El Instituto Galego da Vivenda e o Solo (IGVS), dependiente de la Xunta de Galicia, ha actualizado las tablas de precios de venta y alquiler de las viviendas de promoción pública en una resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia el 11 de marzo de 2026. La modificación fija los topes de precio por metro cuadrado para distintos municipios, de modo que un piso de 90 metros en localidades como Vilagarcía podrá costar, según el caso, entre poco más de 108.000 euros y 154.530 euros antes de aplicar ayudas. La medida busca adecuar las referencias a la realidad del mercado y ordenar las condiciones de acceso a las promociones autonómicas que se construirán en los próximos meses, como las previstas en Marxión y As Carolinas.

La Xunta ha dividido el territorio gallego en tres zonas tarifarias: una con los precios máximos, reservada a las siete grandes ciudades; la denominada zona 1, que agrupa a la mayoría de las poblaciones grandes y medianas de la comunidad; y la zona 2, donde predominan concellos de carácter más rural y cuyo precio de referencia es más bajo. En la segunda categoría, que concentra buena parte de la comarca de O Salnés, se sitúan municipios como Vilagarcía de Arousa, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, A Illa y Pontecesures, que pasan a tener un techo de precio fijado por la Xunta. Esta delimitación pretende homogeneizar las condiciones de las promociones y facilitar la planificación de la oferta pública.

Para los municipios integrados en la zona 1, la resolución establece un precio máximo de 1.717,20 euros por metro cuadrado para las viviendas de promoción pública. Con esa referencia, un piso de 90 metros alcanzaría un precio tope de 154.530 euros, cantidad que podrá reducirse para los solicitantes con menor nivel de renta. La publicación en el DOG acompasa estas cifras con las próximas licitaciones y adjudicaciones de viviendas que la Xunta tiene previstas, y marca un marco económico que orientará tanto a administraciones como a potenciales compradores.

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En la zona 2, donde se incluyen concellos como Meis, Meaño, Ribadumia, Valga y Catoira, el precio por metro cuadrado se limita a 1.464,75 euros, lo que coloca el importe de una vivienda de 90 metros por debajo de los 132.000 euros. La diferencia entre zonas responde a criterios demográficos, de demanda y de mercado inmobiliario local, según los argumentos que maneja la administración autonómica. Esa gradación pretende evitar que los topes salariales y de acceso penalicen a zonas con menor presión urbanística y renta media más baja.

Las viviendas de protección pública están pensadas preferentemente para familias y personas con recursos limitados, por lo que la normativa prevé deducciones de hasta el 30 por ciento sobre estos precios para quienes acrediten ingresos inferiores a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Aplicando esa rebaja al techo de la zona 1, el coste de una vivienda de 90 metros puede descender hasta poco más de 108.000 euros, reduciendo la barrera de acceso a hogares con rentas modestas. La Xunta estima que esta fórmula hará más accesible la compra a quienes reúnan los requisitos económicos y administrativos establecidos.

En Vilagarcía y otros concellos de O Salnés, estas referencias suponen un alivio para la planificación de promociones municipales y para los potenciales demandantes, que contarán con cifras oficiales a la hora de solicitar vivienda pública. Las promociones previstas en Marxión y As Carolinas serán las primeras en regirse por estos topes, lo que permitirá comprobar en la práctica cómo se aplica la normativa y qué grado de demanda se genera. El procedimiento administrativo abre ahora la puerta a la presentación de solicitudes y a la tramitación de las respectivas adjudicaciones.

Fuentes del sector consultadas por este diario señalan que, pese a las limitaciones, los precios oficiales deben compatibilizarse con los costes de construcción y la viabilidad financiera de los proyectos. Promotores y ayuntamientos deberán ajustar sus cuentas para que las promociones sean sostenibles sin perder el objetivo social de las viviendas protegidas. Además, expertos en urbanismo recuerdan que la calibración de las zonas ha de revisarse periódicamente para no quedar desfasada frente a la evolución del mercado.

Las nuevas tablas también tendrán efectos en el alquiler concertado con opción de compra y otras fórmulas de acceso a la vivienda pública que la Xunta reserva para colectivos vulnerables. El calibrado de precios y las bonificaciones por renta pretenden favorecer la movilidad social y evitar la exclusión de grupos con salarios por debajo de la media. A corto plazo, la aplicación efectiva de estos precios en las promociones permitirá medir el impacto real sobre la oferta y la demanda en Vilagarcía y el conjunto de la comarca.