Mila Castro exige unidad política para que la Xunta retire los residuos de la cantera de Miramontes

La concejala no adscrita Mila Castro reclamó este sábado en Santiago que toda la Corporación municipal se sume a una declaración institucional para pedir la retirada inmediata de los residuos acumulados en la cantera de Miramontes, en la parroquia de Grixoa. La petición llega tras la reciente sentencia de la Audiencia Provincial —fallada el 18 de marzo de 2026— que confirma la existencia de un delito contra el medio ambiente por el incumplimiento de las condiciones autorizadas por la empresa responsable.

Un llamamiento tras una sentencia que cierra una etapa judicial

Castro no se limitó a subrayar la condena penal; pidió convertir ese pronunciamiento judicial en un impulso político y técnico que ponga fin a una situación de años. «Como concelleira de Medio Ambiente no pasado mandato, son moi consciente do enorme esforzo que realizaron estes veciños e veciñas», recordó la edil, en clara alusión a las movilizaciones y denuncias vecinales que han marcado la controversia alrededor de Miramontes.

La decisión de la Audiencia Provincial, que avala la existencia de un delito ambiental por vulneración de las condiciones de gestión de residuos, refuerza la exigencia de responsabilidad administrativa. Según Castro, la consecuencia lógica debe ser la retirada de los materiales depositados y la recuperación ambiental de la explotación. «Este fallo debe servir para actuar con urxencia. Exiximos á Xunta de Galicia que proceda á retirada inmediata dos residuos e á recuperación ambiental da canteira», declaró, reclamando intervención autonómica ante la escala de la actuación necesaria.

No obstante, la concejala señaló también la dimensión política del proceso. Criticó la falta de consenso previo en la presentación de una moción por parte del gobierno local, a la que se refirió con un seco «certo tacticismo político». Aun así, reiteró su disposición a apoyarla: «Non se trata de política partidista: trátase de responsabilizarse do noso territorio».

Un conflicto con raíces locales y demandas vecinales persistentes

La cantera de Miramontes no es un problema nuevo para los compostelanos. Durante años, las voces de los vecinos de Grixoa y de colectivos ecologistas han denunciado vertidos irregulares, la degradación paisajística y el riesgo para acuíferos y suelos. Esas reclamaciones culminaron en actuaciones administrativas y en investigación judicial, cuya culminación temporánea ha sido la sentencia provincial que ahora sirve de basamento para las exigencias políticas.

En Galicia, como en otras comunidades, la gestión de residuos y la restauración de canteras es competencia compartida: los ayuntamientos ejercen control urbanístico y de inspección local, pero corresponde a la Xunta de Galicia impulsar medidas de tratamiento, retirada y financiación cuando la complejidad técnica o la magnitud de la contaminación supera las capacidades municipales. Castro situó precisamente en la autoridad autonómica la responsabilidad última para ejecutar la retirada: un argumento que encuentra eco en la práctica administrativa y en precedentes de otras actuaciones similares.

Es relevante también la experiencia municipal: la propia Castro recuerda su paso por la Concejalía de Medio Ambiente en el mandato anterior, lo que le permite hablar con conocimiento de causa sobre costos técnicos, plazos de recuperación y la necesidad de planes de restauración que garanticen no sólo la retirada de materiales, sino la regeneración ecológica del espacio y la compensación por daños.

Repercusiones políticas y pasos a seguir

La petición de una declaración institucional busca dos objetivos complementarios. Por un lado, despolitizar el problema, forzando a los grupos a ponerse de acuerdo en una exigencia pública y unánime. Por otro, activar mecanismos administrativos y presupuestarios que permitan a la Xunta y al Concello coordinar la ejecución de las obras de retirada y reparación. En este sentido, Castro apeló al sentido común de las fuerzas políticas: «A defensa do medio ambiente e do interese xeral da cidade non pode depender de cores políticas», dijo, insinuando que la fragmentación partidaria sería sólo un obstáculo más para resolver el daño ambiental.

El escenario inmediato en el Concello pasa por la tramitación de la moción impulsada recientemente por grupos como el BNG y Compostela Aberta, que ya han llevado el asunto al pleno. La falta de diálogo inicial entre el gobierno local y otras formaciones, según Castro, introdujo un componente táctico que puede y debe superarse si el objetivo es la eficacia. A falta de confirmación sobre fechas y plazos concretos de actuación, la presión política parece orientada a forzar una respuesta administrativa rápida por parte de la Xunta.

Desde el punto de vista jurídico, la sentencia abre la vía a medidas de ejecución: la reparación del daño ambiental puede plantearse tanto por la vía penal —si la resolución incluye imposiciones— como por la administrativa y civil para reclamación de costes. Será importante ver si la Administración autonómica opta por exigir a la empresa responsable el coste de la retirada o, por el contrario, asume la ejecución y luego litiga para recuperar fondos. En ambos casos, las primeras semanas tras la sentencia serán decisivas para no dilatar más el proceso.

En la calle, los vecinos mantienen la vigilancia. Tras años de denuncias, esperan que la resolución judicial se traduzca en hechos palpables: menos residuos en Miramontes, aguas y suelos libres de contaminación y una restauración paisajística que devuelva peso al entorno rural de Grixoa dentro del municipio compostelano.

El clima político local —marcado por la proximidad de debates sobre sostenibilidad, crecimiento urbano y conservación del entorno— obligará a que la reclamación de Castro sea más que un gesto. Si la Corporación logra sellar una declaración institucional común, podría acelerar plazos y enviar una señal clara a la Xunta. Si no, el riesgo es que la polémica quede en retórica y que la recuperación tardía multiplique costes técnicos y políticos.

Sea como fuere, la exigencia es ahora pública, avalada por una sentencia judicial y reforzada por la visibilidad de quienes han peleado por años en Grixoa. Los próximos movimientos, tanto en el pleno municipal como en las oficinas autonómicas, marcarán si la protección del territorio en Compostela pasa de la palabra a la acción concreta.