Galicia suma ya 125 estaciones de servicio que venden el litro de gasóleo tipo A por encima de los 2 euros, según los datos más recientes del geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Esa cifra equivale a aproximadamente una de cada cinco de las casi 600 estaciones que operan en la comunidad. El precio medio regional se sitúa en torno a los 1,925 euros por litro, frente a los 1,465 euros registrados el 28 de febrero de 2026, fecha en la que se produjo el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán que disparó las cotizaciones del crudo.

El mapa provincial: dónde y cuánto sube

La distribución de los precios no es homogénea. En Lugo hay 49 estaciones por encima de los 2 euros de un total de 128; el tope provincial se anota en el polígono del Ceao, con 2,059 euros por litro, mientras que en la calle Durán Loriga, en la capital lucense, se registran precios más moderados, alrededor de 1,789 euros.

En la provincia de A Coruña se cuentan 44 surtidores que superan la barrera de los 2 euros entre las 283 estaciones. El registro más alto detectado en la comunidad se localiza en Bidueda, municipio de San Sadurniño, donde el litro alcanza los 2,149 euros. A la vez, varias estaciones en el polígono de A Grela y en el polígono de A Gándara (Ferrol) mantienen el precio en torno a los 1,799 euros, lo que permite cierto margen de maniobra a conductores que pueden elegir dónde repostar.

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La provincia de Ourense presenta 26 puntos por encima de los 2 euros entre las 90 estaciones; el máximo aparece en Outomuro (Cartelle) con 2,125 euros, mientras que en Nogueira se marcan tarifas más bajas, próximas a los 1,77 euros. Por último, Pontevedra es la menos afectada en términos relativos: sólo 5 de sus 95 estaciones superan el umbral; en Vigo la avenida Ricardo Mella registra el precio más alto con 2,079 euros.

La diferencia entre repostar en una localidad u otra puede rondar las cuatro o cinco décimas por litro. Para una familia que llena un depósito de 50 litros, esa variación supone entre dos y tres euros por repostaje y decenas de euros al mes si se reposta con frecuencia. En el caso de transportistas o pescadores, la cuenta se eleva y ya repercute en la factura final de productos y servicios.

Factores detrás de la subida: geopolítica, costes y oferta

La reciente escalada en Oriente Próximo ha empujado al alza la cotización del petróleo, y esa presión se ha trasladado con rapidez a los carburantes. El crudo Brent ha moderado su oferta y aumentado la volatilidad, lo que actúa como elemento detonante. Sin embargo, la mecánica del precio en estación incorpora otros eslabones: márgenes de refino, costes de transporte, diferencias en los contratos a plazo y la fiscalidad que grava cada litro en España.

La estructura de impuestos y el reparto de competencias explican por qué las subidas no se atenúan de forma uniforme. La política fiscal que podría aliviar el impacto recae sobre el Estado, mientras que las administraciones autonómicas y locales cuentan con instrumentos más limitados, como bonificaciones puntuales o convenios con empresas de transporte municipal. A falta de medidas estatales concretas, la incidencia en sectores dependientes del diésel —agricultura, pesca, transporte de mercancías— adquiere mayor relieve en una comunidad con perfil rural y costero como la gallega.

La dificultad para sustituir el gasóleo en amplias zonas rurales y en actividades marineras mantiene alta la vulnerabilidad. La electrificación todavía no cubre con eficacia los desplazamientos de larga distancia ni las necesidades de flotas pesadas. En la práctica, la transición energética continúa chocando con la realidad del tejido productivo y la dispersión poblacional en Galicia.

Impacto social y económico: respuestas y medidas pendientes

En la calle, la reacción mezcla resignación y búsqueda de alternativas: conductores que planifican repostajes, empresas que renegocian rutas y cooperativas que agrupan compras para lograr mejores precios. Algunas localidades con surtidores más baratos, como las tres estaciones de Nigrán donde el litro se sitúa en 1,729 euros, reciben más tránsito de vehículos procedentes de municipios cercanos, lo que evidencia también el efecto redistributivo de los precios a corto plazo.

Las autoridades autonómicas y los ayuntamientos comienzan a recibir peticiones para estudiar ayudas a colectivos vulnerables y compensaciones para el transporte profesional. No es la primera vez que Galicia enfrenta picos de precios; la experiencia de 2022 tras la invasión de Ucrania dejó lecciones sobre la necesidad de mecanismos de respuesta rápida. Entre las propuestas que circulan están el refuerzo de incentivos para la renovación de flotas, campañas para mejorar la eficiencia del consumo y la impulsión de puntos de recarga eléctrica en corredores claves.

En el plano económico más amplio, el coste del combustible puede trasladarse a la inflación local y a los precios agrícolas y pesqueros. Pequeñas subidas constantes erosionan márgenes en sectores ya tensionados por costes laborales y materias primas. Por eso la discusión pública no se limita a comparar estaciones: se articula en torno a políticas industriales, movilidad rural y coordinación institucional.

El futuro inmediato dependerá de la evolución de la cotización internacional del petróleo y de las decisiones políticas que, en su caso, alivien la presión sobre consumidores y empresas. Mientras tanto, los gallegos seguirán mirando la cifra del surtidor como termómetro de una economía que, por su configuración territorial y productiva, sufre con especial intensidad cada subida del gasóleo.