Un estudio publicado en marzo de 2026 por la consultora Ipsos revela que los habitantes de Ceuta y Melilla otorgan un suspenso a la gestión sanitaria que depende del Ejecutivo central. La valoración media de los servicios se sitúa en 3,7 sobre 10, según el informe “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”, que apunta a problemas estructurales en el acceso y la organización. La investigación identifica las largas listas de espera, la dificultad para conseguir citas y fallos en el sistema de citación como causas principales del malestar. La gestión corresponde a INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, lo que sitúa la responsabilidad en manos del Gobierno central.

La directora de investigación de Ipsos, Silvia Bravo, explica que algo más de la mitad de la población de ambas ciudades se declara insatisfecha con la atención recibida y que existe una amplia desconfianza ante las medidas planteadas para corregir la situación. El estudio subraya que, además de la nota baja, el 58% de las personas consultadas no cree que las iniciativas actuales sean eficaces para reducir las listas de espera. Ese rechazo a las soluciones propuestas por las administraciones agrava la sensación de abandono entre los residentes de las dos ciudades autónomas.

Entre las críticas señaladas por quienes participaron en la encuesta figuran la demora en las consultas especializadas, la dificultad para acceder a consulta con especialistas y la percepción de un sistema de cita que no responde a las necesidades reales. Los problemas afectan tanto a la atención primaria como a la especializada y repercuten en la continuidad de los cuidados, según explica el informe. Los encuestados describen una atención fragmentada, con trámites engorrosos y tiempos de espera que condicionan decisiones de previsión y tratamiento.

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La peculiaridad administrativa de Ceuta y Melilla, donde la gestión sanitaria corresponde a un organismo estatal en lugar de las consejerías autonómicas, configura un escenario singular en el que las decisiones dependen de Madrid. INGESA, como entidad vinculada al Ministerio de Sanidad, gestiona recursos, plantillas y la organización del servicio en las dos ciudades, lo que convierte cualquier déficit en una responsabilidad atribuible al Gobierno central. Esa centralización es recurrentemente señalada por agentes locales como un factor que complica la adaptación de políticas a las particularidades territoriales.

El malestar medido por Ipsos no es solo una cifra: tiene consecuencias políticas y sociales. En ambos territorios, representantes locales vienen reclamando de forma periódica más presupuesto, mayor dotación de personal sanitario y medidas concretas para acortar las listas de espera. La percepción de que las respuestas oficiales son insuficientes o tardías alimenta la presión sobre el Ejecutivo central y abre la puerta a que el asunto se convierta en un elemento de debate público y electoral.

Además del diagnóstico sobre la gestión, el estudio pone el acento en la falta de confianza ciudadana en las posibles soluciones técnicos-administrativas. La disminución del crédito social hacia las autoridades sanitarias complica la implementación de reformas: cuando la ciudadanía no cree en las medidas anunciadas, cualquier iniciativa necesita acompañarse de transparencia y resultados medibles para recuperar legitimidad. Los expertos consultados por Ipsos consideran que la comunicación y la rendición de cuentas serán claves para revertir la tendencia.

Fuentes sanitarias y políticas consultadas ante la difusión del informe subrayan que la mejora exige tanto inversión como cambios organizativos y reclutamiento de profesionales. El informe no ofrece una hoja de ruta única, pero sí apunta a áreas concretas de intervención: gestión de listas de espera, simplificación de la citación y refuerzo de la atención primaria como palancas para mejorar la percepción ciudadana. En un contexto de recursos limitados, la priorización y la coordinación institucional aparecen como retos ineludibles.

Para los residentes de Ceuta y Melilla, la sanidad sigue siendo una preocupación central que condiciona la vida diaria y la calidad de los servicios públicos. El estudio de Ipsos plantea un diagnóstico duro para la gestión centralizada y plantea un reto claro al Ministerio de Sanidad: demostrar con hechos que las medidas adoptadas mejoran el acceso y acortan los tiempos de espera. Hasta que no se vean resultados tangibles, la valoración ciudadana y la desconfianza seguirán marcando la agenda política en ambas ciudades.