María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, declaró este sábado que el Gobierno dispone de un «paquete de medidas» preparado para atenuar los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre los precios. La responsable económica del Ejecutivo explicó que esas actuaciones se aplicarán con distinta intensidad según cómo evolucionen los costes en los mercados internacionales. Montero hizo estas afirmaciones en declaraciones a los medios, tras la escalada del conflicto que ha provocado perturbaciones en materias primas y energía. El objetivo señalado por la ministra es proteger la capacidad de compra de hogares y la estabilidad del tejido productivo.

La portavoz del Gobierno subrayó que no se trata de una única intervención, sino de un conjunto de herramientas que pueden activarse de forma gradual y selectiva. Según Montero, las decisiones se tomarán en función de indicadores objetivos sobre la subida de precios, de modo que las medidas sean proporcionales y temporales. Con esa estrategia, el Ejecutivo pretende evitar respuestas generalizadas que puedan generar distorsiones innecesarias en la economía. La idea es mantener la flexibilidad para intensificar o reducir el apoyo conforme cambien las condiciones externas.

El anuncio llega en un momento de alta sensibilidad por los efectos inflacionistas derivados de tensiones geopolíticas que afectan a los mercados energéticos y a las cadenas de suministro. Las subidas en el coste de combustibles y materias primas suelen trasladarse con rapidez a precios al consumidor, lo que erosiona el poder adquisitivo. En España, esta vulnerabilidad se agrava por la dependencia de importaciones energéticas y por la exposición de determinados sectores a variaciones de precios internacionales. El Gobierno vigila con atención esos movimientos ante el riesgo de que la inflación vuelva a acelerarse.

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Fuentes del Ejecutivo recuerdan que existen precedentes recientes de intervenciones temporales y focalizadas para atajar episodios bruscos de encarecimiento, y que el abanico de opciones es amplio. Entre las medidas posibles figuran ayudas directas a hogares vulnerables, bonificaciones temporales en algunos impuestos indirectos o medidas específicas para sectores intensivos en energía. Montero evitó concretar fórmulas en esta fase y defendió que la priorización se hará sobre la base de criterios de eficacia y equidad. La intención es proteger a quienes más sufren sin comprometer la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

La ministra insistió en la necesidad de compatibilizar una respuesta rápida con la prudencia presupuestaria, recordando las limitaciones que impone tanto la gestión responsable de las cuentas públicas como las exigencias del marco europeo. Montero subrayó que el Gobierno estudiará el alcance y la duración de cualquier apoyo, para no trasladar cargas permanentes al conjunto del sistema. Ese equilibrio entre emergencia social y control del déficit será un factor determinante en las decisiones que se adopten en las próximas semanas. Asimismo, la titular de Hacienda defendió la coordinación con otros ministerios para garantizar que las medidas sean coherentes y eficaces.

En el plano político, el Ejecutivo afronta la presión de diferentes agentes sociales y económicos para responder con rapidez y contundencia a la subida de precios. Empresas, sindicatos y organizaciones de consumidores reclaman soluciones que mitiguen el impacto sobre familias y pymes. Montero justificó la estrategia de calibrar intervenciones por su capacidad para focalizar recursos donde resulten más necesarios y para evitar efectos adversos sobre la competencia y la inversión. El Gobierno maneja así una doble prioridad: aliviar la factura de los ciudadanos y mantener un entorno propicio para la recuperación económica.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda y de Economía trabajarán en los próximos días en la elaboración de propuestas concretas que luego deberán someterse a aprobación del Consejo de Ministros. Montero apuntó que la monitorización de los precios y de los mercados será continua, lo que permitirá al Ejecutivo ajustar las respuestas en tiempo real si la situación empeora. Además, la coordinación europea será un factor a tener en cuenta, dado que las tensiones en Oriente Medio afectan a toda la Unión y varias capitales ya han anunciado medidas puntuales. El Gobierno español busca actuar con coherencia dentro de ese marco comunitario.

En su mensaje final, la vicepresidenta quiso lanzar un mensaje de calma a la ciudadanía: el Ejecutivo está atento y preparado para intervenir con herramientas diseñadas para ser eficaces y proporcionales. Montero reiteró el compromiso de proteger a los sectores más expuestos y de evitar que la volatilidad internacional se traduzca en un empeoramiento sostenido del coste de la vida. A la espera de las decisiones concretas, el Gobierno insiste en que la respuesta será modulada por la realidad de los mercados y por la necesidad de proteger las finanzas públicas y la recuperación económica. La próxima convocatoria del Gabinete será la ocasión en la que se concreten las primeras medidas, si las circunstancias así lo exigen.