El Gobierno aprobó el martes 10 de marzo de 2026 un real decreto para reforzar la universalidad en la atención sanitaria, que garantiza que los españoles residentes en el extranjero y sus familiares directos puedan acceder a la sanidad pública durante sus estancias temporales en España. La norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entra en vigor este miércoles y persigue cubrir huecos en la protección cuando no existan convenios internacionales o cobertura de la Seguridad Social aplicable. Además, el decreto regula el procedimiento para que personas extranjeras sin residencia legal puedan acceder a asistencia con cargo a fondos públicos.

Hasta ahora, el derecho a la asistencia durante estancias temporales estaba limitado a colectivos concretos, como pensionistas o trabajadores desplazados; con la nueva regulación se amplía a todos los españoles de origen que residan en el extranjero y viajen a España siempre que no cuenten con otra cobertura. También quedan incluidos los familiares directos, en concreto cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo, una medida dirigida a evitar que una visita por vacaciones o por motivos familiares quede sin protección sanitaria. El Ejecutivo defiende que se trata de cerrar lagunas prácticas que generaban incertidumbre a quienes regresan puntualmente al país.

El real decreto establece un procedimiento homogéneo en todo el territorio para reconocer el derecho a la asistencia financiada con fondos públicos, con trámites simplificados para facilitar el acceso. Entre las novedades figura la posibilidad de que la persona interesada presente una declaración responsable en la que manifieste no disponer de cobertura por otra vía, lo que agiliza el reconocimiento inicial. Asimismo se flexibilizan los criterios de acreditación de la residencia en España cuando sea necesario, con el padrón como documento preferente pero admitiéndose otros justificantes.

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Entre los documentos alternativos que podrán aceptarse figuran certificados de escolarización, informes de servicios sociales o facturas de suministros, según recoge la norma, con la intención de acomodar realidades diversas y evitar denegaciones por formalismos administrativos. La solicitud generará de forma automática un documento provisional que permitirá acceder a la atención sanitaria pública desde el primer momento, de modo que no quede desprotegida la persona durante el tiempo que dure la tramitación. La administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente; si transcurre ese plazo sin resolución, la solicitud se entenderá aprobada por silencio administrativo.

El Gobierno argumenta que estas medidas refuerzan el principio de universalidad del Sistema Nacional de Salud y garantizan una aplicación homogénea del derecho a la protección de la salud en todo el territorio, al tiempo que aportan mayor seguridad jurídica a los usuarios y a los servicios sanitarios. Los ministerios responsables han subrayado que la reforma pretende dar respuesta a situaciones cotidianas y previsibles, como visitas familiares prolongadas, estancias por estudios o tratamientos médicos que requieren tiempo.

La ampliación de la cobertura a familiares directos responde, además, a la realidad de muchas familias transnacionales cuya vida está repartida entre España y otros países, y que hasta ahora podían encontrar obstáculos para recibir atención cuando cursaban una visita. Desde las comunidades autónomas, que son las responsables de la gestión sanitaria, se requerirá coordinar la implementación del procedimiento homogéneo para evitar diferencias en la práctica. La norma busca reducir las discrepancias en criterios de valoración y documentación entre territorios.

El real decreto incluye también medidas para reconocer el derecho a la asistencia a personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal, regulando las condiciones en las que podrán ser atendidas con cargo a fondos públicos. El Ejecutivo ha subrayado que estas figuras ya existían en la legislación y que ahora se clarifican y unifican los criterios para su aplicación, con la intención de mejorar la seguridad jurídica y la gestión administrativa. La medida ha suscitado reacciones diversas en el debate público sobre el acceso universal y los recursos sanitarios.

La información original fue recogida por la periodista Almudena Iglesias en La Región, y el Ejecutivo defiende que la aprobación del real decreto es un paso hacia una cobertura más inclusiva y práctica. En los próximos meses será clave el desarrollo reglamentario y la coordinación entre ministerios y comunidades autónomas para que las nuevas disposiciones funcionen de forma efectiva y no generen cuellos de botella en la atención. La norma pretende, en definitiva, compatibilizar la protección sanitaria con la movilidad internacional de ciudadanos y sus familias.