Comparecencia tensa en la Comisión de Investigación del Senado: Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, intentó aclarar discrepancias en su versión sobre el corte masivo de luz y comunicaciones del 28 de abril de 2025, mientras grabaciones internas de la operativa eléctrica parecen contradecirla y han dado munición a la oposición para exigir responsabilidades.
La comparecencia y las conversaciones que complican la defensa
La sesión de la comisión giró en torno a una cuestión simple pero demoledora: ¿qué ocurrió exactamente aquella tarde en que varias comunidades quedaron a oscuras y los servicios esenciales vieron comprometida su capacidad de coordinación? La respuesta, no obstante, se presentó fragmentada. Corredor defendió la actuación del gestor del sistema eléctrico y atribuyó la magnitud del apagón a una concatenación de fallos técnicos y a la interdependencia del mercado energético europeo. Sus explicaciones, según fuentes cercanas, fueron precisadas hasta el detalle técnico; sin embargo, la comparecencia se vio ensombrecida por la aparición de audios en los que técnicos de la propia operadora alertaban de la pérdida de la conexión de forma abrupta y con un lenguaje que revela pánico y desorden.
En uno de esos fragmentos, reproducido en la comisión, se escucha a un operador exclamar:
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Ese exabrupto, además del contenido técnico de las conversaciones, ha sido presentado por varios senadores como prueba de que hubo descoordinación operacional en tiempo real. Desde el PP, el principal partido que ha endurecido la crítica, se pidió explícitamente la dimisión de Corredor con una acusación directa: «Ignoró las alertas, operó mal, ocultó información y se negó a asumir responsabilidades», dijeron los portavoces conservadores durante la jornada.
Corredor replicó que los audios deben interpretarse en su contexto: turnos nocturnos, conversaciones en ambientes de alta tensión y un sistema sometido a condiciones excepcionales. A falta de confirmación oficial, la presidenta insistió en que Redeia colaborará con todas las investigaciones y que la empresa debe ser juzgada por hechos demostrables y no por frases aisladas.
Informes oficiales y el enigma de la responsabilidad
Cabe recordar que los tres informes oficiales —el del Gobierno, el de la CNMC y el panel de expertos europeo— no han señalado de forma unívoca a un único responsable del apagón. Esa ausencia de un culpable claro alimenta tanto la defensa de la empresa como la frustración ciudadana, porque deja la sensación de que la responsabilidad se diluye en la complejidad técnica del sistema.
Las investigaciones técnicas han destacado factores que ya conocen bien los ingenieros del sector: fragilidades en la red de transporte, vulnerabilidades del sistema de control y la creciente dependencia de comunicaciones digitales para la gestión del flujo energético. En Galicia, donde las redes deben convivir con una orografía compleja, rías y valles que obligan a soluciones puntuales, esos límites son especialmente patentes. No es la primera vez que la comunidad mira con recelo sus infraestructuras críticas; incendios, temporales y cortes localizados han puesto de manifiesto la necesidad de una inversión sostenida en modernización.
La falta de un veredicto técnico único no evita, sin embargo, que la política saque punta: para la oposición, los informes prueban omisiones —por acción u omisión— de quienes deben garantizar el suministro; para los defensores del gestor, se trata de un fallo sistémico que exige reformas regulatorias y técnicas, no cazas de brujas.
Repercusiones políticas, económicas y sociales
En lo inmediato se abre un frente administrativo y reputacional para Redeia. La presión parlamentaria y mediática puede traducirse en multas, requerimientos de información adicionales y, en última instancia, cambios en la dirección o en el modelo de supervisión. Desde el ámbito empresarial temen también un efecto sobre las inversiones: la incertidumbre regulatoria encarece proyectos y puede ralentizar planes de expansión o de modernización que la misma compañía necesita impulsar.
A nivel social, la ciudadanía reclama respuestas tangibles: mejora de la resiliencia de la red, protocolos claros en caso de fallo y garantías para servicios esenciales (hospitales, transporte, comunicaciones). En Galicia, donde puertos como el de Vigo, industrias conserveras y el turismo dependen de la continuidad energética, la memoria colectiva del apagón sigue muy viva. La imagen de calles a oscuras y la dificultad para comunicarse durante horas dejaron una marca que los responsables locales ya han registrado en sus agendas.
Los expertos consultados por esta redacción insisten en que la solución no es simple: además de depurar responsabilidades, será necesario invertir en redundancias, reforzar las interconexiones internacionales y diversificar sistemas de control. También se plantea la conveniencia de separar más nítidamente la gestión técnica de la supervisión regulatoria para evitar conflictos de interés y acelerar la transparencia en incidentes futuros.
El calendario parlamentario marca ahora más comparecencias y la posible solicitud de documentación reservada. A medio plazo, la situación podría desembocar en propuestas legislativas para endurecer los requisitos de auditoría y respuesta ante incidentes. No menos relevante es la cuestión política: al convertir el apagón en un arma arrojadiza, los partidos buscan capital político y es la ciudadanía la que exige que ese debate derive en medidas concretas.
Para Galicia, la lección es doble. Por un lado, la necesidad de que las infraestructuras reciban atención y recursos continuos; por otro, la demanda ciudadana de explicaciones claras y de no quedar atrapada en un tira y afloja partidista que deje sin respuestas a quienes sufrieron aquel corte. Que los audios hayan sacudido la comparecencia de Beatriz Corredor no cierra el debate: abre preguntas sobre cómo se gobierna la red que sostiene la vida cotidiana y sobre quién asume la responsabilidad cuando el país se queda a oscuras.
En las próximas semanas, la comisión del Senado deberá decidir si hay indicios suficientes para elevar el caso a instancias judiciales o administrativas. Mientras tanto, ayuntamientos, empresas y vecinos en Galicia aguardan medidas que vayan más allá de explicaciones técnicas: reformas, garantías y, sobre todo, luces que no vuelvan a apagarse de manera colectiva sin respuestas claras.
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