Los audios de los técnicos de Redeia reabren la polémica del apagón y sitúan a Beatriz Corredor en el ojo del huracán

Unos registros sonoros reproducidos ante la Comisión del Senado han encendido de nuevo la polémica por el apagón del pasado 28 de abril de 2025. En las conversaciones, técnicos de la compañía que gestiona la red eléctrica pronuncian expresiones que revelan alarma y pérdida de control mientras la red se iba desconectando. La difusión de esos audios ha servido de munición al PP, que exige la dimisión inmediata de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, a la que acusa de ignorar alertas, operar mal, ocultar información y negarse a asumir responsabilidades.

Los audios y la comparecencia de la presidenta

La sesión en la Comisión del Senado se convirtió en un choque entre la técnica y la política. Frente a los senadores compareció Beatriz Corredor para explicar la actuación de la empresa el día del corte masivo, en el que además se produjeron fallos en las comunicaciones que dificultaron la gestión de la emergencia. Los fragmentos de audio, ahora incorporados al expediente de la comisión, recogen a varios operarios constatando la desconexión progresiva de elementos clave de la red y tratando de coordinar una respuesta en condiciones difíciles, con órdenes cruzadas y dudas sobre la secuencia de maniobras.

Uno de los pasajes más contundentes —que circuló con rapidez entre los asistentes— muestra el grado de alarma de quienes intentaban mantener la estabilidad del sistema. En un momento de la grabación, un técnico suelta la exclamación que ha dado el titular:

«A tomar por culo, nos estamos desconectando»

La crudeza de la expresión ha sido aprovechada por la oposición para ilustrar lo que consideran descontrol operativo. Según fuentes cercanas a la comisión, las conversaciones internas revelan discrepancias sobre qué órdenes se dieron y quiénes las ejecutaron. Corredor, por su parte, defendió ante la cámara que la compañía actuó conforme a los protocolos vigentes y negó cualquier intención de ocultar información, pero su intervención no consiguió acallar las preguntas sobre los tiempos de reacción y la cadena de mando.

Tres informes oficiales no señalaron responsables, pero los audios complican el relato

Hasta ahora, las investigaciones oficiales —el informe del Gobierno, el dictamen de la CNMC y el panel de expertos europeo— incidían en causas técnicas y en la necesidad de reforzar procedimientos, sin atribuir la responsabilidad personal a un gestor concreto. La aparición de las conversaciones telefónicas introduce, sin embargo, una dimensión distinta: prueban que en el terreno operativo hubo confusión y permiten a los responsables políticos reconstruir una cronología más precisa de lo ocurrido. No son, a su vez, una prueba jurídica por sí sola; habrá que contrastarlas con telemetría y órdenes oficiales.

Técnicos consultados recuerdan que las protecciones automáticas diseñadas para salvaguardar infraestructuras pueden provocar desconexiones en cadena si algunos elementos no responden como previsto. Cabe recordar que la red eléctrica es un sistema complejo donde las maniobras que evitan daños mayores pueden, paradójicamente, agravar una inestabilidad si no se coordinan con exactitud. A falta de nuevas conclusiones periciales, los audios sirven fundamentalmente para poner en evidencia fallos de comunicación y lagunas en procedimientos.

En clave gallega, la polémica revive debates sobre la suficiencia de las infraestructuras y los refuerzos pendientes. La orografía y la dispersión poblacional del noroeste exigen soluciones específicas para el transporte de energía; en los últimos años no han faltado reivindicaciones sobre inversión en redes y líneas de alta tensión. La memoria del apagón sigue viva en hospitales, puertos y en el sector industrial de ciudades como Vigo y A Coruña, donde la interrupción dejó huellas logísticas que todavía se recuerdan.

Política, reputación y posibles pasos siguientes

La reacción política fue inmediata. El PP aprovechó los audios para pedir la dimisión de Beatriz Corredor, mientras otros grupos han exigido una ampliación de la investigación y la comparecencia de más responsables operativos. En la comisión ya se baraja solicitar los registros completos de las comunicaciones operativas del día del apagón y comparar las conversaciones con las órdenes registradas en los centros de control.

Si bien la presión política puede tener consecuencias inmediatas en la reputación y en la gobernabilidad corporativa, el desenlace jurídico y sancionador dependerá de peritajes técnicos y de los expedientes que abran los reguladores. La CNMC conserva la potestad de imponer medidas correctoras y sanciones administrativas, pero la salida de una presidenta como Corredor dependerá, en última instancia, de la sostenibilidad de su posición frente a la opinión pública y a los accionistas.

Para Galicia, la prioridad es doble: que se aclaren responsabilidades y que se tomen medidas concretas de refuerzo. Centros sanitarios, instalaciones portuarias y el tejido productivo demandan no solo explicaciones sino inversiones en capacidad y en redundancia de la red para que un fallo puntual no degenera en una crisis de suministro. Según representantes empresariales consultados, la confianza en la red es un requisito básico para la actividad económica; sin ella, las reclamaciones por compensaciones y los costos derivados de la interrupción seguirán siendo un asunto de primera línea.

La crisis recuerda además una lección institucional: la gestión de infraestructuras críticas exige protocolos claros y transparencia. La filtración de audios, con su lenguaje áspero y humano, pone frente al conjunto de la sociedad la imagen de operarios improvisando ante lo inesperado. La política —tanto local como estatal— debe dirimir responsabilidades, pero también impulsar reformas técnicas que reduzcan la probabilidad de repetición.

La Comisión del Senado continuará con el examen de pruebas y la solicitud de documentación complementaria. Entre los próximos pasos figuran nuevas comparecencias, el cotejo de conversaciones con registros de telemetría y la evaluación de si hubo fallos procedimentales que justifiquen sanciones. Mientras tanto, la figura de Beatriz Corredor permanece en el centro del debate; su capacidad para mantener la presidencia de Redeia dependerá de la solidez de sus explicaciones y de la evolución de la investigación, pero también de la presión política que podamos esperar en las próximas semanas.