El canciller alemán Friedrich Merz defendió este martes en Berlín que la decisión de Alemania de dejar la energía nuclear, culminada en 2023, es definitiva y no puede revertirse, pese a las críticas de la Comisión Europea. Merz respondió a un debate abierto en la cumbre sobre energía nuclear celebrada en París y justificó la postura alemana por razones políticas y de seguridad energética, y abogó por reforzar la cooperación y las interconexiones dentro de la Unión Europea. La intervención del líder conservador llega en un momento de disputa sobre cuál debe ser el equilibrio entre renovables y nuclear en la política energética comunitaria.

El jefe del Ejecutivo subrayó que, aunque comparte personalmente parte de la preocupación expresada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la pérdida de capacidad que supuso el cierre de centrales, no considera viable ni deseable volver a encender reactores en suelo alemán. Merz situó la respuesta en la necesidad de mejorar las redes, diversificar fuentes y avanzar en la integración energética europea antes que intentar un retorno a una tecnología que, en su opinión, no encaja en el pacto político vigente en Berlín.

Alemania desconectó las tres últimas centrales nucleares en abril de 2023, tras una breve prórroga que buscó mitigar la crisis energética desatada por la guerra en Ucrania. El fin de la era atómica forma parte del acuerdo de coalición que sostiene al gobierno y ha sido defendido por sectores políticos como un compromiso asumido con la transición ecológica. Frente a la presión externa por reabrir el debate, Merz insistió en que la prioridad debe ser mejorar la interconexión entre países y reforzar el mix energético con fuentes renovables y respaldo por otras tecnologías menos controvertidas.

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La respuesta del Gobierno alemán no fue unánime. El ministro de Medio Ambiente, el socialdemócrata Carsten Schneider, criticó con dureza la propuesta de reforzar la nuclear a escala europea: la consideró de alto riesgo y advirtió del elevado coste que supondría para los contribuyentes. Schneider defendió que las energías solar y eólica son alternativas más baratas y limpias que además evitan el problema del tratamiento de residuos radiactivos, por lo que pidió centrar inversiones en almacenamiento, redes y eficiencia.

La historia de la salida alemana del átomo ha estado marcada por cambios de rumbo. El primer plan de cierre se acordó en 2002 durante el gobierno de Gerhard Schröder, mientras que la conservadora Angela Merkel prorrogó plazos en 2010 para después acelerar el calendario tras el desastre de Fukushima en 2011. Bajo el gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz, con verdes y liberales como socios, la desconexión definitiva de las últimas plantas se completó en 2023, cerrando un capítulo de debates técnicos, políticos y sociales sobre la dependencia energética.

En el plano europeo, el choque de posiciones refleja una tensión más amplia: varios gobiernos piden revisar la apuesta por las nucleares como forma de garantizar seguridad de suministro y reducir emisiones, mientras que otros, entre ellos el Ejecutivo alemán, apuestan por acelerar la implantación de renovables y mejorar la capacidad de interconexión entre Estados. Para Berlín, la respuesta no pasa por el regreso a la energía atómica sino por inversiones coordinadas en redes, hidrógeno verde y almacenamiento que permitan absorber más renovables.

El pulso tiene implicaciones prácticas: la decisión alemana altera flujos comerciales de electricidad, modifica planes de inversión en infraestructuras y obliga a los socios europeos a replantear mecanismos de solidaridad en episodios de tensión en el mercado energético. Para comunidades como la gallega, que siguen de cerca los debates europeos sobre redes y mercados, el resultado de estas discusiones marcará los tiempos y costes de la descarbonización y la seguridad de suministro en los próximos años.

Mientras la polémica continúa entre instituciones y gobiernos, la postura de Merz confirma que la salida nuclear sigue siendo una línea roja en la política alemana, sujetada por compromisos de coalición y por la memoria reciente de debates públicos sobre riesgos y residuos. En la Unión Europea queda, no obstante, abierto el debate sobre cómo compatibilizar objetivos climáticos, coste económico y seguridad energética, una discusión que hará necesarias decisiones coordinadas y mayores inversiones transfronterizas.