La defensa de los dos hermanos detenidos por la presunta muerte de Francisca Cadenas ha reiterado su inocencia y ha denunciado este jueves la imposibilidad de acceder a las actuaciones judiciales por el secreto de sumario, en declaraciones realizadas en Hornachos el 12 de marzo de 2026. Los letrados, que aseguran que sus clientes han colaborado con la investigación, critican además la difusión de datos reservados sobre la identidad de los restos hallados en el domicilio. La postura de los abogados es que la falta de acceso a la causa impide ejercer plenamente la defensa y avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos.

Los representantes legales de los investigados, José Duarte y Aurelia Martín, comparecieron ante los medios para subrayar que sus defendidos mantienen su versión de los hechos y que han prestado colaboración desde el inicio. Ambos abogados han recordado que, pese a esa cooperación, los hermanos se han acogido a su derecho a no declarar en determinadas diligencias. Duarte destacó que uno de los arrestados ofreció una declaración extensa ante la autoridad judicial, que se prolongó durante seis horas seguidas. Según la defensa, ese testimonio demuestra la disposición de los investigados a colaborar con la investigación.

Los letrados explicaron que solicitaron formalmente acceder al contenido de las diligencias, petición que por el momento no ha sido satisfecha debido a que la causa continúa bajo secreto de sumario. La negativa —añaden— les impide contrastar información y preparar con garantías las actuaciones de defensa. En su opinión, disponer de esa documentación es imprescindible para poder evaluar las pruebas y plantear las reclamaciones procesales oportunas. Mientras tanto, los abogados insisten en que cualquier valoración pública debe supeditarse a lo que determine el juzgado instructor.

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Uno de los asuntos que ha generado mayor controversia es la filtración a la prensa de que los restos óseos encontrados en la vivienda podrían corresponder a la víctima, extremo que la defensa no puede ni confirma ni desmiente porque, sostienen, esa información no figura en la documentación a la que han sido autorizados a acceder. Duarte ha subrayado que se trata de un dato reservado y que la verificación científica corresponde a las actuaciones periciales que obran en la causa. La defensa pide prudencia y recuerda que la identificación oficial debe venir acompañada de los informes periciales y de la resolución judicial correspondiente.

Los abogados criticaron con dureza la difusión de informaciones supuestamente reservadas en un proceso que continúa bajo secreto, y advirtieron de las consecuencias que esas filtraciones pueden tener sobre la presunción de inocencia y el normal desarrollo del procedimiento. Según explicaron, cuando una causa está secreta existe un marco legal que protege determinados datos y prohíbe su difusión por parte de autoridades y otras fuentes. A su juicio, la divulgación prematura de hechos no contrastados dificulta la tarea de defensa y puede condicionar la percepción pública del caso. Por ello, consideran que corresponde al juzgado aclarar qué informaciones son veraces y cuáles no.

En el entorno judicial, la investigación sigue su curso y los dos hermanos permanecen en calidad de investigados tras su detención, según las fuentes consultadas. Las diligencias siguen bajo secreto para preservar la investigación y las pruebas, tal y como marca la normativa procesal en causas de especial relevancia. La Fiscalía y el juzgado instructor mantienen la cautela en la difusión de datos, aunque algunas filtraciones han llegado a los medios. La defensa pretende, en cualquier caso, incorporar las actuaciones a su examen en cuanto se les permita acceder a ellas.

Los abogados han anunciado que, una vez conozcan el volumen de la causa, valorarán la adopción de medidas procesales para garantizar los derechos de sus clientes y para impugnar posibles irregularidades en la instrucción. Entre las opciones que barajan figura solicitar diligencias complementarias, pedir copias de las actuaciones y plantear recursos contra cualquier vulneración del secreto. Asimismo, insisten en que la colaboración policial y judicial que han prestado sus defendidos debe registrarse como atenuante en cualquier valoración posterior. Su objetivo declarado es contribuir al esclarecimiento de un suceso que ha marcado a la comunidad.

En su intervención final los letrados volvieron a reclamar respeto por la presunción de inocencia y por el rigor informativo en un procedimiento todavía abierto, y recalcaron que sólo tras el acceso completo a las actuaciones podrán ejercer una defensa ajustada a derecho. «Mantenemos su inocencia al 400%», afirmó la defensa para subrayar la firmeza de su posición mientras esperan el pronunciamiento del juzgado. La causa sigue bajo secreto y, hasta que no se levanten las restricciones, la polémica sobre las filtraciones y la identificación de los restos permanecerá en el centro del debate público y judicial.