Oia moviliza la maquinaria jurídica para intentar salvar el Talaso Atlántico

La alcaldesa de Oia, Cristina Correa, se reúne este lunes con su equipo legal para perfilar un recurso de reposición que impugne la diligencia de ordenación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, que exige al Concello que ordene de forma inmediata a la empresa Balneario del Atlántico la demolición del complejo. El plazo que fijó la resolución judicial es breve y el municipio dispondrá de días, no semanas, para presentar una defensa que evite ejecutar el derribo.

La decisión judicial y la respuesta municipal

La comunicación del juzgado ha caído como un jarro de agua fría en un Ayuntamiento que, según la propia regidora, no puede asumir «la reclamación patrimonial si el derribo llegase a ejecutarse». La preocupación es doble: por un lado, la pérdida de un empresa que da trabajo a 70 personas; por otro, la exposición económica del Concello ante posibles indemnizaciones. Por eso, la alcaldesa ha decidido activar de inmediato la asesoría jurídica para estudiar todas las vías administrativas y contencioso-administrativas posibles.

Entre las alternativas que baraja el gobierno local figura la presentación de un recurso de reposición contra la diligencia judicial y la petición formal de ampliación de los plazos necesarios para culminar el PEID (Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones), el instrumento urbanístico que, en teoría, podría regularizar la situación del Talaso si obtiene los informes sectoriales pertinentes. La aprobación del PEID pasa, sin embargo, por el visto bueno de varias administraciones y por la existencia de una evaluación ambiental favorable, además de informes de compatibilidad con la normativa de Costas.

«La maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales que impidieron la conclusión del PEID», ha dicho la alcaldesa, que protesta por la coincidencia entre la tramitación del plan y la resolución judicial. «Estábamos tramitando un plan especial para buscar el encaje legal del complejo y ahora, antes de que se complete, nos llega esta resolución», añadió.

En paralelo a los trámites, la actividad en el establecimiento continúa; fuentes municipales y testimonios de trabajadores sostienen que la vida laboral y hotelera no se ha paralizado, mientras la propiedad del hotel mantiene silencio sobre las decisiones judiciales y las posibles acciones que vaya a emprender.

Una historia judicial que se remonta a los primeros años del siglo

El conflicto tiene una larga trayectoria. El hotel fue construido a principios de los años 2000 con autorización municipal, pero la primera gran revés judicial llegó en 2009, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las licencias de construcción y actividad. Pese a esa sentencia, la orden firme de derribo no se materializó hasta 2013, lo que abrió una década de recursos, alternativas administrativas y desencuentros entre el Concello, la propiedad y las distintas instancias autonómicas y estatales implicadas en la protección del litoral.

Los tribunales consideraron la obra incompatible con la ordenación del suelo y con la protección paisajística del litoral, un punto especialmente sensible en una costa gallega marcada por acantilados, ensenadas y un fuerte valor ecológico y paisajístico. No es la primera vez que en Galicia proyectos turísticos chocan con la normativa de Costas y las figuras de protección: el litoral es un escenario permanentemente disputado entre dinamización económica y conservación.

Los PEID nacen con vocación de ser una solución técnica para encajar equipamientos y servicios en suelos con limitaciones del planeamiento general, pero requieren consensos técnicos y administrativos que, a menudo, tardan en llegar. En el caso de Oia, fuentes municipales atribuyen la falta de una resolución a la tardanza en la recepción de informes sectoriales que dependen de organismos con agendas diferentes.

Empleo, paisaje y turismo: las consecuencias locales

El Talaso Atlántico no es un negocio cualquiera en el Baixo Miño. Situado entre Baiona y A Guarda, el complejo hizo de la talasoterapia su marca: piscinas dinámicas de agua de mar con vistas al océano, circuitos de hidroterapia, cabinas con algas y servicios vinculados a la salud y el bienestar. Con setenta habitaciones, restaurante de productos de la ría y un peso relevante en la dinámica turística, su eventual desaparición tendría efectos que trascienden el empleo directo.

El entorno inmediato del municipio también se vería afectado. Hoteles, restaurantes y empresas de actividades náuticas y de naturaleza comparten una red de clientes que ahora ven alterada una oferta singular en la comarca. Además, la demolición de una infraestructura que lleva décadas en pie plantea preguntas sobre costes, tiempos y el impacto ambiental del propio derribo en un litoral declarado de interés.

Desde el punto de vista político local, el asunto es delicado. La alcaldesa debe compatibilizar la defensa del interés público y la normativa sobre espacios protegidos con la necesidad de proteger empleos y recursos municipales. El temor a que el Concello tenga que afrontar reclamaciones millonarias si la empresa solicita indemnizaciones condiciona cualquier decisión de carácter práctico.

En las próximas semanas puede verse una actividad intensa en despachos, juzgados y oficinas administrativas. La presentación de un recurso de reposición dará paso, previsiblemente, a una batalla procesal en la que el factor tiempo será clave: si el tribunal mantiene la orden y no concede suspensión, la ejecución del derribo podría activarse una vez vencido el plazo otorgado al Ayuntamiento para instar a la propiedad.

A falta de confirmación oficial sobre pasos concretos de la propiedad, conviene recordar que la resolución del conflicto no depende solo del Concello ni del propietario. Intervienen la administración autonómica en materia de planeamiento, el organismo de Costas por la protección del dominio público marítimo-terrestre y los tribunales, que han marcado ya varios hitos en esta historia. Si el PEID logra avanzar y obtiene los informes favorables, la hoja de ruta cambiaría; sin esos informes, las opciones se estrechan.

En cualquier caso, el caso del Talaso Atlántico ejemplifica una vieja tensión en Galicia: cómo compatibilizar el aprovechamiento turístico y la creación de empleo con la salvaguarda de un litoral frágil y con un valor paisajístico y ecológico reconocido. Lo que ahora está en juego no es solo un edificio, sino el equilibrio entre memoria, economía local y la aplicación de reglas que persiguen proteger lo que queda del frente costero gallego.