En A Coruña, organizaciones sociales y servicios municipales advierten de que la crisis de la vivienda ha desbordado los recursos disponibles, con una demanda creciente de alojamientos estables y soluciones que vayan más allá de la pernocta en albergues. Desde finales de 2023 y a lo largo de 2024, la presión sobre los programas de inserción y las plazas municipales se ha acentuado, obligando a ampliar criterios y buscar alternativas habitacionales. Las entidades apuntan a factores estructurales del mercado del alquiler y a la falta de parque público como causas que dificultan la salida de las personas en riesgo de exclusión. La situación se reproduce en otras ciudades gallegas de tamaño medio, donde las respuestas siguen siendo fragmentadas y provisionales.

Varias ONG y proyectos locales, entre ellos Sor Eusebia, Casco, la Asociación Provivienda y la Fundación Hogar Sí, coordinan esfuerzos para ofrecer opciones de vivienda temporales y apoyos integrales. El Ayuntamiento de A Coruña también participa con programas y la empresa municipal Emvsa dispone de 42 pisos destinados a colectivos vulnerables, una cifra que las asociaciones consideran insuficiente. El grupo municipal del PP ha denunciado además que un elevado porcentaje del parque de alquiler se ha retirado del mercado, un factor que tensiona aún más la búsqueda de soluciones estables. Frente a esta realidad, muchas entidades reclaman políticas públicas de mayor alcance y recursos permanentes.

Para los profesionales que trabajan en primera línea, la emergencia no siempre se traduce en personas durmiendo a la intemperie, sino en situaciones de «sinhogarismo oculto» que complican la intervención. Así lo explica Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica, quien subraya que muchas personas se sostienen temporalmente en viviendas de amigos o familiares, ocupaciones puntuales o estructuras abandonadas. Este tipo de precariedad, señala, impide el acceso a contratos estables: las exigencias del mercado —fianzas, seguros de impago y avales— actúan como barrera para quienes dependen de prestaciones sociales. Además, se observa el fenómeno de la llamada «cama caliente», con rotación diaria en habitaciones que impide la estabilidad.

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La respuesta de las entidades no se limita a ofrecer techo inmediato, sino a combinar alojamiento con itinerarios de recuperación social. Explica Lara Caamaño, técnica de Provivienda, que su proyecto, iniciado en 2018 en colaboración con la entonces Fundación Rais —hoy vinculada a Fundación Hogar Sí—, concibe la vivienda como punto de partida para reconstruir proyectos de vida. El enfoque incluye seguimiento social, apoyo para la inserción laboral y mediación con caseros para facilitar la permanencia. Sus responsables defienden que asegurar una vivienda digna reduce la reincidencia en situaciones de exclusión y mejora el acceso a otros recursos.

Sin embargo, los programas encuentran límites prácticos: la escasez de pisos disponibles a precios asequibles, la reticencia de propietarios a alquilar a personas con ayudas públicas y la falta de fondos estables para contratos puente obstaculizan la permanencia. Las ONG sostienen que, pese a que muchas personas cobran alguna prestación, los requisitos del mercado inmobiliario impiden formalizar contratos con regularidad. Por ello, las entidades promueven fórmulas como alquileres sociales, avales públicos y acompañamiento directo para reducir la incertidumbre de los caseros.

La precariedad también se visualiza en lugares concretos, como la promoción abandonada de Fontenova en la avenida de Finisterre, donde el hallazgo de asentamientos improvisados y el accidente grave de una mujer el 28 de febrero de 2024 pusieron de relieve los riesgos de las ocupaciones en edificios en ruina. Escenas como esa sirven de recordatorio de que la falta de alternativas empuja a muchas personas a soluciones peligrosas y temporales. Las ONG subrayan que actuar solo sobre los episodios visibles no soluciona la raíz del problema.

A la espera de una ampliación del parque público, las organizaciones demandan mayor coordinación entre administraciones y el tercer sector para optimizar camas, pisos y recursos de acompañamiento. En ciudades mayores el problema se manifiesta con otras dimensiones, pero en urbes medianas como A Coruña, Gijón u Oviedo la estrechez del mercado y la dispersión de recursos generan cuellos de botella que obligan a priorizar casos más urgentes. Técnicos y responsables municipales reconocen la necesidad de planes con horizonte plurianual y financiación estable para atender la demanda creciente.

Entre las propuestas que circulan en el sector figuran la agilización del acceso a prestaciones, el incremento del parque social, instrumentos públicos de aval y seguros para propietarios y medidas que desincentiven la retirada masiva de inmuebles del alquiler. Las ONG advierten también sobre la importancia de políticas preventivas para evitar desahucios y situaciones de pérdida de hogar. Sin estas medidas, alertan, la presión sobre servicios sociales y albergues solo irá en aumento.

Mientras tanto, trabajadores sociales y entidades continúan ofreciendo alternativas allí donde pueden, pero admiten estar al límite de su capacidad. Reclaman una respuesta política más ambiciosa que acompañe los proyectos de inserción con recursos materiales y legales suficientes para que la vivienda deje de ser un problema que se transmite de generación en generación. Sin ese respaldo, el llamado «techo» seguirá siendo para muchas personas un objetivo inalcanzable y la emergencia social, una constante en las calles de la ciudad.