Las religiosas que, hace dos años, se separaron de la Iglesia conciliar abandonaron en la madrugada del jueves el monasterio de Santa Clara en Belorado, pocas horas antes del desahucio forzoso ordenado por la justicia. El traslado se produjo sobre las 2:46 de la madrugada del 12 de marzo de 2026 y, según su portavoz, se hizo con un gesto simbólico en el altar y con las luces apagadas. El desalojo estaba fijado por un juzgado de Briviesca para las 9:30, si bien finalmente las exmonjas entregaron las llaves a la autoridad judicial a través de su letrado. El grupo justifica su marcha como la búsqueda de un nuevo proyecto vital y denuncia maltrato y persecución por mantener sus convicciones religiosas.

Fuentes del entorno de las religiosas explican que la abadesa subió al altar, apagó la última vela y ordenó cerrar las instalaciones antes de la partida, en una escena que su portavoz definió como la culminación de un acto de dignidad. El representante del grupo, Francisco Canals, relató que las mujeres se retiraron de forma discreta y ordenada, amparadas por la noche, y añadió que se consideran ahora víctimas de una presión institucional por su decisión de romper con la Iglesia conciliar. Testigos y fotografías difundidas muestran además la presencia de una furgoneta de mudanzas en las horas previas.

La resolución judicial que avalaba el desahucio se dictó en el marco del litigio que las religiosas mantienen con la jerarquía eclesiástica desde que se declararon cismáticas. Según el relato de sus representantes, el abogado de las exmonjas fue quien entregó las llaves al juzgado de Briviesca, evitando así que el desalojo se ejecutase por la fuerza. El procedimiento judicial culmina un proceso de conflicto sobre la titularidad y el uso del inmueble que se prolonga desde la ruptura con el arciprestazgo local.

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Tras abandonar Belorado, algunas de las religiosas se han desplazado temporalmente al convento de Derio, en Álava, mientras que otras han aceptado alojamiento provisional en una residencia familiar en Toledo. Estas ubicaciones se consideran soluciones transitorias mientras las exmonjas examinan ofertas de acogida procedentes de distintos puntos de España y del extranjero. La organización que ha promovido la campaña de apoyo, bajo el lema queremosunconvento.com, ha facilitado una treintena de propuestas para recibirlas, aunque no todas reúnen condiciones de habitabilidad.

Desde su entorno insisten en que muchas de las ofertas pendientes requieren reformas, carecen de las condiciones mínimas para una vida comunitaria o están vinculadas a órdenes y propiedades aún bajo control de la Iglesia conciliar, lo que, según ellos, podría dificultar su asentamiento. Además, han admitido que estudian incluso opciones fuera de España: Francia o Nueva York figuran entre los destinos que no descartan evaluar si no encuentran un espacio que les permita seguir viviendo en comunidad con autonomía. La búsqueda de un nuevo lugar es, por tanto, un proceso abierto y con incertidumbres logísticas y económicas.

El conflicto ha suscitado reacciones encontradas: mientras las seguidoras y simpatizantes de la causa han promovido campañas de apoyo y peticiones de donaciones, representantes eclesiásticos han defendido la legitimidad de las decisiones judiciales y la titularidad canónica de los bienes afectados. La controversia pone además de relieve las dificultades legales y administrativas que implican las salidas colectivas de comunidades religiosas que se disocian de las estructuras oficiales de la Iglesia. Juristas consultados subrayan que estos procesos suelen prolongarse en el tiempo y generan tensiones entre iglesias locales, tribunales y comunidades civiles.

En Belorado siguen en pie las incógnitas sobre el futuro inmediato del edificio y sobre cómo se gestionará su uso tras el desalojo material de las exmonjas. Las autoridades judiciales procedieron a hacerse con la posesión conforme al auto, pero deberán decidir los pasos administrativos y eclesiásticos que correspondan respecto al inmueble. Mientras tanto, las exreligiosas sostienen que su objetivo principal es garantizar la continuidad de su forma de vida en comunidad, aun cuando ello suponga trasladarse fuera del país o aceptar soluciones provisionales hasta encontrar un convento propio.

El episodio cierra una etapa de enfrentamiento abierto entre este grupo y la Iglesia conciliar que comenzó hace dos años y que ha ido acumulando episodios judiciales, comunicados y movilizaciones públicas. En su entorno insisten en que la salida se ha producido sin estridencias y con intención de preservar la integridad del lugar, pero la liturgia simbólica y las palabras de sus portavoces han reforzado la narrativa de persecución que difunden entre sus seguidores. La búsqueda de un nuevo hogar y las negociaciones sobre posibles acomodos continuarán en las próximas semanas mientras las partes discuten las consecuencias del conflicto.