Galicia cerró 2025 con un repunte de los siniestros que implican vehículos de movilidad personal: 40 accidentes contabilizados, un aumento del 8,1% respecto al año anterior y, al menos, 7 personas con heridas de carácter grave. Los datos proceden del informe provisional sobre siniestralidad en VMP elaborado por la Fundación Mapfre, que también apunta a dos incendios vinculados a estos dispositivos en la Comunidad.

Balance regional: cifras, lesiones y ausencias

El crecimiento de accidentes en Galicia se produce en un escenario en el que estos vehículos han pasado de ser una rareza a formar parte del paisaje urbano. Aunque la cifra de siniestralidad aumentó, cabe recordar que ninguna de las 19 víctimas mortales registradas a nivel nacional en 2025 por accidentes de patinete tuvo como escenario tierras gallegas. Aun así, la presencia de heridos graves llama la atención: siete casos que, según fuentes sanitarias consultadas en Santiago, han requerido intervenciones hospitalarias y, en algún caso, ingreso en unidades de Traumatología.

Los dos incendios registrados en la Comunidad son otro foco de preocupación que acompaña al alza de los atropellos entre vehículos ligeros y VMP. Los bomberos que atendieron uno de esos incendios en las afueras de Vigo relataron que el origen parecía estar relacionado con la batería del patinete, un problema que ha saltado a la agenda de seguridad en varias ciudades.

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En las calles gallegas la combinación de calzadas estrechas, aceras irregulares en casco histórico y un aumento de usuarios jóvenes y ocasionales crean un cóctel de riesgo. No es lo mismo maniobrar por la Gran Vía de Vigo —donde los ayuntamientos locales han impuesto limitaciones— que por las calles empedradas del casco viejo de Santiago o las plataformas únicas de Pontevedra.

Normativa estatal, inscripción y controles: qué cambia en 2026

La sensación de que las reglas del juego estaban cambiando se confirmó con la nueva normativa estatal que entró en vigor en 2026. El Real Decreto obliga a disponer de un seguro de responsabilidad civil y a inscribir los VMP en el Registro Nacional de Vehículos que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT), organismo dependiente del Ministerio del Interior. Además, la obligación del uso del casco pretende reducir la severidad de las lesiones en colisiones y caídas.

El registro y la etiqueta identificativa son pasos administrativos que buscan atar el vehículo a un responsable. Durante los primeros días del procedimiento, fuentes de la DGT informaron que la inscripción alcanzó niveles de aproximadamente 1.500 patinetes diarios; dos meses después, ese ritmo se había duplicado hasta cerca de 3.000 inscripciones diarias. La intención de Tráfico, según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, es llegar a unos 225.000 registros a lo largo del año.

La dimensión del parque en España complica la tarea: se estima que hay más de 4 millones de VMP circulando por las vías urbanas, entre patinetes, segways y otros dispositivos ligeros. La ley prevé sanciones económicas para los que no cumplan: la falta del seguro puede sancionarse con entre 202 y 610 euros, y circular sin seguro con multas que oscilan entre 250 y 800, en función de la clasificación del vehículo y su peso.

Reglas locales, realidades diversas y retos de convivencia

Galicia no es homogénea en su respuesta regulatoria: muchas ciudades adelantaron la normativa nacional con ordenanzas municipales más exigentes. Vigo, por ejemplo, exige ropa reflectante y prohíbe el tránsito por avenidas como la Gran Vía o Castelao. A Coruña y Ferrol aplican restricciones severas en zonas peatonales, mientras que Ourense limita la circulación a 10 kilómetros por hora en determinados espacios. En Santiago la circulación en la zona monumental está vedada, y en Pontevedra los VMP no pueden transitar por calles de plataforma única, al igual que los coches.

Estas diferencias no son caprichosas. La orografía de muchas ciudades gallegas, con barrios históricos y rampas pronunciadas, exige normas adaptadas. Sin embargo, la convivencia efectiva depende también de inversión en infraestructuras: carriles segregados, zonas de aparcamiento ordenadas y mejoras en la señalización. En localidades con peatonalización avanzada, como Pontevedra, la convivencia ha mejorado; en otras, la falta de carriles específicos obliga a compartir espacio con automóviles o peatones, lo que multiplica el riesgo.

El mercado asegurador ya mira al nuevo segmento con interés. La obligación de seguro crea demanda, pero también plantea dudas sobre la cobertura y el coste para usuarios particulares frente a flotas de alquiler, que se reparten la mayor parte del uso urbano en ciudades grandes. Para muchos usuarios particulares, la gestión de la inscripción y la obtención de la etiqueta serán el primer contacto con una responsabilidad legal hasta ahora difusa.

En clave local, los ayuntamientos tendrán que decidir si endurecen aún más las ordenanzas o coordinan controles con la DGT. La cifra objetivo de 225.000 registros que maneja Tráfico parece ambiciosa si se compara con la magnitud estimada del parque, y la capacidad de inspección y sanción en el terreno será determinante para que la normativa surta efecto. Los primeros meses de aplicación suelen marcar la pauta: la DGT ya ha acelerado el procedimiento administrativo, pero quedan por definir campañas específicas de información y control en Galicia.

Mirando al futuro, la reducción de la siniestralidad no vendrá solo de multas y registros. Formación para usuarios, campañas en institutos y programas municipales que fomenten el uso del casco y la conducción responsable serán claves. Además, la planificación urbana, con itinerarios seguros y puntos de recarga certificados, puede evitar incendios y reducir colisiones. Galicia, con ciudades tan dispares como Vigo y Ourense, afronta ahora el reto de armonizar seguridad y movilidad sostenible sin perder de vista el paisaje urbano que caracteriza a la Comunidad.