Los accidentes con patinetes en Galicia suben un 8,1% en 2025: 40 siniestros y siete heridos graves

Galicia cerró 2025 con 40 accidentes protagonizados por patinetes eléctricos, un incremento del 8,1% respecto al año anterior, según el avance estadístico hecho público por la Fundación Mapfre. De esos siniestros al menos 7 resultaron en heridas graves y se registraron 2 incendios de vehículos de movilidad personal; en cambio, la Comunidad no tuvo víctimas mortales, frente a las 19 contabilizadas a nivel nacional.

Aumento y balance de 2025

Los números son claros y trazan una realidad conocida en las calles gallegas: la presencia de vehículos de movilidad personal (VMP), sobre todo patinetes eléctricos, se ha normalizado, pero no siempre con la seguridad suficiente. Las 40 incidencias de 2025 recogen choques con otros vehículos, atropellos en entornos urbanos y caídas por diferentes causas: superficies resbaladizas, aceras estrechas o maniobras indebidas. Los siete casos de gravedad recuerdan que, aunque compactos y aparentemente inofensivos, estos aparatos pueden provocar lesiones severas.

En ciudades como Vigo o A Coruña, donde la convivencia entre coches, bicis y patinetes es ya cotidiana, la estadística refleja también problemas de ordenación del espacio público. No es la primera vez que el debate reaparece en Galicia: en la última década, el crecimiento de la micromovilidad ha planteado tensiones entre peatones, comerciantes y administraciones municipales a la hora de decidir dónde puede o no puede circular un VMP y a qué velocidad.

Además de los heridos, los incendios —dos en el territorio gallego en 2025— han encendido las alarmas por los riesgos asociados a baterías de litio mal conservadas o cargadas incorrectamente. En varios países europeos se han documentado casos similares con consecuencias graves, lo que sitúa la gestión del mantenimiento y la educación de usuarios en el centro del debate.

Una normativa estatal que llega con obligaciones

El año 2026 trajo un cambio de marco: la nueva normativa estatal impone la inscripción obligatoria de los VMP en el Registro Nacional de Vehículos gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT), la obligatoriedad de disponer de seguro de responsabilidad civil y el uso del casco. El registro, según explica el propio organismo, es requisito indispensable para poder contratar el seguro, y la etiqueta identificativa del vehículo será obligatoria una vez se obtenga el certificado.

«Durante los primeros días en los que se estableció esta inscripción eran unos 1.500 patinetes los que se contabilizaban cada jornada. En la actualidad, dos meses después, ya son unos 3.000 diarios», señalan fuentes de la DGT.

La Administración calcula que, a medio plazo, la cifra de inscripciones aumentará: la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Real Decreto fija como objetivo llegar a unos 225.000 vehículos registrados este año, sobre un parque estimado en alrededor de 4 millones de VMP circulando por vías urbanas en España. La discrepancia entre el número total estimado y los registros iniciales pone de manifiesto la magnitud del desafío administrativo y de concienciación.

En términos sancionadores, la ley sobre responsabilidad civil y seguro contempla multas de entre 202 y 610 euros por no disponer del seguro obligatorio; y por circular sin él, importes que oscilan entre 250 y 800 euros en función de si el patinete se considera vehículo personal ligero o, por superar ciertos parámetros, vehículo a motor —umbral fijado en 25 kilogramos de peso y más de 14 kilómetros/hora de velocidad—.

Reglas locales, convivencia y retos en las ciudades gallegas

La ley estatal fija mínimos, pero las autoridades locales gallegas han ido marcando su propio paso. Vigo mantiene restricciones notables: exige ropa reflectante y prohíbe la circulación por grandes ejes como la Gran Vía o Castelao. A Coruña y Ferrol han optado por ser más estrictas en zonas peatonales —parques y plazas—, Ourense limita la velocidad a 10 kilómetros por hora en esos espacios y Santiago, desde hace tiempo, prohíbe los patinetes en la zona monumental.

Pontevedra, que hace años convirtió buena parte de su centro en un laboratorio de peatonalización, impide asimismo la circulación de VMP en calles de plataforma única, siguiendo la filosofía de reducir el dominio del vehículo motorizado en favor del peatón. Ese mosaico normativo es razonable desde la perspectiva municipal, pero obliga al usuario a informarse sobre reglas locales que varían de una calle a otra, lo que complica la labor policial y de educación vial.

En la práctica, los retos son múltiples: las flotas de alquiler, la segunda mano, la importación de modelos no homologados y la mezcla de usuarios ocasionales y habituales. La implantación del registro y del seguro obligará a un proceso de adaptación que, según técnicos de tráfico consultados en distintas ciudades, puede ser lento y exigirá campañas de inspección y pedagogía.

Además, no conviene olvidar el factor infraestructura. Galicia ha avanzado en carriles bici y pacificación de algunas calles, pero quedan tramos con pavimentos deficientes, intersecciones peligrosas y escasez de aparcamientos para VMP. Esa carencia contribuye a maniobras arriesgadas y a conflictos con peatones, especialmente en horarios de alta afluencia turística o de peregrinos en ciudades como Santiago.

La cifra de 40 siniestros en 2025 no debe leerse solo como una estadística: es el reflejo de una movilidad que cambia más rápido que la normativa y que sigue arrastrando riesgos evitables. Las nuevas reglas aportan herramientas —registro, seguro, casco— pero su eficacia dependerá de la capacidad de las administraciones para implementarlas, de la respuesta de las empresas de alquiler y de la responsabilidad individual de los usuarios.

En Galicia, donde la distribución del espacio urbano y la protección del peatón han ganado peso en la agenda pública en la última década, la micromovilidad puede ser una oportunidad para mejorar la conexión entre barrios y reducir emisiones. Para que lo sea sin pérdidas humanas ni heridas evitables hará falta, sin embargo, algo más que etiquetas: formación, controles y un urbanismo que no deje a la improvisación la convivencia entre todos los que transitan nuestras calles.