María Reigosa presentó este lunes su renuncia al equipo de gobierno municipal y formalizó su pase a concejala no adscrita, una decisión que deja al bipartito PSOE-BNG con doce ediles frente a los otros doce del PP y el acta de la propia Reigosa. El movimiento, anunciado justo antes del pleno en el que el Concello debe aprobar el presupuesto municipal, abre una etapa inédita en el Ayuntamiento de Lugo y coloca el voto de la edil como llave para asuntos clave durante lo que resta de mandato.
La salida que deja al gobierno en minoría
La comunicación llegó por escrito al registro municipal y, según fuentes cercanas al grupo de gobierno, cayó como un jarro de agua fría en la Alcaldía. El regidor, Miguel Fernández, había intentado reconducir las fricciones internas desde que Reigosa anunciara su baja del PSOE en enero, pero la ruptura se hizo irreversible tras varias votaciones en las que la concejala vetó la disciplina de grupo y apoyó enmiendas de la oposición.
En la práctica, el Concello pasa a una bancada de poder dividido: doce ediles que mantienen el pacto entre socialistas y nacionalistas, doce del PP y el voto de una edil que ahora se declara independiente. Esa situación recuerda a la que vive la Diputación provincial desde principios de año, donde también una figura salió del PSOE para convertirse en no adscrita, con las consecuencias de estabilidad que todos conocen.
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Conoce más →Reigosa ha anunciado que mantendrá su apoyo a la aprobación del presupuesto —una carta que da margen al bipartito en el corto plazo—, pero su alejamiento del ejecutivo complica la gobernabilidad ordinaria. A falta de confirmación oficial sobre la fecha exacta en la que dejará de ejercer funciones ejecutivas, fuentes municipales manejan que la toma de posesión formal como no adscrita podría producirse en los próximos días, antes del pleno decisorio.
Tensiones acumuladas: fricciones, incomprensiones y reproches
El desencuentro entre Reigosa y el resto del gobierno no surge de la nada. Desde su incorporación a la corporación el pasado octubre, cuando sustituyó a una edil fallecida, la concejala mostró una relación distante con las filas municipales: tardó en conocerse cuál sería su área y, finalmente, asumió la cartera de Medio Rural sin salario, alegando problemas de compatibilidad con su trabajo como ingeniera en la demarcación de Costas del Estado.
Fuentes del equipo municipal critican su escasa adaptación a la dinámica del Concello y apuntan a un desconocimiento de los trámites administrativos, mientras que desde el entorno de la propia Reigosa sostienen que su margen de maniobra quedó muy limitado y que la Alcaldía le impidió intervenir en los plenos fuera de turno, lo que, según ella, ha mermado su capacidad para defender proyectos locales.
La alcaldía le recriminó intervenciones públicas y su acercamiento a las posiciones del PP —la edil llegó a forzar la aceptación de enmiendas de la oposición en el proceso presupuestario—. Entre los asuntos concretos que evidenciaron la fractura figuran el voto conjunto con el PP en temas tan sensibles como las reformas de la residencia de As Gándaras y las actuaciones en la carretera de A Fonsagrada. Aquellos episodios alimentaron las especulaciones sobre una posible moción de censura, hipótesis que el PP no descartó del todo en algunos momentos, aunque nunca llegó a materializarla.
Ante esas conjeturas, Reigosa ha repetido que su intención no es facilitar un cambio de gobierno. En palabras que trasladó directamente al regidor, ella dijo:
«Le informé al alcalde y le dije que mi deseo es que termine el mandato.»
Condiciones políticas y calendario inmediato
La salida de Reigosa se produce a escasos días de la sesión plenaria en la que se votarán de forma definitiva las cuentas municipales. Ella mismo ha anunciado su voto favorable a los presupuestos, lo que da un respiro temporal al Ejecutivo. Sin embargo, la lectura política es más amplia: el gobierno pierde la mayoría numérica y, a partir de ahora, cualquier iniciativa tendrá que pasar por la negociación con una concejala cuyo respaldo no es fácil de predecir.
La inestabilidad tiene implicaciones prácticas. La aprobación de ordenanzas, la ejecución de inversiones marcadas para barrios periféricos o la tramitación de proyectos vinculados al medio rural —territorio que Reigosa llevaba— quedan supeditadas a acuerdos puntuales. No es la primera vez en Galicia que gobiernos municipales se ven forzados a pactos coyunturales con ediles no adscritos; en Lugo, empero, la situación plantea un reto de gobernabilidad hasta ahora inédito en la era reciente del Concello.
En los próximos meses, la estrategia del bipartito y de la oposición marcará el ritmo: el PSOE y el BNG deberán decidir si intentan recuperar el apoyo de la concejala con concesiones programáticas o si prefieren afrontar una oposición reforzada por un PP que, tecnicamente, tiene tantos ediles como el bloque de gobierno. El PP, por su parte, valorará si interesa mantener su discurso de crítica y esperar, o tratar de negociar iniciativas puntuales con Reigosa para erosionar la agenda del Ejecutivo.
Los vecinos de Lugo, que en los plenos ya habían mostrado gesto de confrontación con la edil en episodios recientes, siguen a la expectativa. La política local tiene en estos casos un componente de calle: obras en barrios, atención sanitaria en la residencia de ancianos o una carretera comarcal suponen para muchos electores asuntos cotidianos que no esperan a los cronogramas partidistas.
A falta de confirmación definitiva sobre otros movimientos internos y sobre posibles ofrecimientos desde los grupos, la situación exige a todas las partes una dosis de prudencia. El Concello ha entrado en una fase en la que cada voto cuenta y donde la capacidad de negociación, más que la fuerza numérica, marcará la diferencia en decisiones que afectan a servicios públicos y a inversiones en la ciudad. En Lugo, el tablero político acaba de cambiar; quedará por ver si ese cambio se traduce en un mejor servicio para la ciudadanía o en meses de bloqueo y disputas.
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