La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) presentó el 13 de marzo de 2026 ante el ourense-frena-obras-y-espanta-a-las-empresas/" title="Concello">Concello de Ourense un plan para compensar a los pequeños comercios que han sufrido pérdidas por las obras en las calles, proponiendo rebajas fiscales mientras se prolonguen las intervenciones. La iniciativa busca aliviar la caída de clientes y facturación que, según el colectivo, amenaza la supervivencia de negocios locales. El plan plantea reducciones directas en impuestos y tasas municipales para quienes acrediten una pérdida significativa de ingresos. La medida llega en un contexto de obras urbanas prolongadas y negocios que denuncian efectos negativos en su actividad.

Según explicó el presidente de la asociación, Eduardo Abad, la propuesta incluye una rebaja mínima del 50% en tributos como el IBI, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el ICIO y el IVTM, y plantea también exenciones en tasas como las de basuras y agua. La UPTA fija como requisito que los solicitantes hayan registrado una caída de al menos el 20% de su facturación para poder acceder a estas ayudas. La documentación exigida, señalaron, consistiría en una declaración responsable de las pérdidas, la justificación contable o fiscal correspondiente, el alta censal y la licencia de actividad, junto con un informe técnico municipal que confirme la afección por las obras.

El plan recoge además un compromiso del propio ayuntamiento para resolver las solicitudes en un plazo máximo de dos meses, un plazo que el colectivo considera imprescindible para no asfixiar la liquidez de los negocios. UPTA subraya que estas medidas deben aplicarse mientras duren las intervenciones urbanísticas que impidan el normal desarrollo comercial, y reclama una gestión ágil que evite trámites burocráticos excesivos. Para la asociación, la protección del tejido comercial debe ser una prioridad en la planificación de obras públicas.

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En su exposición al gobierno local, la UPTA insistió en la necesidad de cambiar la estrategia municipal hacia los trabajadores por cuenta propia y el pequeño comercio, ya que, en su opinión, la ciudad ha perdido comercios en los últimos años. La asociación calcula que Ourense ha perdido cerca de 200 establecimientos en los últimos tres años y recuerda que en la ciudad hay más de 7.000 autónomos cuya viabilidad podría verse afectada por intervenciones prolongadas. Abad advirtió de que, sin medidas de apoyo, muchas actividades podrían cerrar o trasladarse, con el consiguiente efecto en el empleo y la oferta comercial.

El grupo municipal del PSOE recibió el plan y se comprometió a llevar la iniciativa al próximo pleno ordinario, según trasladó la portavoz socialista, Natalia González. González criticó la falta de implicación y planificación del ejecutivo local y señaló que el Ayuntamiento tiene margen para adoptar iniciativas que mejoren la situación económica de la ciudad. En su opinión, un plan de compensaciones amplio, que incluya también exenciones en servicios básicos, podría equilibrar la necesaria modernización urbana con la protección del comercio tradicional.

El contexto de las obras en Ourense incluye intervenciones visibles y polémicas, como el socavón en la rúa Pena Trevinca y parálisis de obras en avenidas principales por problemas de pago, hechos que nutren la preocupación del sector comercial. Comerciantes consultados por la asociación relatan pérdidas de clientela cuando las obras prolongan cortes de calle o limitan el acceso a locales, situaciones que se agravan cuando las actuaciones se solapan o se ejecutan sin información suficiente. La UPTA reclama, además de las ayudas, mayor planificación y comunicación por parte del Concello para coordinar los trabajos con la actividad económica.

Fuentes municipales, por el momento, no han emitido una decisión formal sobre la propuesta, y habrá que esperar al pleno para conocer la postura oficial del gobierno local y el alcance de las posibles exenciones. El debate plantea también preguntas prácticas sobre el coste para las arcas municipales y los criterios técnicos que deben regir la concesión de reducciones fiscales, aspectos que serán centrales en las negociaciones políticas. La UPTA confía en que la propuesta encuentre apoyo suficiente para convertirse en norma y no en un mero acuerdo puntual.

En cualquier caso, el debate pone sobre la mesa la tensión entre la necesidad de modernizar infraestructuras urbanas y la obligación de proteger el ecosistema comercial que sostiene barrios y centros urbanos. Para muchos empresarios de Ourense, la clave estará en que las medidas que se aprueben sean rápidas, fáciles de tramitar y efectivas en el corto plazo, de modo que las obras no supongan un coste irreversible para el comercio local.