Moaña. La casa de la calle Méndez Núñez en la que una pareja permaneció ocupando y destrozando una vivienda durante mes y medio continúa cerrada y con restos por retirar. Su titular, María Nieves Peña, de casi 79 años, asegura que no puede afrontar los trabajos de desinfección y vaciado y reclama ayuda al Concello mientras observa, desconcertada, cómo los dos jóvenes siguen paseando por el casco urbano sin que, a su juicio, se aprecien consecuencias firmes.

Estado del inmueble y la petición de la propietaria

La ocupación terminó el pasado 12 de marzo cuando, tras un mes y medio, la pareja aceptó abandonar la vivienda a cambio de 50 euros y comida, según relatan vecinos y la propia afectada. Desde entonces, la que fue su casa permanece en el mismo estado que dejó la ocupación: muebles amontonados, restos de basura, un olor que, según Peña, empeora con los días y evidencias de insalubridad. La ausencia de suministro de agua complicó los trabajos: los okupas habrían defecado y orinado en distintas estancias, por lo que la limpieza exige actuaciones profesionales.

«Será necesario retirar todos los muebles y todas las cosas que dejaron. Yo, con casi 79 años, no puedo hacerlo, y las empresas que pueden ayudarme a vaciar la casa me cobrarían más de 15.000 euros. Es algo que no puedo asumir», declaró la propietaria en el lugar. Además del coste del vaciado, la reconexión de la traída de agua figura como otro gasto añadido, imprescindible para realizar una desinfección efectiva. A día de hoy, la vivienda mantiene las puertas cerradas y las persianas bajadas, un paisaje cotidiano en algunos barrios cuando la ocupación deriva en vandalismo.

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Vecinos del entorno del barrio de O Real muestran su apoyo a Peña pero también su preocupación. No sólo por el estado de la casa, sino por la sensación de impunidad: se afirma que los jóvenes son vistos con frecuencia en la Alameda, en la playa de A Xunqueira, frente al Concello y en el centro de salud. Agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil han realizado seguimientos para comprobar que no pernoctasen en otros domicilios, y en una de las últimas vigilancias se confirmó que pasaron la noche en un invernadero, añadió la propietaria.

Intervenciones policiales y recursos sociales

La Guardia Civil intervino en varios episodios relacionados con la pareja. Fueron detenidos un domingo y quedaron en libertad al día siguiente, según fuentes que conocieron los hechos. Tras ese episodio, la presencia policial se intensificó en el municipio, con comprobaciones periódicas para evitar reincidencias. Por su parte, los servicios sociales municipales conocen el caso: en una de sus últimas apariciones en el Concello, los jóvenes solicitaron un piso de protección social en la ciudad de Vigo, una gestión que refleja la mezcla de problemática social y seguridad que generan estos episodios.

La respuesta administrativa no es sencilla. La normativa que rige los desalojos, la disponibilidad de vivienda pública y los recursos para intervenir en inmuebles particulares complican la actuación del Ayuntamiento. En este caso concreto, la titular insiste ante la administración local para que, al menos, facilite la retirada de enseres y una limpieza integral que permita devolver la casa a condiciones habitables o, en su defecto, asegurarla para evitar que vuelva a ser escenario de nuevos episodios.

Contexto local y el debate sobre okupación y protección de propietarios

No es la primera vez que en municipios de la ría se registran casos que mezclan necesidad social, ocupación y daños en la propiedad. En localidades pequeñas —donde la vecindad y el conocimiento mutuo aumentan la tensión—, estos sucesos reabren viejos debates: por un lado, la falta de alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad; por otro, la sensación de indefensión de propietarios, en especial cuando se trata de personas mayores con recursos limitados.

En Moaña, la problemática incide además en la confianza vecinal. El relato de Peña coincide con el de varios vecinos que reclaman mayor coordinación entre fuerzas de seguridad y servicios sociales, y que se articulen fórmulas —tanto administrativas como económicas— que eviten que un particular sea el que cargue con el coste de recuperar su vivienda. El Ayuntamiento, por su parte, encara la disyuntiva de atender a las demandas de protección social sin dejar de garantizar el respeto a la propiedad privada y la convivencia.

La dimensión práctica de este dilema queda clara en cifras sencillas: el desalojo puede resolverse en cuestión de horas, pero la restauración de un domicilio que ha sido utilizado sin agua ni higiene puede requerir trabajos de albañilería, retirada de enseres contaminados y saneamiento que superan con facilidad presupuestos al alcance de una pensión. En otras áreas de Galicia se han llegado a habilitar planes de ayuda puntual para propietarios vulnerables; sin embargo, la continuidad y alcance de esas medidas varía municipio a municipio.

Repercusiones y próximos pasos: ¿quién asume la limpieza?

María Nieves reclama al Concello que intervenga o que al menos facilite el acceso a recursos públicos o convenios con empresas que reduzcan el coste final. A falta de una respuesta inmediata, la vivienda seguirá cerrada y el riesgo de una nueva ocupación no desaparece. Desde la Policía Local se priorizan las labores de vigilancia, pero la solución definitiva pasa por combinar medidas de seguridad, asistencia social y apoyo económico a propietarios en situación de vulnerabilidad.

Para los próximos días, la expectativa local es doble: que las autoridades municipales concreten una ayuda puntual que permita el desalojo de escombros y la desinfección, y que las fuerzas de seguridad mantengan la presencia disuasoria en el entorno. Los vecinos, por su parte, observan con interés cualquier iniciativa que devuelva la normalidad a la calle Méndez Núñez y evite que otros domicilios de Moaña se repitan en las mismas circunstancias.

En última instancia, el caso de la vivienda de Peña pone de manifiesto una tensión creciente en municipios de tamaño medio: cómo conciliar derechos, garantizando al mismo tiempo la protección de personas mayores propietarias y la atención a quienes, por diversas razones, acaban viviendo en la precariedad. La respuesta que se articulen en Moaña servirá, por lo menos, como termómetro de las prioridades del gobierno local en materia de convivencia y políticas de vivienda.