Los progenitores que mantuvieron a sus tres hijos encerrados durante casi cuatro años en una vivienda de Fitoria, en Oviedo, sostienen que desarrollaron un trastorno provocado por la covid que les llevó a aislar a los menores del exterior. La defensa aportó este miércoles en la Audiencia Provincial un informe psiquiátrico propio que, según los letrados, acredita un «miedo intenso e irracional» al contagio tras haber pasado la enfermedad durante meses. El caso, cuyo juicio entra en su segunda sesión, enfrenta a la pareja —un hombre alemán de 53 años y una mujer estadounidense de 48 con doble nacionalidad— a penas que suman más de 25 años de cárcel.

Los abogados que representan a los padres explicaron ante la juez que, tras contraer la covid y permanecer enfermos de forma prolongada, ambos desarrollaron un cuadro que limitó gravemente su capacidad para relacionarse con el exterior. Esa afección, según la defensa, se expresó en un temor «insuperable» a salir de casa y en la creencia de que mantener a los niños aislados era la manera de protegerlos. La versión de la defensa contrasta con la gravedad de los hechos que investiga la Fiscalía y que provocaron la detención y prisión preventiva de la pareja.

El aislamiento afectó a dos gemelos que en aquel momento tenían ocho años y a su hermano de diez, niños que, según la investigación, vivieron separados de la sociedad durante años. Los abogados subrayan que la familia es extranjera y no domina el idioma, circunstancia que, a su juicio, agravó la situación y dificultó el acceso a recursos sociales y sanitarios. Además, la pareja no pudo regularizar su situación administrativa en España tras el contagio, lo que incrementó su temor a cualquier interacción con instituciones públicas.

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Ante el tribunal, las defensas sostienen que la decisión de autoconfinarse y educar a los menores en casa responde a una “célula familiar cerrada” fruto del miedo, y no a una intención deliberada de causar daño. Han presentado un informe psiquiátrico que califica el cuadro como un «trastorno mental leve» con síntomas de ansiedad patológica vinculada al contagio. La Fiscalía, por su parte, mantiene cargos que llevaron al ingreso en prisión preventiva de ambos progenitores mientras continúa el proceso penal.

Los abogados defensores han solicitado que se contemple la vía asistencial y no solo la penal, argumentando que servicios sociales deberían haber intervenido para ofrecer apoyo y evitar la situación extrema que se dio en la vivienda. Afirman que, con supervisión y apoyo asistencial, los padres podrían seguir criando a sus hijos y que la medida de prisión provisional ha «desmembrado» a la familia. En la sala, los letrados insistieron en que la conducta, aunque anómala y disfuncional, no encaja en todos los supuestos de criminalidad planteados por la acusación.

El caso, que trascendió a la opinión pública y llegó a los medios internacionales, conmocionó a la sociedad por las condiciones en que supuestamente vivieron los menores y por la duración del aislamiento. El hallazgo de los niños y la posterior instrucción judicial pusieron en marcha una investigación compleja donde concurren factores sanitarios, sociales y de protección infantil. Organizaciones y vecinos reclamaron desde entonces respuestas claras sobre cómo se pudo prolongar la situación tanto tiempo.

Este miércoles, en la sesión abierta en la Audiencia Provincial, los padres estaban citados para prestar declaración y tratar de convencer a la juez titular de que nunca hubo intención de maltrato. La defensa presentó pruebas periciales propias y pidió que se valore el contexto de la pandemia y las condiciones personales que atravesó la pareja durante los años más duros del brote. La magistrada deberá valorar ahora las distintas pruebas médicas y las alegaciones de ambas partes antes de decidir sobre responsabilidades penales y posibles medidas alternativas.

El proceso ha reabierto el debate sobre el impacto psicosocial de la pandemia y sobre la capacidad de los sistemas de protección para identificar y actuar en casos de aislamiento prolongado. Expertos consultados en anteriores fases del proceso han señalado la necesidad de protocolos que combinen intervención sanitaria y social para evitar que cuadros de ansiedad extrema deriven en situaciones de riesgo para menores. Mientras tanto, la instrucción continúa y la sociedad sigue pendiente de la resolución de un caso que ha puesto de manifiesto tensiones entre protección infantil, salud mental y control administrativo.