Tres menores que permanecieron casi cuatro años recluidos por sus progenitores en una vivienda de Fitoria, a pocos minutos en coche del centro de Oviedo, siguen hablando por teléfono con su madre y su padre pese a que ambos están en prisión preventiva, según trasladaron este martes los abogados de la defensa en la primera sesión del juicio. La vista, celebrada en la sección segunda de la Audiencia Provincial el 10 de marzo de 2026 a puerta cerrada, enfrenta a la pareja con una acusación que incluye violencia psicológica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal, delitos que suman penas que alcanzan los veinticinco años y cuatro meses. Los letrados sostienen que el aislamiento obedeció a un temor intenso —en su versión, en parte vinculado al miedo al covid— y reclaman que el asunto debería haberse gestionado por los servicios sociales y no en el ámbito penal.

Fuera de la sala, Javier Muñoz, abogado de la madre, afirmó que los niños echan en falta a sus progenitores y que no presentan señales de miedo ni de rechazo hacia ellos. Según la defensa, los contactos telefónicos entre los menores y sus padres se han mantenido durante la instrucción y forman parte de la relación parental pese a la situación procesal de los acusados. La declaración plantea una dimensión emocional que, según los letrados, debe tenerse en cuenta a la hora de valorar las medidas que afectan a la unidad familiar.

La otra defensa, representada por Elena González, explicó que la custodia de los menores pasó provisionalmente al Principado de Asturias y que cualquier modificación de ese régimen exigiría un procedimiento específico. González aseguró que, en caso de una sentencia absolutoria, la intención de la familia sería recomponerse paso a paso con la supervisión de los servicios públicos y apoyos profesionales. La estrategia de las defensas insiste en que no hubo una conducta delictiva sino una decisión de aislamiento que, por su naturaleza, correspondía a los recursos sociales.

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La Fiscalía, por el contrario, mantiene una lectura radicalmente opuesta y acusa a los progenitores de haber sometido a los niños a un régimen de privación de libertad y presión psicológica reiterada. Los fiscales sostienen que los hechos investigados son constitutivos de delitos graves por los que piden la imposición de las penas acumuladas en la calificación provisional. En la vista están previstos testigos que pueden aportar luz sobre la convivencia y el motivo del encierro, entre ellos los abuelos de los menores, citados para declarar por videoconferencia.

Los abogados señalaron que la familia decidió aislarse del exterior por un miedo profundo al mundo exterior motivado, en buena parte, por el temor al contagio durante la pandemia de covid-19. Ese argumento, que ya habían venido esgrimiendo los defensores desde la instrucción, ha servido para describir el encierro como una medida encaminada a proteger a los hijos y no como un acto de abandono o maltrato consciente. En la sala, sin embargo, la acusación ha tratado de demostrar que ese temor se tradujo en conductas que vulneraron derechos básicos de los menores.

Los tres niños permanecieron en la casa de Fitoria durante casi cuatro años, según la acusación, en un entorno que las fuerzas de seguridad y los servicios sociales calificaron de cerrado y controlado. El domicilio se encuentra a escasos cinco minutos en coche del centro de Oviedo, un dato que las partes han citado para subrayar la capacidad de la familia para relacionarse con el exterior y, en consecuencia, la deliberación de las decisiones que adoptaron. La instrucción incorporó inspecciones y declaraciones que ahora se discuten en la fase oral del proceso.

Durante la jornada se abordaron también las alternativas a la vía penal que proponen las defensas: remitir a la familia a los recursos asistenciales y terapéuticos con el objetivo de una reintegración supervisada. Los letrados han dicho confiar en que la sala valore la ausencia de dolo y la voluntad de los padres de atender a sus hijos, y han reclamado que el conflicto vuelva al «foro» de los servicios sociales, del que, sostienen, nunca debió salir. La Fiscalía y la acusación particular, en cambio, piden que el tribunal considere la gravedad de la afectación a los menores.

El juicio continuará con la declaración de testigos y peritos que puedan aclarar el grado de aislamiento, las condiciones de vida de los menores y la responsabilidad de los progenitores en esos hechos. La vista, que se desarrolla a puerta cerrada para preservar la intimidad de los niños, seguirá en los próximos días en la Audiencia Provincial, donde ambas partes expondrán sus pruebas y conclusiones antes de que el tribunal adopte una resolución sobre las responsabilidades penales que se les imputan.