El Gobierno de Malta ha puesto en marcha un programa que ofrece hasta 25.000 euros a conductores jóvenes que entreguen voluntariamente su permiso de conducir durante cinco años y utilicen transporte público gratuito durante ese periodo. La iniciativa, anunciada en abril de 2025 y puesta en marcha a comienzos de 2026, busca aliviar la congestión en las carreteras de este pequeño país mediterráneo, donde el tráfico se ha convertido en un problema recurrente. El plan pretende convencer especialmente a menores de 30 años, considerados clave para reducir el número de vehículos en circulación. Las autoridades sostienen que la combinación de incentivos económicos y acceso gratis al transporte público facilitará el cambio de hábitos.

El programa establece una serie de condiciones para poder acogerse a la ayuda: los solicitantes deben tener menos de 30 años, haber residido en Malta al menos siete años y poseer un permiso de conducir de la clase B expedido por un país de la Unión Europea, sin haber sufrido la retirada del carnet en los últimos doce meses. La remuneración no se abona en una sola entrega, sino en cinco pagos anuales que suman el total anunciando al término del acuerdo. Además, quienes participen disfrutarán de transporte público gratuito durante todo el periodo, una medida que el Ejecutivo describe como esencial para garantizar alternativas viables al vehículo privado. El Gobierno ha diseñado así un paquete que combina estímulos económicos y servicios para facilitar la transición.

Fuentes oficiales han precisado que, una vez transcurridos los cinco años, los beneficiarios que deseen recuperar su permiso deberán cursar 15 horas de prácticas en una autoescuela autorizada como requisito para restablecer la licencia. Esta exigencia forma parte de las condiciones pactadas para evitar la pérdida de aptitud al volante tras un periodo prolongado sin conducir. El coste y la disponibilidad de esas clases serán responsabilidad de los aspirantes a la recuperación del carnet, según el diseño normativo. El Ejecutivo argumenta que la medida busca no sólo reducir coches en la vía, sino también asegurar que quienes vuelvan a conducir lo hagan con la formación adecuada.

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El ministro maltés de Transporte, Chris Bonett, ha informado que alrededor de 100 jóvenes ya han entregado su permiso para acogerse al programa y que las solicitudes gestionadas hasta la fecha superan el 50% del presupuesto previsto. Esos datos, que el propio Gobierno presenta como una señal de aceptación inicial, contrastan con las dudas expresadas por analistas y representantes de sectores afectados. Algunos expertos ponen en cuestión si la cifra de participantes que se requiere para un descenso significativo del tráfico se podrá mantener en el tiempo. La ejecución práctica y la sostenibilidad financiera son dos de las incógnitas que plantean quienes observan la medida con escepticismo.

Las críticas se centran en varias aristas: desde la posibilidad de que muchos jóvenes acepten el incentivo por razones puramente económicas y vuelvan a conducir una vez finalizado el contrato, hasta la conveniencia de emplear fondos públicos para pagar a conductores en lugar de invertir en mejoras estructurales del transporte. También se ha señalado el riesgo de generar desigualdades, ya que la gratuidad del transporte y la conveniencia de prescindir del coche dependen de la oferta de servicios en cada zona. En barrios o municipios con poca cobertura de transporte público, renunciar al vehículo puede resultar impracticable, lo que podría limitar la eficacia de la medida.

Otro aspecto que despierta interrogantes es el control operativo: cómo se comprobará que los beneficiarios no conducen durante esos cinco años, qué implicaciones tendrá para seguros y responsabilidades legales, y qué mecanismos habrá para sancionar incumplimientos. Malta, como isla con distancias reducidas, ofrece un escenario diferente al de grandes territorios, pero la supervisión del cumplimiento y la coherencia administrativa serán claves para evitar abusos. En ese sentido, las autoridades deberán coordinar registros administrativos, aseguradoras y sistemas de transporte para que el programa funcione según lo previsto.

La decisión de pagar a conductores para que se abstengan de circular es poco habitual y confirma la búsqueda de soluciones alternativas a la construcción de nuevas infraestructuras o al endurecimiento de las normas viales. El Ejecutivo maltés defiende que el enfoque incentiva comportamientos sin recurrir a prohibiciones o impuestos adicionales, y que puede servir de experimento para políticas urbanas más amplias. No obstante, la comparación con medidas tradicionales —como ampliación de redes o restricción de acceso por contaminación— obliga a evaluar coste y beneficio a medio plazo.

Para el Gobierno, el objetivo final es reducir el número de vehículos en las vías y mejorar la movilidad y calidad de vida en un territorio con alta densidad de tráfico. La iniciativa, considerada por algunos pionera y por otros controvertida, se seguirá de cerca en las próximas semanas para medir su alcance real y su capacidad de permanencia. Si los resultados son positivos, Malta podría sentar un precedente en políticas de desincentivo del uso del coche privado; si no, la experiencia servirá para ajustar estrategias y prioridades en la gestión del transporte.