La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó este jueves que cualquier paquete de medidas para mitigar el impacto económico del conflicto en Irán se adoptará de forma gradual y en función de cómo evolucionen los precios de la energía. Montero explicó que las decisiones se tomarán en «sucesivos consejos de ministros», según la evolución del mercado, y que el Gobierno mantendrá la vigilancia sobre las variables clave antes de anunciar nuevas actuaciones. La advertencia llega en un contexto de tensión internacional y de incertidumbre en los mercados energéticos que, a juicio del Ejecutivo, justifica un planteamiento flexible. La ministra vinculó la respuesta pública a la necesidad de calibrar el alcance y la duración de las medidas con datos concretos sobre la inflación y los costes energéticos.

En sus declaraciones, Montero insistió en que no existe un paquete cerrado de medidas y que la actuación del Gobierno será proporcional a la evolución de los precios. La titular de Hacienda rechazó anticipar fórmulas concretas hasta disponer de información más sólida sobre el impacto real en los consumidores y en la competitividad de las empresas. Señaló asimismo que el Ejecutivo baraja todas las herramientas fiscales y presupuestarias a su alcance, pero que su activación dependerá de cómo se comporten los mercados en las próximas semanas. Esta prudencia busca evitar respuestas precipitadas que, según el Gobierno, podrían ser ineficaces o mal calibradas.

El anuncio se produce en plena escalada del conflicto que afecta a la región: en las últimas horas se han registrado ataques iraníes contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en Irak, y Estados Unidos ha informado de la destrucción de barcos minadores que atribuye a Irán. El Reino Unido, por su parte, ha reportado un ataque a un carguero, hechos que han tensionado los precios del crudo y elevado la volatilidad en los mercados. Esta combinación de factores es la que, según Montero, obliga a Madrid a mantener abiertas las opciones y a coordinar posibles medidas con la Unión Europea y otros socios internacionales.

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Desde el punto de vista económico, la evidencia disponible apunta a que un repunte sostenido del coste de la energía podría trasladarse rápidamente a los precios al consumo y a las cuentas de las empresas, por lo que la prioridad del Gobierno es monitorizar esa traslación. Montero defendió que, en caso de ser necesario, el Ejecutivo tiene capacidad para activar ayudas temporales a hogares y pymes o medidas dirigidas a amortiguar el golpe en sectores especialmente expuestos. No obstante, reiteró que cualquier decisión tendrá que ponderar su impacto fiscal y la necesidad de mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Fuentes gubernamentales consultadas por este periódico subrayan que la estrategia pasará por combinar intervenciones puntuales con medidas de carácter estructural si la crisis energética se prolonga. Entre las opciones que manejan los técnicos figuran ayudas directas, moratorias fiscales y mecanismos de compensación para sectores críticos, siempre con un horizonte temporal limitado y sujeto a revisión. El Ejecutivo, insisten, preferiría evitar actuaciones generalizadas sin una evaluación previa del coste y de la eficacia potencial de cada medida.

La ministra no entró en detalles sobre plazos concretos, pero su equipo mantiene contactos continuos con la patronal y las organizaciones de consumidores para recoger demandas y calibrar posibles respuestas. En paralelo, el Gobierno sigue las recomendaciones de organismos internacionales y de la Comisión Europea, que están analizando el alcance de la crisis y proponiendo marcos de actuación coordinados. Esa cooperación multilateral es, según Montero, un elemento clave para evitar divergencias que puedan debilitar la respuesta colectiva ante la volatilidad de los mercados.

En el plano político, la insistencia del Ejecutivo en condicionar las medidas a la evolución de los precios busca reducir la presión de la oposición y de sectores sociales que demandan respuestas inmediatas. Sin embargo, desde la calle y en determinados ámbitos empresariales se reclama mayor concreción y rapidez ante el aumento de facturas y costes de producción. El Gobierno tendrá que equilibrar esas demandas con la prudencia técnica que marca Montero para evitar decisiones de coste elevado con efectos temporales limitados.

La información fue recogida por este diario a partir de la cobertura de la comparecencia ofrecida el 11 de marzo de 2026, y la periodista Sara Fernández informó sobre el contexto internacional que rodea el anuncio. Mientras tanto, la evolución de los precios energéticos y las reacciones en los mercados seguirá siendo el termómetro que determine el calendario y el alcance de las medidas que el Ejecutivo finalmente adopte. La expectativa es que, en las próximas semanas, los sucesivos consejos de ministros puedan concretar actuaciones si la situación se deteriora de forma sostenida.