Los ayuntamientos de la comarca de O Salnés están acelerando las obras incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) para cumplir con las obligaciones de los fondos europeos: deben concluir las actuaciones antes del 30 de mayo de 2026 y presentar la justificación administrativa como fecha límite el 30 de junio de 2026. Si no lo hacen, podrían verse obligados a devolver parte de la ayuda y asumir los intereses de las cantidades reintegradas. Las partidas proceden del programa Next Generation y se destinan a proyectos encaminados a mejorar la oferta turística y la gestión sostenible del territorio.

Municipios como Vilagarcía, O Grove y la entidad supramunicipal que agrupa a varios concellos de la ría concurrieron con iniciativas valoradas positivamente por los técnicos y recibieron subvenciones importantes para ejecutar actuaciones que van desde zonas verdes hasta mejoras en infraestructuras de acceso y señalización. En la mayor parte de los expedientes, las ayudas rondan los 2 millones de euros por beneficiario, una cuantía que ha permitido diseñar proyectos ambiciosos pero que obliga a cumplir plazos estrictos marcados por la normativa comunitaria. El margen temporal para justificar gasto y obra es limitado y deja poco espacio para retrasos inesperados.

En Vilagarcía, por ejemplo, la financiación del PSTD cubre la construcción de la futura zona verde de O Ramal, una actuación que ya muestra movimientos de tierra y cimentaciones en distintos frentes. Fuentes municipales consultadas admiten que los trabajos se han intensificado en las últimas semanas para poder cumplir el calendario marcado, pero reconocen que hay partidas del proyecto aún pendientes de adjudicación o ejecución. Técnicos del propio plan advierten de que la entrega tardía de documentación o la falta de certificaciones puede obligar al reembolso parcial de la ayuda.

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La Mancomunidad del Salnés y otros ayuntamientos examinados por los gestores del PSTD presentan niveles variables de avance: hay proyectos prácticamente finalizados y otros todavía en fase de ejecución, con el consiguiente riesgo administrativo. La regla europea exige no solo la finalización física de las obras sino la comprobación documental de su elegibilidad, lo que incluye facturas, contratos y certificados de obra. Esa carga burocrática, según responsables locales, ha complicado el cierre de expedientes en un plazo tan corto.

La presión del calendario ha provocado que algunos municipios prefieran acelerar procedimientos de contratación y coordinación con empresas, aun cuando ello implique un mayor esfuerzo técnico y de supervisión. En el lado positivo, la inyección de recursos ha permitido modernizar servicios turísticos y recuperar espacios degradados, acciones que, de completarse a tiempo, reforzarán la competitividad del destino en temporada alta. No obstante, los alcaldes consultados insisten en la necesidad de flexibilidad administrativa en proyectos de gran envergadura.

Desde la administración regional y los servicios que gestionan los fondos Next Generation se subraya que los plazos son los establecidos por la Unión Europea y que el cumplimiento es imprescindible para mantener la credibilidad del programa. El incumplimiento podría conllevar sanciones económicas además de la pérdida de fondos, y afectaría a futuros programas de financiación. Por ello, la comunicación entre administraciones, la transparencia en la tramitación y el control documental se han convertido en prioridades en estas semanas decisivas.

Además del riesgo financiero, el retraso en algunas actuaciones tendría un impacto local en la planificación turística de la temporada estival, ya que muchas obras buscan estrenarse en época alta para optimizar su uso y la promoción del territorio. Comerciantes y agentes del sector miran con preocupación la evolución de estos proyectos, porque una apertura tardía o a medias resta efecto a las inversiones realizadas y dificulta la programación de actividades. El reto es compatibilizar urgencia y calidad en las intervenciones.

En los próximos días los ayuntamientos implicados deberán remitir certificaciones y documentación justificativa mientras los técnicos municipales continúan con la ejecución y los últimos trámites administrativos. La resolución de esta fase será decisiva para que O Salnés aproveche plenamente los recursos del PSTD sin incurrir en devoluciones ni sanciones. La conclusión de las obras y su correcta acreditación ante Europa es, por ahora, la asignatura pendiente que condicionará el balance final del plan en la comarca.