Morán y la Xunta: choque por la reforma del reglamento de costas que el Gobierno dice necesitar para evitar una «multa millonaria»

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, ha vuelto a situarse en el centro del debate sobre la gestión del litoral al defender con contundencia la modificación del reglamento general de costas que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica. La conselleira Ángeles Vázquez —que ha mostrado su rechazo a la iniciativa— fue protagonista de una respuesta pública del responsable estatal: «es una mujer muy inteligente y pretende generar alarma injustificada», dijo Morán, en un cruce que reaviva la tensión entre el Gobierno central y la Xunta por el futuro del litoral gallego.

El choque entre el Ejecutivo central y la Xunta por el litoral

La disputa no es nueva. El Ministerio ha hecho suyo el argumento de que la adaptación del reglamento responde a obligaciones derivadas de la normativa europea y a la necesidad de corregir lagunas jurídicas que, a su juicio, podrían exponer a España —y por tanto a las comunidades autónomas— a sanciones económicas. Morán, que ocupa el cargo desde 2018, advierte que la falta de cambios podría desembocar en «una multa millonaria» por parte de la Unión Europea si no se ajusta la legislación al marco comunitario.

Desde la Xunta, encabezada por la conselleira que ha recibido las críticas del secretario de Estado, las voces son de rechazo. Según fuentes del Gobierno autonómico, la modificación planteada sería excesiva o interpretada como una agresión a competencias históricas de la comunidad. El choque tiene ramificaciones prácticas: decenas de municipios costeros, propietarios particulares, asociaciones de vecinos y empresas vinculadas al turismo y la pesca siguen con atención la negociación, conscientes de que cualquier cambio puede afectar autorizaciones, servidumbres y usos del dominio público marítimo-terrestre.

La frase de Morán, lejos de ser una anécdota, sirve para ilustrar la intensidad del debate. No son solo reproches personales; hay intereses económicos y electorales en juego. En Galicia, donde la relación con la costa no es solo paisaje sino economía y cultura —playas, marisqueo, puertos deportivos y pequeños astilleros—, las decisiones sobre regulación litoral siempre adquieren dimensión política local. La salvedad del secretario de Estado sobre la intención de «generar alarma injustificada» apunta a una estrategia de oposición por parte de la Xunta que, según Morán, busca movilizar la opinión pública contra el ejecutivo central.

Un reglamento con mucho en juego: playas, patrimonio y cumplimiento europeo

España cuenta con una Ley de Costas que data de 1988 y varias normas complementarias. El reglamento general, pieza técnica que desarrolla esa ley, determina cómo se aplican las servidumbres, la protección de dunas y humedales, y los criterios para obras en el dominio público marítimo-terrestre. Morán sostiene que la actualización es necesaria para despejar ambigüedades y alinearse con sentencias y directrices europeas que han ido exigiendo una mayor protección de hábitats y, en algunos casos, reproches por autorizaciones indebidas.

En Galicia, donde la «ría» y la línea de costa configuran un territorio singular, el debate adopta matices propios. Hay municipios que viven del turismo estival y otros donde la actividad extractiva —marisqueo y pesca artesanal— marca las prioridades. Además, la memoria colectiva incluye episodios de polémica por construcciones próximas al mar, litigios por servidumbres y polémicas demoliciones que recuerdan la complejidad de regular un litoral con densidad de ocupación variable y un sistema jurídico que mezcla competencias estatales y autonómicas.

Los colectivos ecologistas miran con atención la iniciativa del Ministerio: muchos reclaman mayor ambición para blindar espacios frágiles ante el avance del mar y la erosión, y para limitar la ocupación de arenales y marismas. Por su parte, asociaciones de propietarios y algunos ayuntamientos han expresado preocupación por la inseguridad jurídica que, dicen, podría causar la nueva redacción del reglamento si no se acompaña de plazos claros y mecanismos de adaptación para obras ya autorizadas.

Posibles escenarios: multas, recursos y negociación política

¿Qué puede ocurrir a corto y medio plazo? El primer escenario es el técnico: el Ministerio presenta la reforma, se abre trámite de audiencia y se buscan los informes preceptivos, incluidos los de las comunidades autónomas. Si el Ejecutivo central mantiene la vía sin incorporar las principales objeciones de la Xunta, no es descartable que ésta recurra a los tribunales o utilice la resistencia política para forzar cambios. Morán advierte sobre el riesgo de sanción europea, un argumento que pretende acelerar la tramitación y presionar a quienes temen consecuencias económicas.

En la arena política, el choque tiene más lectura. Galicia es una comunidad con peso electoral y sensibilidad costera; la Xunta puede capitalizar el descontento local. A la vez, el Gobierno central intenta mostrar capacidad para resolver cuestiones que, según su relato, afectan al conjunto del país y que no pueden dejarse al albur de interpretaciones autonómicas divergentes. Habrá, por tanto, juego de mayorías, comunicados y gestos públicos antes de que se alcance un acuerdo, si es que éste resulta posible.

Otro factor a tener en cuenta es la urgencia climática. La subida del nivel del mar y la mayor frecuencia de fenómenos extremos elevan la presión sobre la legislación litoral. Morán ha citado la necesidad de anticiparse a esos efectos; la Xunta pide garantías para no perjudicar inversiones y a particulares. La tensión entre prudencia medioambiental y seguridad jurídica económica vuelve a aflorar.

En el terreno judicial, los plazos de la Unión Europea sobre procedimientos de infracción tienden a ser largos, pero la amenaza de sanciones puede ser un aliciente para forzar soluciones rápidas. A falta de cifras concretas por parte del Ejecutivo, Morán ha evocado el riesgo de multas por valor de millones de euros, una advertencia que busca traducir lo abstracto del derecho europeo en consecuencias palpables para la ciudadanía y las arcas públicas.

La negociación será determinante. Una reforma consensuada que recoja salvaguardas para usos consolidados y mecanismos de adaptación para obras anteriores podría rebajar la tensión; un proceso confrontado podría desencadenar recursos y más politización del debate. En Galicia, donde la costa es más que un bien natural, las decisiones jurídicas y administrativas terminan siempre por traducirse en realidades urbanas y sociales.

Para quienes viven en primera línea del mar, la pregunta no es solo técnica ni retórica: ¿quién decide cómo se protege y se utiliza la costa? El choque entre Morán y la conselleira Vázquez es, en el fondo, la fotografía de un conflicto mayor entre centralidad normativa y autonomía territorial, con el telón de fondo de Bruselas y la inexorable presión del cambio climático. Habrá que seguir con atención los próximos pasos: trámite, enmiendas y, sobre todo, la capacidad de las partes para evitar que la polémica derive en más inseguridad jurídica para las comunidades costeras.