Los vigilantes aduaneros se suman a una marcha en Madrid junto a policías y guardias civiles para reclamar mejoras laborales y el reconocimiento de profesión de riesgo

Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y vigilantes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) protagonizaron este sábado 14 de marzo de 2026 una concentración en Madrid para exigir la equiparación salarial con las policías autonómicas, una jubilación que preserve el poder adquisitivo y el reconocimiento oficial de su actividad como profesión de riesgo. La movilización, convocada por la plataforma recién creada JuntosPolGC —que se define como apolítica y asindical—, recorrió la calle Alcalá entre la Puerta del Sol y la plaza de Cibeles. Por primera vez participaron activamente agentes de la Agencia Tributaria encuadrados en el sindicato JUSVA, que agrupa a los vigilantes aduaneros.

Los manifestantes consideraron que los objetivos reclamados por las centrales sindicales de las Fuerzas de Seguridad del Estado no se han alcanzado, y apelaron a la unidad entre cuerpos para reforzar su presión ante los ministerios competentes. La presencia del SVA marcó una novedad: sus efectivos comparten con policías y guardias civiles investigaciones sobre narcotráfico, blanqueo de capitales y crimen organizado, y reivindican equiparación retributiva y condiciones laborales equivalentes. La protesta transcurrió sin incidentes apreciables y los organizadores anunciaron que persisten las conversaciones internas sobre próximas movilizaciones conjuntas.

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El coordinador de JUSVA, Jorge Samblás, explicó que la participación en la marcha responde al propósito fundacional del sindicato: estar «codo con codo» con el resto de cuerpos tanto en lo operativo como en la defensa de derechos laborales y salariales. Según Samblás, los vigilantes aduaneros pretenden «recuperar el terreno perdido por años de abandono sindical» y consideran imprescindible sumarse a la plataforma JuntosPolGC para ganar visibilidad. En su intervención, el dirigente insistió en que la ausencia de reconocimiento como profesión de riesgo deja al colectivo en desventaja frente a otros cuerpos con las mismas responsabilidades.

Entre las reivindicaciones más concretas figura la equiparación salarial plena con las policías autonómicas, una demanda que los participantes argumentan en función de la similitud de tareas y el incremento de riesgos laborales. Reclaman además fórmulas de jubilación que no supongan pérdida de poder adquisitivo, una queja recurrente en sectores de fuerzas y cuerpos de seguridad tras el aumento de la inflación y los cambios normativos de los últimos años. Los convocantes dirigen sus demandas a los ministerios de Interior y Hacienda, de los que dependen respectivamente determinados aspectos retributivos y la estructura del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Fuentes de la organización señalaron que la unión de cuerpos es la estrategia escogida para presionar a ambos ministerios y acelerar negociaciones pendientes, y avanzaron que en futuras movilizaciones proyectan incluir los símbolos históricos de la denominada «Hacienda Real». Ese guiño al pasado pretende subrayar el origen común de algunos cuerpos y la reclamación de un tratamiento equivalente en materia de reconocimiento profesional y condiciones laborales. La iniciativa busca, además, alumbrar una plataforma común que supere la fragmentación sindical tradicional.

El SVA, integrado en la estructura de la Agencia Tributaria, actúa habitualmente en operativos contra el crimen económico y el narcotráfico, ámbitos en los que colabora estrechamente con Policía y Guardia Civil. Su adhesión a protestas de ámbito general marca, en opinión de analistas y representantes sindicales, un paso hacia la consolidación de una agenda común frente a decisiones administrativas que afectan a sus plantillas. La organización JUSVA justificó la movilización en la necesidad de equiparar condiciones para preservar la eficacia operativa y la retención de personal cualificado.

Los promotores de JuntosPolGC insisten en mantener la naturaleza apolítica y asindical de la plataforma, aunque su capacidad de convocatoria y la pluralidad de cuerpos implicados la sitúan ya en el centro del debate sobre las políticas de recursos humanos en seguridad. Representantes de partidos y responsables ministeriales no realizaron declaraciones públicas durante la jornada, según las fuentes presentes, pero se espera que las reivindicaciones lleguen a las mesas de negociación en los próximos días. La coexistencia de demandas laborales y peticiones de reconocimiento formal plantea un desafío técnico y político para los departamentos encargados de seguridad y de Hacienda.

Los organizadores no ofrecieron cifras exactas de asistentes, pero adelantaron que la protesta forma parte de una táctica de escalada progresiva si no se obtienen respuestas satisfactorias. Las demandas planteadas —salario, pensiones y clasificación como profesión de riesgo— pueden implicar cambios normativos y presupuestarios, lo que obliga a una interlocución compleja con el Gobierno. Mientras tanto, los cuerpos que participaron acordaron mantener la coordinación y estudiar futuras movilizaciones conjuntas para reforzar su reclamación.