El Líbano vive una nueva oleada de violencia que ha dejado centenares de muertos y miles de desplazados desde principios de marzo de 2026, cuando se intensificaron los choques entre las milicias de Hezbollah e Israel. Los enfrentamientos estallaron tras un bombardeo israelí contra un supuesto refugio donde se encontraba un alto dirigente iraní, según diversas versiones, y la respuesta de Hezbollah se produjo con ataques contra objetivos en territorio israelí. En reacción, las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado sistemáticamente zonas del sur libanés y barrios de Beirut, mientras la población civil se ve obligada a huir o a buscar cobijo en refugios improvisados. La comunidad local y organizaciones humanitarias advierten del riesgo de una escalada regional que convierta a Líbano en un escenario permanente de conflicto.

Desde hace años, el sur del país está fuertemente controlado por Hezbollah, que actúa como actor armado e interlocutor político, y sus proyectiles han alcanzado bases y ciudades israelíes, incluidos ataques próximos a Tel Aviv. El Ejército israelí, por su parte, asegura que avisa con antelación de los objetivos que va a atacar para que la población civil pueda desalojar las zonas amenazadas, pero esas advertencias no han evitado una elevada cifra de víctimas mortales y daños materiales. Las autoridades libanesas y fuentes médicas han contabilizado hasta ahora alrededor de seiscientos fallecidos, según recuentos difundidos por medios regionales, aunque las cifras varían y los equipos de rescate siguen trabajando. El balance provisional refleja la gravedad del choque y la dificultad para proteger a civiles en un territorio densamente poblado.

En barrios de Beirut y en poblaciones del sur se percibe una sensación generalizada de hastío y resignación: «No es nuestra guerra», repiten vecinos que ven cómo la violencia arrastra a un país que hasta hace décadas fue referente de estabilidad en la región. Cientos de familias han salido de sus hogares y los campos de deporte, centros escolares y edificios públicos se han transformado en albergues temporales para los desplazados. Las imágenes de calles devastadas y barrios semiabandonados recuerdan a los sectores más castigados de otros conflictos en Oriente Medio y ponen de manifiesto la fragilidad de la infraestructura civil. La precariedad económica, que ya golpeaba a la población antes del reciente recrudecimiento, se agrava con cada ola de bombardeos.

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Históricamente, el Líbano llegó a ser conocido como la «Suiza de Oriente» por su diversidad, su economía y su atractivo para la inversión extranjera en el Mediterráneo occidental; hoy esa etiqueta se percibe como una memoria lejana. La llegada masiva de refugiados procedentes de Siria y las secuelas de años de confrontaciones internas y regionales han erosionado el tejido social y la capacidad del Estado para ofrecer seguridad. La economía, ya debilitada por crisis bancarias y de liquidez previas, no soporta fácilmente nuevos desplazamientos masivos ni la destrucción de infraestructuras básicas. Para sectores enteros de la población, la prioridad inmediata es la supervivencia y la recuperación mínima de servicios esenciales.

El Líbano es desde hace tiempo un tablero donde se cruzan intereses de distintas potencias y actores regionales: las tensiones entre Irán e Israel se trasladan a través de aliados y milicias, mientras que Estados Unidos, Rusia y China observan y, en ocasiones, intervienen desde frentes diplomáticos divergentes. Esa dinámica de influencias convierte cada incidente en un posible detonante de una escalada más amplia, con el riesgo añadido de arrastrar a otros actores regionales o a grupos palestinos asentados en el sur libanés. La población libanesa, atrapada entre facciones y alianzas externas, paga el precio de esos equilibrios estratégicos en forma de vidas perdidas y hogares destruidos. La complejidad geopolítica complica cualquier solución inmediata y exige una contención que, hasta ahora, no llega.

En el terreno humanitario, las organizaciones locales e internacionales alertan sobre la necesidad urgente de suministros médicos, alimentos y refugio adecuado para las familias desplazadas. Los hospitales de Beirut y del sur trabajan al límite de su capacidad para atender heridos y gestionar bajas por bombardeos, y los corredores humanitarios resultan difíciles de establecer en medio de hostilidades continuas. La interrupción de servicios básicos como electricidad y agua potable añade una capa más de urgencia a la crisis, mientras las temperaturas nocturnas y la falta de instalaciones adecuadas aumentan el riesgo sanitario. El acceso de la ayuda a las zonas más afectadas dependerá en gran medida de la reducción de las hostilidades y de acuerdos mínimos entre las partes.

Las incursiones y contraataques han desplegado además un clima de inseguridad que dificulta la vida cotidiana: escuelas clausuradas, negocios paralizados y una economía local en estado de estancamiento. Muchos libaneses temen que la prolongación del conflicto mine el ya frágil consenso nacional y profundice las divisiones internas, mientras otros reclaman que las fuerzas políticas prioricen la protección de la ciudadanía. La capacidad del Estado libanés para controlar la situación se ve mermada por la influencia de actores armados no estatales y por la inestabilidad política. Esta combinación aumenta la sensación de que el país sufre un daño colateral de disputas externas más que un conflicto estrictamente interno.

Ante la escalada, se multiplican los llamamientos internacionales para evitar una conflagración mayor y proteger a la población civil, aunque la eficacia de estas solicitudes depende de la disposición de los actores en el terreno a rebajar la tensión. Mientras tanto, el Líbano afronta el reto inmediato de atender a los desplazados y recuperar la normalidad allí donde sea posible, una tarea que exigirá recursos y consenso político. Para muchos libaneses, la prioridad es volver a la seguridad mínima y reconstruir unas vidas que la región, una y otra vez, transforma en daño colateral.