Cristóbal Montoro ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Tarragona contra la decisión del Juzgado de prorrogar hasta el 26 de julio la investigación abierta por presunto tráfico de influencias, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara ampliar la instrucción. El exministro alega que no existen indicios racionales que justifiquen prolongar las diligencias y reprocha a la fiscalía basarse en conjeturas carentes de fundamento probatorio. El escrito, fechado el 4 de febrero y al que ha tenido acceso la defensa, urge a la Sala a revisar esa resolución y a poner fin a lo que considera una investigación prospectiva. La prórroga incluye la pesquisa sobre los bienes del antiguo titular de Hacienda y de su esposa.

Según el recurso, la decisión del juez fue adoptada a partir de la petición del Ministerio Fiscal, que considera plausible que Montoro pudiera haber recibido comisiones por facilitar la aprobación de normativas que favorecieran a empresas del sector gasista. La defensa niega rotundamente esas insinuaciones y subraya la ausencia de pruebas materiales que conecten al exministro con pagos o beneficios ilícitos. La ampliación temporal de la causa implica, en la práctica, nuevas diligencias encargadas por la fiscalía y autorizadas por el instructor, lo que motivó la reacción inmediata del letrado.

En su escrito la representación jurídica sostiene que, ante la falta de «elementos delictivos e indicios racionales de criminalidad», continuar la instrucción solo puede entenderse como una actuación de carácter prospectivo, incompatible con las garantías procesales. El recurso enumera la insuficiencia de pruebas hasta la fecha y reclama que no se permita que se perpetúe una indagación basada en sospechas vagas o en inferencias sin base. A juicio de la defensa, la prórroga sirve más para mantener abierta una sombra de sospecha que para perseguir hechos concretos.

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El auto impugnado fue dictado por el titular del Juzgado número 1 de Tarragona, quien aceptó la petición fiscal de investigar no solo a Montoro sino también a otros ex cargos públicos y a los responsables del despacho Equipo Económico, fundado por el propio exministro en 2006. Además de la posible comisión por supuestas gestiones, la instrucción contempla rastrear movimientos patrimoniales y bienes vinculados a Montoro y a su cónyuge. La Fiscalía sostiene que hay indicios suficientes para profundizar en esas líneas de investigación y pide practicas de comprobación que, según el juez, requieren más tiempo.

El recurso critica también la concreción de las diligencias solicitadas por el Ministerio Público y las califica de genéricas, por lo que solicita la revocación de la prórroga. En su escrito, el abogado Javier Gómez-Ferrer argumenta que las últimas diligencias solicitadas representan el mejor exponente del carácter prospectivo que pretende evitar el ordenamiento jurídico. La defensa advierte de los efectos reputacionales que prolongar la causa sin nuevos indicios puede acarrear para Montoro, cuya actividad pública y privada queda, a su juicio, sin justificación sometida a escrutinio.

Fuentes judiciales recuerdan que el procedimiento se remonta a la investigación por presuntas influencias vinculadas a la aprobación de normativa energética que podría haber beneficiado a compañías del sector gasista. La Fiscalía ha venido cruzando documentación y proponiendo actuaciones para determinar si existieron favores a cambio de contraprestaciones, y la decisión del juez de autorizar la ampliación respondió en principio a esa petición. El recurso presentado ahora busca que la Audiencia evalúe si el juez contó con elementos suficientes al conceder más tiempo y facultades a la instrucción.

El despacho que Montoro creó y otros implicados han mostrado ya su malestar por la inclusión de ciertas diligencias, llegando a pedir que no se investiguen cuentas concretas del exministro, según consta en escritos previos al juzgado. El conflicto plantea ahora un choque entre la necesidad de la fiscalía de agotar las líneas de investigación y la exigencia de la defensa de que se respeten los límites de la presunción de inocencia. La Sala de la Audiencia tendrá que decidir en las próximas semanas si confirma o revoca la prórroga solicitada por el Ministerio Público.

Analistas legales consultados señalan que los recursos contra prórrogas de instrucción no son inusuales y que la Sala valora tanto la intensidad probatoria existente como el interés público de la investigación. De prosperar el recurso, las diligencias deberán limitarse o incluso cerrarse; si se mantiene la prórroga, la investigación seguirá con la práctica de nuevas actuaciones destinadas a concretar o descartar responsabilidades. Por ahora, el asunto permanece en manos de la Audiencia Provincial, que deberá pronunciarse sobre el equilibrio entre investigación y garantías procesales.