En la primera sesión del juicio celebrado el martes 10 de marzo de 2026 en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, los defensores del matrimonio acusado de mantener a tres menores recluidos durante casi cuatro años pidieron la absolución y defendieron que no existió un delito sino un aislamiento voluntario de la familia. Los padres, un hombre de 53 años de nacionalidad alemana y una mujer de 48 años con pasaporte estadounidense y también alemán, se sientan en el banquillo por hechos que la Fiscalía califica como violencia psicológica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal. La acusación solicita penas que suman 25 años y cuatro meses de prisión. La causa, que saltó a la luz en abril del año pasado cuando la policía entró en la vivienda, mantiene la atención mediática y social en Asturias.

Los letrados que representan a los acusados insistieron en la sala en que la descripción inicial de la vivienda por parte de algunos agentes quedó marcada por una expresión sensacionalista que no refleja la realidad que, a su juicio, se demostrará durante el juicio. La Fiscalía sostiene que los menores, entonces dos gemelos de ocho años y un hermano de diez, fueron sometidos a privaciones y a un control que equivaldría a una privación de libertad. El Estado pide, además de las penas de prisión, medidas orientadas a la protección de las víctimas por los presuntos daños psicológicos derivados de la convivencia bajo esas condiciones.

La defensa replicó que la residencia, un chalé en la zona de Fitoria, fue el escenario de una decisión familiar de recluirse del exterior y no un lugar de maltrato sistemático. Según los abogados, los progenitores optaron por una forma de vida hermética y estricta que puede calificarse como excéntrica u heterodoxa, pero no como criminal. Fue precisamente ese aislamiento voluntario, dijo la representación de los acusados, lo que explica la situación y no una intención deliberada de causar daño o abandono.

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Javier Muñoz Pereira, abogado de la madre, defendió ante la audiencia que los progenitores no abandonaron a sus hijos sino que se volcaron en su cuidado desde su propia concepción de la crianza, por muy controvertida que resulte. Muñoz Pereira reclamó que la causa no debería haberse llevado por la vía penal y que la intervención más adecuada habría sido la de los servicios sociales, que hubiesen abordado la situación de forma gradual y asistida. En su intervención, el letrado pidió a la sala una absolución con el argumento de que la conducta atribuida no alcanza el umbral del delito.

La defensa del padre, ejercida por Elena González, apeló asimismo a la presunción de inocencia y solicitó que el tribunal valore todas las pruebas con imparcialidad, además de subrayar la falta de antecedentes. González explicó que la estrategia de la defensa pasa por demostrar que la intervención policial y mediática introdujo una lectura sesgada de los hechos que ahora deben ser contrastados en el proceso. Ambos abogados advirtieron de que el asunto debería haberse gestionado prioritariamente por los recursos de protección y no por la vía penal.

En el escrito de la Fiscalía, que dio pie a la apertura del juicio oral, se acusa a los padres de mantener a los tres menores en condiciones que generaron un aislamiento prolongado y de someterlos a un trato que habría provocado daño psíquico. La acusación no solo pide años de cárcel, sino también medidas que impidan la repetición y garanticen la protección de los menores, en línea con la normativa sobre violencia en el ámbito familiar. La parte contraria defenderá la ausencia de elementos constitutivos de los delitos imputados y la falta de prueba sobre secuelas psicológicas graves.

Los defensores anunciaron que, si el tribunal opta por la absolución, solicitarán la restitución gradual de la custodia a los padres y su reintegración como núcleo familiar con apoyos, un planteamiento que choca con la tesis de la Fiscalía y con la preocupación de entidades y vecinos que conocieron el caso. En la sesión se plantearon igualmente cuestiones sobre el papel que tuvieron los servicios sociales y la policía en la detección y gestión del caso, un debate que podría abrir líneas de investigación sobre protocolos y coordinación institucional.

La vista continuará con la práctica de pruebas periciales y la declaración de testigos y expertos, que deberán aclarar el alcance del supuesto daño a los menores y las circunstancias del aislamiento. Los magistrados deberán valorar, además, la proporcionalidad de la respuesta penal frente a una situación que, según la defensa, tenía un fuerte componente de elección familiar. El proceso se ha convertido en un foco de atención por las implicaciones que tiene en la discusión pública sobre la protección de la infancia y los límites de la autonomía parental.