesiástico, la parte solicitante obtuvo una resolución favorable en los juzgados, aunque hasta ahora no han trascendido más detalles sobre los planes para el inmueble una vez quede libre. En el entorno de las exreligiosas insisten en que su intención es mantenerse unidas y buscar alojamiento que les permita continuar una vida comunitaria, aun fuera de Belorado. Representantes legalmente implicados en la causa señalaron que la vía judicial se agotó y que la ejecución de la sentencia es el paso previsto para restablecer la posesión.

La mudanza hacia Santa Klara de Orduña, a la que han empadronado como destino provisional, se plantea como una solución de urgencia que evita el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y reduce el impacto inmediato del desahucio. Allí pretenden conservar su modo de vida y, según algunas de las mujeres, reclamar después por otras vías lo que consideran justo. Organizaciones civiles y asociaciones locales han mostrado su atención sobre el caso, que relanza debates más amplios sobre patrimonio religioso, derechos de uso y la protección de colectivos vulnerables en procesos de desalojo.

Por ahora, la situación está en manos de la ejecución judicial: si este jueves la Guardia Civil accede al inmueble, será el cierre de una etapa y el inicio de otra para quienes lo ocupaban. Las exmonjas continuarán la mudanza y las gestiones para asentarse en Orduña mientras el conflicto legal queda, de momento, resuelto en los tribunales a favor de la Iglesia. Los acontecimientos dejan abierta la discusión pública sobre cómo se deben resolver en el futuro conflictos similares entre antiguos miembros de comunidades religiosas y las instituciones propietarias.